Este viernes comenzará en los tribunales federales de Comodoro Py el segundo juicio oral por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas, en el que se investigarán los homicidios de Jacobo Chester y Jorge Mario Roitman. El debate será llevado adelante por el tribunal integrado por Jorge Alberto Tassara, Julio Panelo y Néstor Costabel, en tanto que el fiscal general Pablo Ouviña intervendrá en representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Los imputados Luis Muiña y Argentino Ríos son dos de los integrantes del grupo parapolicial conocido como “SWAT” -que operó en el hospital tras la intervención militar-, quienes serán juzgados por su participación necesaria en los homicidios agravados por alevosía. La privación ilegal de la libertad y tormentos sufridos por las víctimas ya fueron corroborados en la sentencia dictada en 2011 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, cuyas condenas -una de las cuales recayó sobre Muiña- fueron ratificadas por la Cámara Federal de Casación Penal en 2012. Como Ríos fue separado del juicio anterior por razones de salud, ahora también se le imputan en este nuevo juicio esos delitos en perjuicio de Roitman, Chester, Jaqueline Romano, Marta Graiff y Gladis Cuervo, más la privación ilegítima de la libertad de Julio César Quiroga. Hasta su fallecimiento en marzo de este año estuvo entre los acusados Reynaldo Bignone: para marzo de 1976 -fecha de la intervención del nosocomio ubicado en Haedo-, quien sería el último dictador se desempeñaba como delegado de la Junta Militar en el Área de Bienestar Social.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio formulado en 2013 por la Fiscalía Federal N°6 -a cargo de Federico Delgado-, los crímenes no podrían haberse concretado sin la intervención de los imputados, “quienes mantuvieron privados de su libertad a las víctimas con conocimiento de su destino”. El documento agregaba que a ello se suma el reducido grupo de víctimas y victimarios que intervinieron en “El Chalet” -la casa dentro del predio en la que residía el destituido director y que los militares convirtieron en un centro clandestino de detención- “lo cual se presenta como una muestra más de ese conocimiento sobre la disposición de las víctimas”.

Según la acusación, “la prueba vital de la que deriva” la pertenencia de Muiña al grupo “es su propio legajo personal n°76.779 del Ministerio de Bienestar Social, que da cuenta de su desempeño en el ‘Posadas’ entre el 21 de julio de 1976 y el 1° de abril de 1977”. En cuanto a Ríos, también se desprende de su legajo “que prestaba tareas en el Hospital desde el año 1973, resultando reubicado el 27 de agosto de 1976 como ‘Auxiliar de Vigilancia’”, de lo que dieron cuenta casi una docena de testigos.

Los homicidios

Jacobo Chester fue ilegalmente detenido el 26 de noviembre de 1976 en su domicilio de Haedo y trasladado a “El Chalet”, donde fue torturado y posteriormente asesinado en estado de indefensión entre el 26 y 30 de ese mes. Su cuerpo fue hallado el 2 de diciembre en el Puerto Nuevo, Dársena “f”, del Río de la Plata.

Por su parte, Mario Roitman fue ilegítimamente aprehendido el 2 de diciembre de 1976, también en su casa. Al igual que Chester, fue llevado al CCD y torturado. Su asesinato se habría cometido entre el 2 y 8 de diciembre. Sus restos recién fueron hallados e identificados a fines del año pasado, cuando un grupo de operarios advirtió restos óseos mientras cavaban una zanja, a unos 25 metros de donde funcionó el mencionado centro clandestino de detención.

A raíz de ese hallazgo, el juez federal Daniel Rafecas le dio intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que determinó en un grado de probabilidad del 99,99% la vinculación biológica de los restos con las muestras aportadas por familiares de la víctima.

Nueva detención

Muiña fue detenido nuevamente en junio del año pasado, luego de que el TOF N°2 hiciera lugar al pedido formulado por la fiscal federal María Ángeles Ramos, quien había logrado que la Cámara Federal de Casación revocara el sobreseimiento del acusado por los dos homicidios. La detención se fundó en el riesgo de fuga y en la consecuente necesidad de evitar la "frustración" del juicio oral que comenzará este viernes. Fue tras ser beneficiado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que, por el denominado "2x1", le aplicó un cómputo más beneficioso a la pena de 13 años de prisión impuesta al término del primer debate por los delitos cometidos en el Posadas.