05 de febrero de 2023
05 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Resolución del juez Federal Carlos Skidelsky
Complicidad civil: un ex juez y un ex fiscal, a juicio oral
Ángel Córdoba y Roberto Mazzoni deberán responder a los cargos de incumplimiento de sus funciones y encubrimiento, aunque la Fiscalía los acusa por asociación ilícita, torturas y secuestros. También irá a juicio un ex agente del SPF.

El juez Federal de Resistencia Carlos Skidelsky elevó a juicio oral y público al ex juez Federal Ángel Córdoba y al ex fiscal Federal Roberto Mazzoni, acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento en nueve casos.

La elevación a juicio también incluye el ex oficial del Servicio Penitenciario Federal Pablo Casco, quien se encuentra acusado por aplicar tormentos a detenidos en la Unidad Federal N°7 (U7) de Resistencia.

Los dos ex funcionarios judiciales se encuentran detenidos desde principios de 2012 y fueron alojados en la U7, aunque Córdoba fue luego beneficiado con la prisión domiciliaria por problemas de salud.

Los fiscales Patricio Sabadini, Carlos Amad y Diego Vigay, integrantes de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, y los querellantes mantuvieron en la causa la acusación para Mazzoni y Córdoba por los delitos de asociación ilícita en concurso con tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad, que prevén penas más altas.

La calificación legal será uno de los puntos de discusión que se tratarán en un futuro debate oral y público, dado que es un aspecto que puede ser modificado como consecuencia de las pruebas ventiladas en el juicio o por una distinta interpretación de los hechos por parte de los jueces de esa nueva instancia.

Según informó a Fiscales la Unidad chaqueña que interviene en crímenes de lesa humanidad, la conducta de Mazzoni y Córdoba se caracterizó por el "rechazo sistemático de las acciones de hábeas corpus planteadas por los detenidos políticos o sus familiares, en la omisión de dar trámite a las denuncias de torturas formuladas en ocasión de recibir indagatoria a los encausados por Ley 20.840 [la denominada ley antisubversiva], en su actuación ante allanamientos ilegales y en la impunidad otorgada al accionar delictivo de integrante de los grupos de tareas".

"Con este accionar se vulneraron claramente por acción o por omisión, las protección de la integridad física y la libertad de quienes eran detenidos por razones políticas y alojados en el centro clandestino conocido como la Brigada de Investigaciones de Resistencia", precisaron los fiscales.