La Cámara Federal  de General Roca confirmó los procesamientos del ex juez federal Pedro Laurentino Duarte y del ex fiscal federal Víctor Marcelo Ortíz, acusados por crímenes de lesa humanidad consistentes en la omisión de promover la persecución penal y de ser partícipes secundarios del delito de privación ilegal de la libertad durante el terrorismo de Estado. De esta manera, el tribunal rechazó la excepción de falta de acción por prescripción presentada por la defensa y admitió de manera parcial los recursos presentados por el Ministerio Publico Fiscal, representado por el fiscal general Miguel Palazzani.

Los procesamientos quedaron firmes por el delito de omisión de promover la persecución penal reiterada en 25 y 24 oportunidades en los casos de Duarte y Ortiz, respectivamente; por haber sido ambos partícipes secundarios en ocho casos de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia y por ser la víctima perseguido político; y en el caso del ex magistrado, como autor del delito de prevaricato, reiterado en 16 hechos.

La acusación

De acuerdo a la acusación, los imputados no sólo conocían la existencia del plan sistemático que llevaba adelante la dictadura militar, sino que con su actuación colaboraron con él. En el caso de Duarte, había sido designado como juez el 8 de julio de 1976, sin haberse desempeñado en esa tarea por años. Venía de ser auditor del Ejército, función que desplegó desde 1961 hasta días antes de haber asumido como magistrado, fecha en la que solicitó el retiro, pero no así la baja “a fin de conservar un vínculo espiritual con el Ejército”. Por su parte, Ortiz recibió el cargo de fiscal el 15 de septiembre de 1976.

El tribunal revisor destacó que “ese saber y querer se vio reflejado en el modo en que tramitaron los habeas corpus presentados por los familiares de quienes resultaron secuestrados y, en muchos casos, desaparecidos, en la omisión de promover la investigación de los hechos que a través de los referidos habeas corpus o de las denuncias arribaron a su conocimiento y, en el caso de Duarte, de dictar resoluciones contrarias a los hechos.”

Con respecto a la tercera acusada, la ex jueza Maria Borghelli, el tribunal decidió revocar su procesamiento y diferenciar su situación del accionar de los otros dos imputados, debido a que “por un lado, a ella se la cauteló por este único hecho verificado mientras subrogó el Juzgado Federal de Neuquén y, por otro, porque su solitaria conducta únicamente quedó enmarcada en las previsiones del artículo 274 del Código Penal”.