El Tribunal Oral Federal de Neuquén dará inició este viernes a las 9.00 al juicio contra el exjuez Pedro Laurentino Duarte y el exfiscal Víctor Marcelo Ortiz, quienes llegaron a esta instancia imputados por su actuación en el trámite de los habeas corpus y en las denuncias por secuestros e imposición de tormentos respecto de 23 víctimas del terrorismo de Estado.

En el juicio intervendrá la Unidad de Asistencia para las causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado de esa jurisdicción, a cargo del fiscal general Miguel Palazzani. Tras la audiencia de apertura, está previsto que el debate continúe el 3 y el 17 de noviembre, y el 4 y el 15 de diciembre.

Duarte se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de primera instancia de Neuquén entre el 2 de agosto de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, mientras que Ortiz ejerció como procurador fiscal federal de la Fiscalía Federal ante aquél órgano judicial entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1° de abril de 1985. Antes de ejercer aquellas funciones, Duarte fue auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén y Ortiz fue secretario del juzgado federal.

Los exfuncionarios llegaron a juicio acusados en carácter de autores del delito de omisión de promover la persecución penal y de partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad, cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia, y por ser la víctima perseguido político. Duarte también llegó como imputado del delito de prevaricato, una figura especial que reprime al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos.

La fiscalía acusó a los exmagistrados por haber efectuado, en sus roles de juez y de fiscal federal, “aportes para la ejecución” de privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos, persecución fundada en motivos políticos y desaparición forzada o exterminio de personas cometidos por las fuerzas armadas y por las fuerzas policiales en el contexto del plan criminal desplegado durante la dictadura.

Según las acusaciones formuladas por el mismo fiscal Palazzani -que serán leídas en la apertura del debate-, las distintas formas de intervención de Duarte y Ortiz “implicaron el incumplimiento de los deberes propios de funcionarios públicos”, pues “habiendo tenido la obligación de brindar protección a las víctimas ante el menoscabo de sus derechos humanos”, omitieron “promover la persecución y la represión de los ilícitos que le fueran denunciados, justificando en muchos casos tales delitos a través de resoluciones basadas en hechos falsos, como así también con posterioridad a ello, mediante un accionar ulterior, simplemente dirigido a garantizar la impunidad de estos crímenes de lesa humanidad”.

Las víctimas

El juicio que inicia mañana es el primero a exfuncionarios judiciales en esa región. Abordará la actuación de los exmagistrados en el trámite de los expedientes judiciales iniciados entre 1976 y 1983 por los familiares de las víctimas Orlando Cancio; Milton Gómez; Teresa Oliva; Enrique Esteban; José Delineo Méndez; Susana Mujica; Darío Altomaro; Alicia Pifarre; Josefa Leppori de Mujica; Miguel Ángel Pincheira; Javier Octavio Seminario Ramos; Raúl Eugenio Metz, Graciela Alicia Romero y el hijo de ambos nacido en cautiverio; Raúl Esteban Radonich; Oscar Alfredo Ragni; Arlene Seguel; Carlos Chaves; César Dante Giliberto; Mirta Felisa Tronelli; Cecilia Vecchi; Lucio Espíndola; y Carlos Schedan.

Quince de las víctimas se encuentran desaparecidas. Entre ellas, Graciela Romero, Raúl Eugenio Metz y el hijo de ambos, nacido en el centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita”, de Bahía Blanca.