Los fiscales generales a cargo de la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado en Neuquén, Adrián García Lois y Miguel Palazzani, reiteraron el pedido de detención e indagatoria del ex militar y ex juez federal de la dictadura, Laurentino Pedro Duarte, y del ex fiscal del mismo fuero, Víctor Marcelo Ortiz, quienes se encuentran imputados hace más de un año de haber dado cobertura al accionar de las fuerzas represivas en esa región en casos que afectaron al menos a doce víctimas.

La singularidad del caso de Duarte es que asumió el cargo de juez federal en agosto de 1976, luego de que el Ejército le concediera el retiro voluntario un mes antes. Cuando llegó a la magistratura, Duarte venía de cumplir funciones como auditor en la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén, asiento de la jefatura de la subzona militar 52, desde donde se comanda la represión ilegal en la región. "Se erige en el único caso investigado en el país en que un propio integrante del Ejército pasó a desempeñarse como juez federal, dando cobertura a sus compañeros de armas de las torturas, asesinatos, secuestros y desapariciones en Neuquén", indicaron Palazzani y García Lois a Fiscales. Duarte fue juez hasta 1985, cuando el Senado no dio acuerdo para que continuara.

La Unidad Fiscal le imputó a Duarte haber efectuado "un aporte indispensable" al plan criminal ejecutado por las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, a través de haberle asignado "cobertura judicial a tales crímenes, impidiendo el avance de las investigaciones".

En efecto, remarcaron los representante del MPF, los aportes de Duarte a los delitos cometidos por las fuerzas represivas fueron la negativa a investigar las numerosas denuncias que hacían los familiares de las víctimas, rechazar rápidamente los habeas corpus (con costas) y, en general, hacer caso omiso a cualquier noticia que pudiera incriminar penalmente a sus camaradas de armas. Las medidas adoptadas en esos expedientes fueron meramente formales y a manera de simulacro, con el objetivo de aparentar que la justicia federal funcionaba, indicaron los fiscales. El ex juez imprimía a las causas "un trámite formal y sin hacer cesar esos ilícitos ni investigar sus circunstancias ni detener a sus autores"

Esa misma "formalidad" fue expuesta por Duarte en "procesos penales seguidos contra las víctimas, aparentando un marco de legalidad para justificar la detención y/o imposición de tormentos que eran deliberadamente funcionales al programa criminal descripto", agregaron.

"Habiendo tenido la obligación de brindar protección a las víctimas ante el menoscabo de sus derechos humanos, [Duarte] omitió promover la persecución y represión de los ilícitos que le fueran denunciados", remarcaron.

El ex fiscal Ortiz, en tanto, asumió su cargo el 15 de septiembre de 1976. La fiscalía remarcó que su conducta fue similar a la del ex juez Duarte, ante quien debía ejercer su función.

Ortiz está acusado por la omisión en su deber de investigar, lo que lo torna partícipe de los delitos que cometieron de mano propia las fuerzas represivas, señalaron García Lois y Palazzani.

El ex fiscal intervino en las causas por las denuncias de los familiares de las víctimas y su actuación –meramente formal- colaboró con el plan criminal. De acuerdo con lo señalado por los fiscales, Ortiz no solicitaba medidas de prueba, y pedía sobreseimientos y archivos de las causas sin profundizar la investigación en todos los casos.

El ex fiscal, además, fue reconocido por una víctima torturada en la sede de la delegación de la Policía Federal de Neuquén: “¿Cantó?, dijo algo?”, declaró el sobreviviente que manifestó Ortiz a los represores de la Policía Federal.