10 de diciembre de 2022
10 de diciembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Hubo un duro cuestionamiento a un primer dictamen del Cuerpo Médico Forense
Contraofensiva: el tribunal oral ordenó una nueva junta médica para examinar al acusado que fue apartado en el final del juicio
Busca determinar si el militar de inteligencia Jorge Norberto Apa está apto para ser juzgado. Sólo le restan pronunciar las últimas palabras en el proceso. La decisión fue adoptada de conformidad con lo solicitado por la fiscalía y las querellas, cuyos peritos hicieron notar graves falencias en el primer informe.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de San Martín ordenó una nueva junta médica -aún sin fecha- para determinar la aptitud para estar en juicio del ex militar de inteligencia Jorge Norberto Apa, quien está siendo juzgado por los crímenes de lesa humanidad llevados a cabo en 1979 y 1980 contra militantes de la organización montoneros. La orden para la realización de un nuevo peritaje por parte de profesionales del Cuerpo Médico Forense y de peritos y peritas de las partes acusadoras fue emitida luego de los duros cuestionamientos realizados a un primer dictamen del CMF -que recomendaba el apartamiento del proceso del acusado- por parte del Ministerio Público Fiscal y las querellas.

Apa fue apartado del debate el 10 de junio pasado, el mismo día en que el TOCF N°4 dio lectura al veredicto en el juicio por la denominada "Contraofensiva Montonera", donde fueron condenados otros cinco militares a la pena de prisión perpetua. Durante la mañana de aquella jornada, cuando los acusados fueron convocados para que expresen sus últimas palabras, el abogado de Apa adujo que su cliente no estaba en condiciones de salud para seguir afrontando el proceso, pues -explicó- no comprendía la situación. Por tal motivo, el tribunal dispuso cancelar la lectura del veredicto respecto de ese acusado y ordenó una junta médica, encabezada por profesionales del CMF, a la cual le dio diez días hábiles para concluir el examen de Apa.

Dos peritas de ese cuerpo, que entrevistaron a Apa por Zoom, firmaron un dictamen en el que recomendaron su apartamiento, pues diagnosticaron "cuadro de debilitamiento psíquico caracterizado por: niveles de atención y concentración disminuidos, hipobulia, hipotimia, déficit de la función mnésica, enlentecimiento del curso del pensamiento".

La fiscalía, representada por la auxiliar fiscal Gabriela Sosti, formuló dos presentaciones en las que atacó el desarrollo argumental del informe oficial. En el primero, marcó los aspectos de rigor formal pasados por alto por las profesionales del cuerpo: no detallaron la medicación que se suministra al acusado ni la función en cada caso, ni tampoco si al momento de realizarse el peritaje el imputado la había ingerido. No contaba con un amplio desarrollo de las conclusiones a las que se arribaron; ni de los estudios que se le practicaron; ni estaban expuestas y explicadas las técnicas y métodos utilizados; ni se acompañaban las constancias del desarrollo de la entrevista que tuvieron con el imputado, con la consignación de las preguntas formuladas y las respuestas obtenidas; ni realizaron los estudios de rigor para detectar simulación.

La fiscalía amplió su postura de rechazo y solicitud de un nuevo examen. En la nueva presentación, reforzó sus argumentos con las conclusiones aportadas por los y las profesionales de parte de la querella.

En una extensa presentación, Sosti puntualizó en dos aspectos que alarman la posición del MPF: el primero es que el diagnóstico de supuesto "debilitamiento psíquico" informado por el CMF no figura en ningún manual ni tratado de psiquiatría ni psicología, ni en ninguna de las clasificaciones científicas de referencia.

El segundo aspecto es que una de las peritas de la CMF se desempeña actualmente allí como contratada y hasta hace poco tiempo había sido representado a la defensa pública en causas de lesa humanidad.

No obstante esos puntos, los y las profesionales de parte de la querella que entrevistaron a Apa concluyeron en que no podían descartar actos de simulación y que comprendió cabalmente todas las preguntas que le fueron formuladas en la entrevista.

Sosti finalmente requirió que se solicitara al CMF que abriera una investigación administrativa que examinara la actuación de las profesionales que peritaron la salud del acusado.