El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará el viernes 4 de septiembre con las audiencias de recepción de testimonios en el denominado juicio "Orletti V", en el cual se juzga a cuatro ex miembros de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) por crímenes de lesa humanidad cometidos contra once víctimas, y comunicó públicamente que quienes quieran asistir a la sala virtual para presenciar el debate deben solicitar su habilitación por correo electrónico al menos 24 horas antes.

En la comunicación se indicó que el acceso debe requerirse con un mensaje a tocrimfed1@pjn.gov.ar en el que se indique el nombre completo, número de documento de identidad y/o pasaporte, dirección de correo electrónico, edad y cualquier otro dato de identificación que se requiera por Secretaría "a los efectos de realizar la acreditación pertinente". El comunicado del tribunal especificó que se reserva "la posibilidad de limitar la cantidad de participantes externos a fin de no congestionar el tráfico de la conexión para la videoconferencia".

En el denominado juicio "Orletti V" se juzgan las responsabilidades del ex segundo jefe de la base O.T. 18 (código con el cual los espías denominaban al centro clandestino) de la SIDE, Eduardo Rodolfo Cabanillas; de los ex agentes orgánicos de esa agencia, Eduardo Ruffo y Miguel Ángel Furci; y del agente inorgánico Honorio Carlos Martínez Ruiz. Las imputaciones corresponden a los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, ocultación y retención de personas menores de diez años y homicidio agravado cometidos en el centro clandestino de detención y tortura Automores Orletti, que funcionó entre abril y noviembre de 1976 en un taller alquilado por cuenta y orden de la SIDE, situado en la calle Venancio Flores 3519 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se calcula que entre abril y noviembre de 1976 pasaron por ese lugar más de 300 víctimas, entre ellas un grupo de uruguayos pertenecientes al Partido por la Victoria del Pueblo, que fueron secuestrados en Argentina y trasladados al Uruguay. En el inmueble funciona hoy un Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos.

La mayor parte de la prueba analizada en el proceso se trata de documentos y de declaraciones escritas o incorporadas por audio y video de personas que declararon en los procesos previos.

El objeto procesal del debate aborda los homicidios agravados de Carlos Hiber Santucho, Crescencio Nicómedes Galameña Hernández, Eduardo Jesús Cejas Arias, María Rosa Clementi de Cancere y Ricardo Manuel González; la privación ilegal de la libertad y la imposición de tormentos a Anatole Boris Julien Grisonas, Rosa María Zlachevsky, Judit Jacubovich, Orlinda Brenda Falero Ferrari, José Luis Muñoz Barbachán, María Rosa Clementi de Cancere y Ricardo Manuel González; y el ocultamiento y retención del niño Anatole Boris Julien Grisonas y de la niña Victoria Eva Julien Grisonas.

El juicio comenzó el 29 de noviembre pasado y desde entonces se realizaron tres audiencias testimoniales; dos de ellas, antes del aislamiento y la tercera el viernes 21 de agosto. La audiencia del 4 de septiembre sería la antepenúltima para la recepción de testimoniales. Luego habría dos más y se espera que en octubre comiencen los alegatos.

La escasa cantidad de audiencias se debe al tipo de prueba y a la particularidad del proceso. La Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos, representada en este debate por el fiscal general Pablo Ouviña y el auxiliar fiscal Santiago Ghiglione, solicitó la convocatoria de nueve testigos y luego desistió de algunos de ellos. La mayor parte de la prueba analizada en el proceso se trata de documentos y de declaraciones escritas o incorporadas por audio y video de personas que declararon en los procesos previos a este, relacionados con los crímenes de la denominada Operación Cóndor. En efecto, Automotores Orletti -cuyo funcionamiento se abordó en cuatro procesos anteriores y en el Juicio a las Juntas militares de 1985- fue uno de los ejes de esa asociación ilícita transnacional.

Los cuatro acusados de este debate fueron condenados previamente en otros juicios. Los casos por los que están siendo juzgados actualmente y gran parte de la prueba que los acredita surgieron de "Orletti I" (2011), de “Operación Cóndor y Orletti II” (2016) y de "Orletti III y IV" (2017).

La única audiencia que se desarrolló hasta el momento desde que comenzó el período de aislamiento se llevó a cabo a través de la aplicación Jitsi Meet, provista por el Consejo de la Magistratura de la Nación. La fiscalía participó desde una de la salas de audiencias situadas en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. Está previsto que el juicio continúe con esta modalidad hasta su finalización.