"Es tan abundante la prueba que demuestra la existencia de Orletti que, más de 40 años después, siguen apareciendo nuevos elementos", ponderó el fiscal general Pablo Ouviña en el alegato del juicio conocido como "Orletti V", que es el quinto proceso -desde el juicio a las juntas militares de 1985- que aborda los crímenes en "Automotores Orletti", el centro clandestino de detención que funcionó en un taller alquilado por la ex SIDE en la calle Venancio Flores N°3519/3521 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “A este juicio se han incorporado diversos documentos que forman parte de la última desclasificación realizada por el Gobierno de los Estados Unidos y que dan cuenta de su existencia”, añadió.

Ouviña y el auxiliar fiscal Santiago Ghiglione continuaron el viernes 9 con la exposición del alegato que había comenzado la semana anterior y que, se prevé, culminará este viernes 16. Los representantes del MPF abordaron en la última jornada la inserción de Orletti en el plan criminal de la última dictadura y en el plano continental, en el marco de la Operación Cóndor; la prueba de los casos que llegaron a juicio; y las calificaciones legales de los hechos y los criterios jurídicos con los que será evaluada la responsabilidad de los imputados: el ex segundo jefe del centro clandestino, Eduardo Rodolfo Cabanillas; los ex agentes orgánicos de esa agencia, Eduardo Ruffo y Miguel Ángel Furci; y el agente inorgánico Honorio Carlos Martínez Ruiz.

“De la prueba surge que gran parte de las personas que allí operaban aparecen en los registros de la SIDE como parte del personal de la base ubicada en la calle Billinghurst 2457 de esta Ciudad. Esa base fue denominada OT 1. Este departamento estaba involucrado en actividades operativas vinculadas a la represión; y de él dependía la llamada O.T.1.8. La OT 18 no es otra cosa que la base de operaciones establecida en la calle Venancio Flores 3519/ 3521 de esta ciudad. Es decir, lo que hoy conocemos como ‘Automotores Orletti’, y que fuera conocido en esa época por los operadores represivos como ‘El Taller’, ‘El Jardín’, ‘La Cueva de la vía’ o ‘La Cueva de Flores’”, reseñó Ouviña.

"Todos sabían que uno de los posibles destinos de las personas secuestradas y sometidas a tormentos era la muerte y el ocultamiento de sus restos", consideró la fiscalía sobre los acusados.

Gran parte de este juicio se asentó en prueba recogida en anteriores procesos y en hechos acreditados y no controvertidos en sus sentencias. El fiscal al respecto recordó que “Orletti, constituyó una de las principales bases de operaciones conjuntas de la asociación ilícita conocida como Operación Cóndor, cuyas víctimas principales, aunque no exclusivas, fueron justamente aquellas personas establecidas como objeto de persecución del GT 5”, tal como se conoció al grupo de tareas, integrado por agentes orgánicos e inorgánicos de la SIDE y miembros del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, que operó en ese centro clandestino. Las funciones del GT 5 fueron detectar blancos de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR) -órgano de enlace de los movimientos guerrilleros del Cono Sur- y de las relaciones internacionales de las organizaciones político-militares nacionales.

“Fue así que, en Orletti, fueron recluidos miembros del Partido por la Victoria del Pueblo de Uruguay (PVP), del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile (MIR) y del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia (ELN)”, precisó el fiscal.

Los representantes del MPF señalaron que, cuando las víctimas eran ingresadas al centro clandestino “eran llevadas al espacio de la planta alta del edificio, lugar que estaba destinado a los interrogatorios bajo tortura”.

“Allí -describió la fiscalía- había un artefacto con la que se colgaba a las víctimas, haciéndolas pender con sus brazos colocados por detrás, que las bajaba y subía provocando que tocaran con la punta de los pies el piso, que había sido previamente inundado de agua y sal gruesa. Este era el método de tortura conocido como ‘la colgada’, ‘la máquina’ o ‘el gancho’; y que en Orletti era usado junto con el traspaso de energía eléctrica al cuerpo del prisionero, que se intensificaba cuando se les arrojaban baldazos de agua”. Fue el método de tortura que caracterizó al lugar, complementado con brutales golpizas, quemaduras con cigarrillos, simulacros de fusilamientos, el teléfono (golpes en los oídos), el submarino seco (asfixia) y el submarino húmedo (asfixia por inmersión).

Los casos

La fiscalía dividió la exposición de los casos en siete partes. Reconstruyó las historias de las víctimas y repasó las pruebas. A continuación se resumen los principales aspectos:

• Orlinda Brenda Falero Ferrari y José Luis Muñoz Barbachán, de nacionalidad uruguaya, emigraron a Buenos Aires el 24 de diciembre de 1974 , a raíz de la persecución política que sufrían en su país como integrantes del movimiento 26 de marzo-Tupamaros. En esta ciudad tenían contacto con Luis Muñiz Sosa, y a través de él mantenían correspondencia con otro amigo exiliado en Suecia. “Las tareas de inteligencia llevadas a cabo lograron interceptar en la Argentina esas cartas y, de esa manera, llegar al domicilio donde eran recibidas. Vigilaron así a Luis Muñiz Sosa, hasta que, el 9 de junio de 1976 lo secuestraron en una carnicería del barrio de Flores”, describió Ouviña las maniobras del GT 5. Horas después, de madrugada, el grupo operativo secuestró a Falero Ferrari y a Luis Muñoz Barbachán, y los confinó en Orletti. En este lugar, la mujer y el hombre fueron interrogados por separado bajo tormentos. “Integrantes de las fuerzas uruguayas les preguntaron insistentemente sobre sus identidades y actividades, por Montoneros, por el PRT, y por el PVP y otros uruguayos”, describió el fiscal. Las víctimas permanecieron en Orletti entre cuatro y seis días y luego fueron liberadas. Gracias a la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pudieron salir del país.

Los hechos juzgados “constituyen crímenes de lesa humanidad, en la medida en que se ha verificado que sucedieron como parte de un plan sistemático de persecución de una parte de la población”, indicaron los representantes del MPF.

• Carlos Híber Santucho era contador público y se desempeñaba como tenedor de libros en la empresa “Aceros Atlas S.A.C.I.F.I.”, donde trabajó durante15 años. Tras la desaparición de su hija María del Valle y con el objeto de buscar información sobre lo ocurrido con ella, se unió a una agrupación de familiares. El 13 de julio de 1976 un grupo armado de entre ocho y diez personas vestidas de civil se presentó en la empresa. Luego de esposarlo, se lo llevaron a Orletti. Su hermana Manuela y su cuñada Cristina Navajas fueron secuestradas horas después y llevada al mismo centro clandestino. “Debido a su pertenencia a la familia Santucho, fueron objeto de una particular insidia y ensañamiento”, indicó la fiscalía. “Un ejemplo de ello es el episodio que recordaron varios sobrevivientes, en el que Manuela fue obligada a leer en voz alta una crónica periodística que daba cuenta de la muerte de su hermano [líder del PRT-ERP] Mario Roberto Santucho, en un enfrentamiento con el Ejército ocurrido el 19 de julio”. En el caso de Carlos Santucho, explicó el MPF, las torturas lo llevaron “al borde la locura”. El jefe del grupo operativo ordenó ese mismo día que “pusieran a remojar el perejil”. “Así, el grupo que operaba en Orletti, entre los que específicamente se encontraban los imputados Honorio Carlos Martínez Ruiz, Miguel Ángel Furci y Eduardo Ruffo, ubicaron un tanque en la planta baja de ese CCD, debajo de un gancho que colgaba del techo, y lo llenaron con agua. Colgaron a Carlos Santucho del gancho y, con la clara intención de asesinarlo, lo sumergieron una y otra vez hasta causarle la muerte”, mientras “se escucharon burlas por parte de los represores que de propia mano participaron en el hecho”. La escena transcurrió delante de las familiares de la víctima y de otros prisioneros. El cuerpo de Santucho fue abandonado en un terreno baldío en Morón. Cristina Navajas y Manuela Santucho fueron vistas por última vez en el Pozo de Banfield y permanecen desaparecidas.

• María Rosa Clementi, Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández trabajaban en la embajada de la República de Cuba. Clementi era ayudante de cocina en una escuela que dependía de la sede diplomática. Fue secuestrada el 3 de agosto de 1976 cuando se dirigía a su casa y trasladada a Orletti, donde fue torturada. Seis días después fueron secuestrados Cejas Arias y Galañena Hernández cuando se dirigían a la residencia del embajador. Su destino también fue Orletti. Las tres víctimas fueron asesinadas: “Conforme a una metodología empleada en otros casos, introdujeron sus cuerpos en unos tanques de 200 litros, los rellenaron con cal y cemento, y los arrojaron en un canal del Río Luján”, indicó la fiscalía. “Respecto de Cejas Arias y Galañena Hernández, como parte de una operación psicológica y con el objeto de desviar la atención, se elaboró una nota dirigida a la Embajada cubana que pretendía haber sido escrita por ellos. En esa nota se informaba que habían desertado para gozar de la libertad del mundo occidental”, añadió.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados entre 2012 y 2013 en una tosquera del partido de San Fernando que había sido rellenada con material del dragado del canal donde se habían arrojado los cuerpos.

• Ricardo Manuel González tenía 21 años y trabajaba en la casa central del Banco de Canadá. Estudiaba Derecho en la Universidad de Buenos Aires y formaba parte de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Su padre, Manuel Antonio González, era comisario general de la Policía Federal y había sido el Superintendente de Seguridad Metropolitana en 1974. El 4 de agosto de 1976, González fue secuestrado por un grupo operativo vinculado a la OT 18 de la SIDE y en algún momento de su cautiverio estuvo confinado en Orletti. Días después “lo asesinaron en completo estado de indefensión”, concluyó la fiscalía. Su cuerpo también fue colocado en un tambor, rellenado con cal y cemento, y arrojado al Río Luján. El 12 de junio de 2012 apareció de la misma forma que el resto de las víctimas que tuvieron este destino.

• Judith Jacubovich tenía 21 años y estudiaba el magisterio en un instituto en la localidad de San Martín. Era también empleada en un local de ropa. Junto a su pareja, Daniel Schiavi, había egresado del Colegio Nacional Buenos Aires, donde militaron en la Unión de Estudiantes Secundarios, agrupación cuyos integrantes estuvieron entre los blancos del grupo operativo de Orletti. El 25 o 26 de agosto de 1976, Jacubovich fue secuestrada mientras trabajaba y llevada al centro clandestino, donde fue torturada y pudo ver a miembros de aquella agrupación estudiantil. Allí fue interrogada por el paradero de su novio, a quien los represores no pudieron localizar. Al día siguiente fue liberada y comenzó a planear su salida del país rumbo a Israel junto a su pareja. Una noche el grupo operativo irrumpió en la casa de sus suegros y no los encontró. Entonces se exiliaron tan rápido como pudieron: fueron a Uruguay y de allí a Barcelona.

• Rosa María Zlachevsky tenía 32 años y había estudiado economía política durante la década del ‘60. Junto a su pareja, Ricardo López, habían participado en política estudiantil y en el Partido Comunista. En ese contexto, entablaron amistad con Raquel Mazer y Ubaldo González a quienes luego dejaron de ver, puesto que a principios de la década del ‘70 Zlachevsky y López tomaron distancia de la actividad política. El 19 de julio de 1976, González y Mazer, junto a su hijo Pablo, se presentaron en el domicilio en el que vivían Zlachevsky, López y su pequeño hijo Luciano en la Capital Federal. “Allí les manifestaron que hacía dos noches que estaban durmiendo en trenes y no tenían un lugar seguro para ir, pues estaban siendo perseguidos”, narro el fiscal. El 26 de agosto de 1976, González fue secuestrado cuando se dirigía a su trabajo y trasladado a Orletti. Durante la noche de aquella jornada, Mazer y Zlachevsky fueron secuestradas en otro departamento. Los niños, que estaban con ellas, quedaron con una vecina, y ambas fueron conducidas al mismo centro clandestino, donde las sometieron a las torturas características de ese lugar. Zlachevsky fue liberada dos días más tarde y, a raíz de frecuentes amenazas telefónicas, se exilió junto a su familia en Venezuela, hasta que pudo regresar al país en 1984. González y Mazer permanecen desaparecidos.

“Orletti constituyó una de las principales bases de operaciones conjuntas de la asociación ilícita conocida como Operación Cóndor", describió la fiscalía

• Victoria y Anatole Julien Grisonas son hermanos. Ambos son hija e hijo Roger Julien y Victoria Lucía Grisonas, quienes integraban el PVP uruguayo. La familia se había instalado en nuestro país tras la persecución de la dictadura que tomó el poder en el vecino país en 1973. El 26 septiembre de 1976, y luego de una serie de secuestros de miembros del PVP exiliados en Argentina, Julien, Grisonas y su hijo e hija fueron también víctimas del grupo operativo de Orletti, tal como fue acreditado en otros juicios. Julien fue asesinado durante el procedimiento, mientras que Grisonas fue llevada al centro clandestino junto a la niña, de un año de edad, y al niño, de cuatro. Los hermanos fueron trasladados clandestinamente a Montevideo, Uruguay. Se los llevó al centro clandestino "la casona del SID", del Servicio de Información de Defensa (SID) dependiente de la Junta de Comandantes en Jefe. La niña y el niño permanecieron allí hasta diciembre. En ese mes fueron trasladados a Chile en un vuelo clandestino. El 23 de diciembre fueron abandonados en la Plaza O'Higgings, en Valparaíso. Fuerzas de seguridad chilenas los recogieron y los llevaron a un orfanato. Luego fueron separados y enviados a distintas casas y en 1979 la familia Larrabeiti Yañez pidió adoptarlos, pero para esto el caso había trascendido públicamente y la familia los estaba buscando. La abuela paterna de los niños logró tomar contacto con aquél matrimonio y con su nieta y su nieto. Anatole y Victoria fueron finalmente adoptados y continuaron en relación fluida con su familia biológica. "La particularidad de lo ocurrido con Victoria y Anatole radica en que desnuda con suma claridad esa coordinación represiva, en este caso, entre tres países miembros de Cóndor", indicó la fiscalía.

“Parte de un plan sistemático”

Ouviña y Ghiglione señalaron que los hechos juzgados “constituyen crímenes de lesa humanidad, en la medida en que se ha verificado que sucedieron como parte de un plan sistemático de persecución de una parte de la población”.
En tal sentido, indicaron que para los tipos penales previstos en la legislación interna, los secuestros de Falero Ferrari, Muñoz Barbachán, Clementi, González, Jacubovich y Zlachevsky, así como los cautiverios en “Automotores Orletti”, configuran el delito de privación ilegal de la libertad personal cometida por funcionario público con abuso de sus funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley, agravadas por haber sido cometidas con violencias o amenazas, y tormentos. Estos últimos, indicaron, derivan de las condiciones inhumanas de detención a las que fueron sometidas las víctimas y, adicionalmente, a la aplicación de mecanismos específicos.
Sobre el caso de los hermanos Julien Grisonas, la fiscalía entendió que fueron víctimas de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos, y, adicionalmente, del delito de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de diez años.

Finalmente, calificaron como homicidios doblemente agravados tanto por su alevosía como por la intervención premeditada de dos o más personas los hechos que afectaron a María Rosa Clementi, Cresencio Galañena Hernandez, Jesús Cejas Arias, Ricardo Manuel González y Carlos Hiber Santucho.

“Ordenado, supervisado, controlado y dominado”

“Automotores Orletti fue una de las partes de la maquinaria represiva”, señaló la fiscalía, y en tal sentido señaló que “sus diversos integrantes se dividían las tareas y las funciones”.

“Todos los eslabones de la cadena sabían de dónde venían, por qué venían y a dónde iban las víctimas. Y todo lo que hacían era mediatamente ordenado, supervisado, controlado y dominado por el nivel superior”, explicó.

“Todos sabían que uno de los posibles destinos de las personas secuestradas y sometidas a tormentos era la muerte y el ocultamiento de sus restos. De hecho, contaban con esta práctica para asegurar su impunidad”, indicaron los representantes del MPF, y en tal sentido sostuvieron que “las conductas de Cabanillas, Ruffo, Furci y Martínez Ruíz no deberán examinarse de manera aislada como si se tratara de un acontecer individual, simplemente porque intervinieron en el marco de un aparato de poder funcionalmente organizado”.

La fiscalía consideró a Cabanillas como autor mediato, a Ruffo y Furcci coautores funcionales y a Martínez Ruiz coautor funcional y partícipe necesario, según el caso.