Representantes de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Santiago del Estero -a cargo de la fiscal general Indiana Garzón-, la directora del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES) de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud (FHCSyS) de la Universidad Nacional de esa provincia, Ana Teresa Martínez, y el director del Instituto Espacio de la Memoria, Luis Guillermo Garay, se reunieron con integrantes del Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD) de la UFI AMIA para la digitalización de carpetas con documentos del espionaje realizado por el Departamento de Informaciones Policiales (D2) de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero. La visita se dio de cara a la elaboración de una guía de trabajo para la recuperación y posterior digitalización de los archivos, que comprenden más de cinco décadas de tareas de inteligencia realizadas a las y los habitantes de la provincia.

La presencia de las expertas del GERAD Stella Maris Segado, Sofía de Monasterio y María Laura Matiauda fue posible gracias a la aprobación del fiscal general Sebastián Basso, que encabeza la unidad especializada, y el secretario de Administración y Recursos Humanos de la PGN, Juan Pablo Ugarte.

El hallazgo de los legajos

En abril de 2004 se halló un archivo de legajos del Departamento de Informaciones Policiales (D2) de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero. El material confirmó las actividades ilegales de inteligencia desplegadas por el organismo desde el primer gobierno de Carlos Juárez, en la década del ‘50. Durante el allanamiento se encontraron 17 ficheros metálicos que contenían alrededor de 40 mil legajos, producto del espionaje y persecución política en el período que va de 1950 hasta el momento de su hallazgo.

Los documentos fueron luego trasladados en 2005 a un depósito del Puesto Móvil N° 5 de Gendarmería Nacional. Allí eran conservados como elementos de prueba en el marco de la causa de espionaje ilegal y la Megacausa 9002, en la que se investigan detenciones y desapariciones producidas en la provincia en el marco del terrorismo de estado.

Hasta julio de 2015, esos archivos fueron consultados únicamente por funcionarios judiciales, a requisitoria de querellantes en los procesos judiciales de lesa humanidad, o por interposición de habeas data. Inicialmente, el Ministerio Público Fiscal sólo tenía permitido acceder a legajos de desaparecidos, ex presos y sus familias directas. Al comprobar que también aparecían legajos de los policías acusados, la fiscalía solicitó la búsqueda de material de la D2 de víctimas e imputados para verificar si sus contenidos podían servir como prueba.

Las defensas de los imputados objetaron que el acceso a los legajos de los policías sería violatorio del principio de confidencialidad y privacidad de datos personales, y acusó a la fiscalía porque “lo que consideró en su momento como un hecho ilegítimo, ilegal y violatorio de la Ley 25520 de Inteligencia Nacional, hoy pretenden que sirva de prueba legítima para la investigación”, según los recursos presentados.

Para la fiscalía, las actividades desplegadas por la D2 entre 1973 y 1983 no sólo fueron ilegales, sino que esa característica no termina en el hecho del seguimiento y confección de legajos de los ciudadanos, ya que "fueron el mecanismo, la operatoria mediante la cual se persiguió, se detuvo, se torturó y se hizo desaparecer a muchas personas”. El Ministerio Público Fiscal también remarcó que “el hecho de que los legajos sean producto de una actividad ilegal, como toda la actividad represiva ejercida por el Estado y sus agentes, no invalida su veracidad". En ese sentido, agregó que  “es de un valor inestimable con respecto a la búsqueda de la verdad”.

La operatoria de vigilancia y seguimiento de ciudadanos, con la confección de informes de inteligencia, fue llevada a cabo a través de la utilización de los organismos estatales. Personal policial y civil dependiente de la Policía de la Provincia hacía seguimientos, vigilancia, escuchas telefónicas y utilizaba información proveniente de los medios de prensa, para luego confeccionar partes diarios que eran elevados al gobernador de turno. Toda la sociedad santiagueña quedaba a merced del espionaje. Insólitamente, las mismas personas que realizaban las mencionadas actividades ilícitas eran a su vez vigiladas y poseían legajos.

De acuerdo a la Unidad Fiscal de DDHH, el material “concluye que existió un plan sistemático, organizado, ideado y ejecutado desde la estructura del poder político de ese momento, a los fines de perseguir, discriminar y amedrentar a todos los ciudadanos, pensaran como pensaran, fueran del partido político que fueran y que dicho plan se organizó desde las máximas autoridades gubernamentales”.

El acceso al archivo

A partir de un convenio de Cooperación, Transferencia y Asistencia Tecnológica entre la Procuración General de la Nación y la Universidad Nacional de Santiago del Estero, se creó un equipo de trabajo integrado por el grupo de investigación en Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES) de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud (FHCSyS) de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Unidad Fiscal, con el propósito de profundizar los procesos de reconstrucción de memoria histórica, social y política en relación a nuestro pasado reciente.

Para ello, se planificaron actividades de observación directa y lectura de documentos, relevamiento escrito y/o audiovisual del material seleccionado a cargo de un grupo interdisciplinario de investigadores, quienes posteriormente clasifican y analizan la información que será presentada en informes al Ministerio Público Fiscal.

El espacio dentro de la sede de Gendarmería en donde se encontraban alojados los documentos era una habitación de once por cuatro metros, sin electricidad ni ventanas, con un ventiluz con vidrios rotos, el techo con riesgo de derrumbe, hierros expuestos y gran parte del cielo raso derrumbado sobre los ficheros. Como consecuencia, los documentos no se encontraban protegidos de la acción de la lluvia, lo que creó un ambiente de humedad excesiva. Muchos se encontraban humedecidos, infectados con hongos y con proliferación de insectos, al no cumplir el lugar con las condiciones mínimas de guarda.

Las condiciones de trabajo

La consulta de los documentos se realizó bajo la custodia de un Oficial de Justicia para garantizar la legalidad del relevamiento. Dado que el Juzgado Federal es quien tiene la guarda de los documentos de la D2 y la decisión del acceso a la consulta, las tareas de relevamiento estuvieron condicionadas por la disponibilidad horaria del Oficial de Justicia.

Dada la situación nociva y precaria de la guarda del material, las tareas se llevaron a cabo para poder realizar el relevamiento documental. Se trabajó en este escenario hasta que, en noviembre de 2015, por gestiones de la Fiscalía Federal se logró que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia cediera el mismo local desde donde fueron retirados los legajos para resguardar este archivo, de valor histórico. El deterioro de la documentación es importante: desde su hallazgo en 2004 hasta su traslado, se perdió gran cantidad de material.

El traslado del material

A lo largo de distintas etapas, y con la colaboración de personal de Gendarmería Nacional, se produjo el traslado de la documentación de la D2 a un depósito en los fondos de la casa donde funciona la Subsecretaría de Justicia, el actual Archivo de la Memoria. En ese lugar se acomodaron los ficheros, se limpió su contenido de polvo, y el Juzgado está gestionando la compra de unos nuevos para reemplazar a los actuales, oxidados y en muy mal estado. De la lectura de los legajos D2 se obtuvo prueba muy importante que se ofreció para el juicio que comenzó en 2016.