"El círculo de la impunidad". La frase encabezó la exposición del nuevo tramo del alegato del fiscal general Dante Vega, quien desde este lunes se centró en dilucidar la responsabilidad de los funcionarios judiciales en la comisión de crímenes contra la humanidad, en el marco del histórico juicio que se sigue en Mendoza a ex miembros de fuerzas armadas y de seguridad y ex magistrados del fuero federal. Aquella metáfora fue utilizada para explicar que mientras los represores cometían sus tropelías "no existió una sola investigación en contra de miembros de fuerzas estatales por delitos en la denominada 'lucha antisubversiva'" y, de esa forma, los ex magistrados "contribuyeron a su comisión".

Acompañado por el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, con quien alternó la exposición, Vega encaró así uno de los tramos más largos del alegato de la Fiscalía, que comenzó el 15 de marzo pasado. Se prevé que la exposición del denominado "caso de los jueces" le demande a los fiscales alrededor de un mes de su exposición, durante los lunes y martes de las semanas próximas.

La Fiscalía señaló que las noticias de los crímenes del terrorismo de Estado llegaron a los ex magistrados por tres vías: los habeas corpus, los sumarios policiales iniciados por las denuncias de los familiares o las propias víctimas y las denuncias por torturas y otros delitos sufridos en manos de la policía formuladas por las propias víctimas en sede judicial al recibírseles declaración indagatoria. Pese a ello, "nunca un integrante de las fuerzas armadas o de seguridad resultó siquiera indagado por estos delitos".

Petra y Romano alegaron que si hubiesen sido cómplices, "habrían hecho desaparecer" los expedientes judiciales. Los fiscales respondieron: "Quizá el hecho de que no se los haya hecho 'desaparecer' está más vinculado con lo remoto que resultaba un juicio como este que con otra cosa".

Los ex jueces federales que están siendo juzgados en el debate oral son Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Otilio Romano. Todos están imputados por los distintos roles que cumplieron como jueces o fiscales. En la época, el marco legal permitía que el entonces fiscal Romano o el defensor Petra subrogaran el cargo de Carrizo, Gabriel Guzzo (fallecido) y Miret, que eran jueces. Salvo Petra, los demás están acusados de haber cometido crímenes también antes del golpe de Estado.

Durante el alegato, la Fiscalía describió las tareas inherentes a la magistratura, recordó la actuación de la justicia de nuestro país en las diferentes dictaduras precedentes a la última e incluso citó la experiencia de la Alemania nazi, donde también hubo un "juicio a los jueces" del Tercer Reich.

Tras brindar ese contexto, los fiscales nuevamente se enfocaron en el objeto del juicio: "Se podrá argumentar el contexto y el hecho que no corresponde exigir a nadie conductas heróicas, pero esto no es aplicable a los magistrados que decidieron continuar en sus cargos luego del golpe cívico-militar. Al permanecer dentro de la estructura judicial, al jurar nuevamente por 'el Acta del Proceso de Reorganización Nacional, sus Estatutos y la Constitución Nacional' de acuerdo a la fórmula del régimen, todos los magistrados asumieron nuevamente el compromiso de velar por la Constitución Nacional por más que figurara en tercer lugar en el esquema golpista. En última instancia, y en caso de existir contradicción, debía prevalecer el texto constitucional".

La Fiscalía señaló que la particularidad del caso radica en que los ex magistrados imputados eran "funcionarios que venían de un período de derecho anterior y que representan un fenómeno propio de la burocracia judicial nacional como es la continuidad en los cargos pese a la transitividad de los regímenes políticos", por lo cual "la misión de los magistrados en el plano del deber ser siempre fue la misma". Y, en efecto, los magistrados están acusados por su participación en crímenes antes y después del Golpe de Estado, recordaron los fiscales.

"El detenido que denunciaba a un juez haber sufrido torturas en manos de la policía sabía que tenía enfrente a la persona más indicada para denunciar ese delito y no a cualquier oficinista. Las personas en general acudían a instituciones preestablecidas y en base a procedimientos y leyes vigentes", continuaron Vega y Auat, y en ese sentido señalaron que "cuando se analice la conducta de los ex magistrados imputados en este juicio debe considerárselos precisamente como eso: como magistrados, con todo lo que ello implica, y no como funcionarios de un régimen de excepción".

Para los fiscales, cada hábeas corpus rechazado y cada denuncia que no era investigada permite ver cómo los imputados "se adaptaron a la faena represiva".

El Poder Judicial funcional

La Fiscalía hizo una pausa para analizar la conducta del Poder Judicial en todos los golpes de Estado, desde 1930. Los representantes del MPF recordaron que todas las dictaduras "usurparon el Poder Ejecutivo y disolvieron el Congreso, pero no el Poder Judicial". Señaló algunas excepciones, como la remoción de "unos pocos jueces yrigoyenistas" con el golpe del '30 y lo atribuyó a "la sencilla razón que la ideología del Poder Judicial de la época estaba de acuerdo con el golpe".

También, repasaron la remoción de algunos jueces en 1943 y remarcó que el golpe de Estado de 1955 hizo sentir en el Poder Judicial "el primer remezón autoritario", con el blanco en los magistrados nombrados por el peronismo, que fueron puestos en comisión y sujetos a confirmación de una comisión especial. Esa dictadura se convirtió en la primera en remover a todos los integrantes de la Corte Suprema y al procurador general de la Nación, y a todos los ministros de los tribunales superiores de las provincias y a sus procuradores.

El golpe del '66, recordaron, también fue por los jueces de la Corte y por el Procurador, y dejó en manos de los interventores provinciales la remoción de los miembros de los superiores tribunales de cada jurisdicción. "El golpe del ’76 combinó lo peor de todos: removió a la Corte federal, al procurador, a las cortes provinciales, declaró en comisión al poder judicial, echó a jueces sin instancia previa y hasta secuestró a miembros del Poder Judicial como a la fiscal Nelly Ortiz, quien continúa desaparecida al igual que diecisiete empleados de la justicia nacional", describieron.

No obstante, indicaron que "a lo largo de estos cincuenta años de golpes militares lo que caracterizó al Poder Judicial no fue la remoción ni el secuestro sino la continuidad. En su inmensa mayoría todas las carreras judiciales, desde el último auxiliar a los jueces de apelaciones, mantuvieron su escalafón o ascendieron de cargo mientras el país entero se sumía en el desconcierto y en la inestabilidad institucional". Y, en ese sentido, postularon que "la explicación política de este fenómeno puede obedecer no sólo a la ideología conservadora de los cuadros judiciales en general sino a su aporte activo al golpismo".

De todas formas, sostuvieron que "existen importantes diferencias entre los colaboracionismos judiciales de las cuatro primeras dictaduras en comparación con la última", cuando se registró "un salto cualitativo en la colaboración judicial con esa represión".

Antes y después del 24M

La Fiscalía describió y citó textualmente el contenido de los expedientes judiciales en los que intervinieron los acusados en la época del terrorismo de Estado, incluso antes del golpe. La mayor parte de ellos se trata de expedientes abiertos por violación a la ley 20840, denominada "antisubversiva", que sirvió para darle carriles judiciales y visos de legalidad a la persecución ideológica. Ese marco normativo fue utilizado para el encarcelamiento de las personas perseguidas.

Las declaraciones de víctimas y las diligencias realizadas por los ex magistrados, leídas por los fiscales durante su exposición dieron cuenta del cuadro. Los representantes del Ministerio Público enumeraron el trámite de los expedientes, el trato de los ex magistrados a los detenidos, la presencia de Miret en dos centros clandestinos de detención y describieron el estado físico de los prisioneros -con signos de tortura, sucios y semidesnudos- llevados ante los jueces. Sostuvieron que todo ello demuestra que la Policía provincial, a través de su Servicio de Informaciones (D-2), cometió secuestros y torturas en el marco de la supuesta aplicación de la ley 20.840, que luego se le sumó el Ejército y que "los magistrados aquí imputados gradualmente prestaron su concurso delictivo a este terror estatal".

La conducta de los acusados consistió, aún antes del golpe, en "proporcionar impunidad a través de su omisión constante y sin fisuras en investigar los delitos cometidos por las fuerzas estatales", incluso en casos de desaparición forzada.

"Estos funcionarios, que en democracia habían contribuido en forma determinante a la delictuosidad estatal, en dictadura siguieron haciéndolo con un grado mayor de antijuricidad, consecuencia de la generalidad de esa criminalidad estatal", señalaron los fiscales y, al respecto, recordaron que en 1975 se contaron dos desapariciones forzadas y que a partir de 1976 ese fenómeno se generalizó. "Cambia cuantitativamente el fenómeno delictivo estatal, pero el aporte de los ex magistrados permanece idéntico", concluyeron.

"Persecución política"

Durante el alegato, los fiscales se detuvieron en contestarle principalmente a Miret y a Romano la alegación de que este juicio era parte de una "persecución política". "Pretender que este juicio persiga un fin ajeno al estrictamente judicial no explica, por ejemplo, los votos por unanimidad en favor de la remoción de los doctores Miret y Romano en el seno de órganos plurales como son el Consejo de la Magistratura y el jury de enjuiciamiento. Por más importancia que tenga el tema de los derechos humanos y por más activismo que hayan demostrado los organismos locales para impulsar ese juicio, extremos que reconoció el doctor Miret, si hubiese existido alguna motivación espuria respecto al origen de este proceso se habría denunciado en ese ámbito, lo que no ocurrió", señalaron los fiscales.

Otra contestación de la Fiscalía a los acusados tuvo eje en su afirmación de que se los perseguía a ellos y no a otros magistrados que desempeñaron funciones en aquella época. Los representantes del MPF explicaron que el hecho de que en Mendoza se haya impulsado una investigación vinculada a todo el aparato judicial no supone ninguna persecución especial contra ellos. También, recordaron investigaciones llevadas a cabo en otras jurisdicciones, como San Juan o San Luis y señalaron que en otros lugares se enjuició a un determinado magistrado por determinados casos en particular, como ocurrió con Víctor Brusa en Santa Fe o Manlio Martínez en Tucumán, o se intentó hacerlo como ocurrió con Pedro Hooft en Mar del Plata

Tanto Petra como Romano alegaron también en su defensa que la existencia de los expedientes en los que ellos actuaron en los archivos del Poder Judicial demostraba su falta de complicidad, dado que de lo contrario "los habrían hecho desaparecer", dijo Petra. La Fiscalía señaló al respecto que "quizá el hecho de que no se los haya hecho 'desaparecer' está más vinculado con lo remoto que resultaba un juicio como este que con otra cosa".