El 25 de abril de 1977, integrantes de la 4ª Brigada de Infantería Aerotransportada del III Cuerpo del Ejército irrumpieron en la empresa cordobesa Mackentor S.A. para robarla y usurparla, en el marco de un operativo coordinado y simultáneo que incluyó el secuestro de 20 de sus directivos y empleados en la provincia, en Santiago del Estero y en la Ciudad de Buenos Aires, según se desprende del requerimiento de elevación a juicio incorporado y leído el martes de esta semana en el debate oral y público por los crímenes de lesa humanidad juzgados en la megacausa “La Perla”.

El caso -caratulado “VIDELA, Jorge Rafael, MENÉNDEZ, Luciano Benjamín y otros p.ss.aa. Abuso de Poder, Usurpación, Allanamiento ilegal de domicilio, Robo calificado, Privación ilegítima de la libertad agravada, Imposición de tormentos”- tiene la particularidad de ser el primero en juzgar delitos de usurpación y robo como parte del plan sistemático de exterminio de una empresa de la provincia de Córdoba.

En diálogo con Fiscales, el fiscal Carlos Facundo Trotta señaló que “el pretexto utilizado por la represión” fue que la firma “era el sustento financiero de la ‘subversión’”. El representante del Ministerio Público agregó que “en realidad, de la investigación llevada a cabo en la instrucción, y que será materia del juicio, surge que Mackentor representaba una visión distinta de la empresa, pues su principal accionista decidió, a comienzo de los años setenta, dividir las acciones entre su socio fundador y los empleados más destacados”.

"Esta concepción ‘socialista’ de la empresa significaba, para la dictadura cívico militar, un mal ejemplo: la posibilidad que el proletariado pudiera intervenir en las decisiones de la empresa, además de participar en las ganancias”, añadió Trotta sobre la compañía dedicada a la construcción de grandes obras viales e hídricas.

“Para la época, este concepto significaba ni más ni menos que tanto la empresa, accionistas y empleados destacados sean tildados de ‘marxistas’, ‘subversivos’, ‘apoyo financiero de la subversión’. Efectivamente, los hechos delictivos investigados en la presente causa (…) versan sobre las terribles consecuencias sufridas por la empresa y sus dueños, directivos y empleados a causa de esta concepción progresista”, había señalado Trotta en el requerimiento de elevación firmado en septiembre del año pasado. “Cabe agregar que el principal accionista, Natalio Kejner, tenía una íntima amistad con Gustavo Roca, quien a su vez fue abogado y luego síndico de Mackentor. Roca era un reconocido abogado que, entre otras cosas, se destacó por la defensa de militantes políticos. A su vez, y luego del golpe de marzo del '76, debió exiliarse, siendo uno de los primeros en denunciar en el exterior las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Por ello, Roca y todo lo que tuviera vinculado con él (Mackentor y Kejner), era considerado por Menéndez el ‘enemigo’”, agregó el fiscal en el documento.

Los investigadores consideraron que si bien la persecución del grupo empresario –compuesto también por Horcen S.A. y Empresa Del Interior S.A.I.C.F.- estaba encabezada por Menéndez, contó “con un apoyo directo del fallecido jefe de la Junta Militar Jorge Rafael Videla, usurpador del cargo de Presidente de la República y máximo responsable del sangriento régimen terrorista que se impuso en la última dictadura cívico-militar”. En ese sentido, refirieron que el dictador dispuso que el Banco Central bloqueara todos los fondos económicos que había en cuentas, cajas de ahorro, de seguridad y depósitos, tanto de las empresas como de 30 de sus integrantes.

Los hechos que serán juzgados

La Fiscalía enumeró 21 hechos. El primero se refiere a la ocupación y apoderamiento de las instalaciones y documentación de la empresa Mackentor, de sus oficinas administrativas y de propiedades ubicadas en la calle Rosario de Santa Fe N°71, tercer piso, oficinas 302 y 303 de Córdoba. También, se hicieron de los talleres, depósitos y bienes muebles de un predio de cinco hectáreas en el barrio Los Boulevares; dos campos ubicados en la provincia de Santiago del Estero sobre los que la firma tenía un 70% en derechos y acciones -uno de ellos denominado “Establecimiento San Ramón”, de 7.000 hectáreas y ubicado en la Ruta Provincial 50 del Departamento Moreno, y el otro conocido como “Establecimiento Las Brujas” de Villa Figueroa, de 2.500 hectáreas; una finca en la Provincia de San Juan dedicada a la producción vitivinícola; una planta de fabricación de caños de alta presión situada en Las Flores, provincia de Córdoba, y las oficinas que la empresa tenía en un edificio de la calle Montevideo de la Ciudad de Buenos Aires.

El representante del Ministerio Público completó la lista de los bienes apropiados por los represores con la empresa Horcen (Hormigón Centrifugado Sociedad Anónima); un predio de 15.105 metros cuadrados ubicado en la zona del Parque Industrial de la ciudad de Córdoba, y la firma Edisa SA. (Empresa del Menor SACIF), dedicada a la fabricación de refrescos, vendida poco antes.

En todos los casos reseñados, la metodología habría consistido en reducir a los empleados -sumidos en una absoluta indefensión por estar en plena labor- quienes “fueron sorprendidos por la parafernalia de guerra de los militares” y algunos de ellos detenidos ilegítimamente. Justamente, los otros 20 hechos identificados son los secuestros diseminados entre Córdoba, Santiago del Estero y la Capital Federal, y las  posteriores detenciones en los centros clandestinos “La Perla” y “La Ribera”. Las víctimas denunciaron que allí fueron sometidos a todo tipo de torturas para que brindasen la mayor cantidad de información posible acerca del supuesto financiamiento a “organizaciones” subversivas”.

Intervención y quiebra

En un apartado del requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Trotta señaló que luego de la apropiación, se inició “un proceso de intervención primero militar y luego judicial -convalidado por el actuar del juez Federal Zamboni Ledesma (f)- que, cuanto menos, generó una pérdida de la capacidad de Mackentor para hacer frente a contratos de grandes obras públicas”. La complicidad judicial redundó en que cuando la empresa fue restituida a sus dueños, “estaba lejos del potencial comercial e industrial del que hacía gala hacia principios del año 1977". Ese aspecto está siendo investigado en otra causa.

“Para que quede claro: estamos ante una empresa que fue apropiada por la dictadura cívico-militar, intervenida judicialmente a pedido del régimen represivo, restituida luego del avenimiento de la democracia, y al momento en que uno de sus dueños reclamó al Estado democrático la reparación de los daños y perjuicios sufridos por esa apropiación, la respuesta fue una condena en costas, las cuales finalmente desembocaron en la quiebra de la empresa”, resumió Trotta en el requerimiento.

Cantidad de víctimas e imputados

Con la incorporación de este expediente a la megacausa La Perla, se añaden 20 nuevas víctimas que suman un total de 716. Asimismo, se agrega el acusado Ángel Osvaldo Corvalán, quien dependía de la IV Brigada y se habría desempeñado como “número” en uno de los operativos de secuestro. Por estos hechos, también serán juzgados Luciano Benjamín Menéndez, Ernesto Guillermo Barreiro, José Luis Yañez, Enrique Alfredo Maffei, Jorge Exequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Carlos Alberto Vega, José Andrés Tofalo, Ricardo Alberto Ramón Lardone, Arnoldo José López y Héctor Raúl Romero. Con Corvalán el número total de acusados asciende a 51. También, estaban imputados Jorge Rafael Videla, Hermes Oscar Rodríguez, Manuel Absalón Díaz y Eduardo Porfidio Ríos, pero fallecieron.