19 de febrero de 2020
19 de febrero de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Ante la Cámara Federal de Casación Penal
El fiscal De Luca pidió agilizar las indagatorias a dos ex magistrados de Neuquén
Se trata del ex juez Duarte y del ex fiscal Ortiz, quienes se encuentran imputados por crímenes de lesa humanidad, y vienen logrando el aplazamiento de su indagatoria o dilatando su desarrollo. El fiscal de la primera instancia postuló que, para concretar la medida, el juez de la causa ordene sus detenciones.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, pidió a ese tribunal que revoque la resolución por la cual la Cámara Federal de General Roca confirmó la libertad de dos ex magistrados de Neuquén imputados por crímenes de lesa humanidad, cuyas indagatorias, dispuestas en abril pasado por el juez de primera instancia, aún no pudieron concretarse.

La presentación de De Luca tuvo lugar en el marco del recurso interpuesto por el fiscal general de la Unidad de Derechos Humanos de Neuquén, Adrián García Lois, frente a la negativa del juez de esa ciudad de ordenar la detención del ex juez Pedro Laurentino Duarte y del ex fiscal Víctor Marcelo Ortiz. Esa resolución fue confirmada, luego, por la Cámara roquense, que, además, ​ impuso​ costas ​al Ministerio Público Fiscal​.

Tanto Duarte como Ortiz fueron citados a indagatoria por ​el juez federal​, pero ese acto no puede concretarse porque los imputados fueron presentando diferentes argumentos para postergarla. El juez, en tanto, denegó su detención, dispuso su prohibición de salir del país y les fijó la obligación de presentarse todos los viernes ante la Unidad Fiscal como modo de control de su sujeción al proceso.

De Luca presentó su posición en un escrito de "breves notas", una herramienta prevista en el artículo 468 del Código Procesal Penal de la Nación para que las partes adicionen argumentos con posterioridad a la presentación verbal ante el tribunal.

El fiscal general rechazó en primer término la imposición de costas, pues -señaló- fueron contra el rol del MPF "de promover la acción penal y observar y hacer observar la ley", que "consiste en el cumplimiento de un deber, y no un estorbo a la actividad jurisdiccional de aquel tribunal".

Al ir al fondo del conflicto planteado en el recurso, De Luca definió que la situación está en "punto muerto" y describió que el juez "hace comparecer a los imputados para dar comienzo al acto de indagatoria pero, luego, lo suspende y pospone para reiniciarlo en otro momento, a voluntad y discreción de los imputados. En lugar de estar sometidos a la jurisdicción del juzgado, parece exactamente lo contrario. La situación es grotesca, y en ello es muy posible que tengan alguna influencia los antecedentes en la Justicia de los imputados, tanto de Pedro Laurentino Duarte, ex juez federal de Neuquén y mayor del Ejército Argentino, como de Víctor Ortiz, ex fiscal federal, así como el hecho de que existen imputaciones abiertas contra otros integrantes del poder judicial de aquél entonces".

En ese sentido, De Luca requirió que Casación revoque la resolución apelada y dicte una nueva en la que “conmine” al magistrado de primera instancia a agilizar el proceso. El fiscal de Casación postuló el dictado de la prisión preventiva a los imputados "con el fin de evitar sigan entorpeciendo su marcha, a fin de obtener una resolución de mérito sobre las posibles responsabilidades que les podría caber en los hechos investigados”.

Finalmente, explicó que, de mantenerse la situación actual, las consecuencias son "de dilación y de privación de justicia" al Ministerio Público Fiscal, "a las víctimas y a la sociedad toda, en casos de graves delitos de lesa humanidad, con serio compromiso a la responsabilidad internacional del Estado Argentino".

Ortiz y Duarte están imputados por la fiscalía por haber prestado una colaboración "indispensable" al personal de las fuerzas armadas y de seguridad para la perpetración de delitos de lesa humanidad. En la región, la represión ilegal fue conducida por la Jefatura de la Subzona de Seguridad 52 a cargo del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI, con sede en Neuquén capital.

Duarte fue oficial y auditor del Ejército en esa unidad militar hasta un mes antes de asumir el cargo de juez federal de Neuquén en agosto de 1976 para "dar cobertura judicial" a sus compañeros de armas, indicaron los fiscales García Lois y Miguel Palazzanial al momento de reiterar el pedido de su indagatoria.

Señalaron al respecto que los imputados, pese haber estado a su tiempo "llamados a intervenir para poner fin a los flagelos infligidos en el área local por la dictadura y hacer valer las garantías constitucionales de los ciudadanos, optaron por desamparar a las víctimas del terrorismo de Estado prestando al aparato represivo estatal instalado en la zona" neuquina y del Alto Valle de Río Negro, "al servicio de un gobierno sedicioso".