El fiscal de Corte y procurador general del Uruguay, Jorge Díaz Almeida, visitó hoy la sede de la Procuración General de la Nación argentina para intercambiar experiencias y buenas prácticas de ambos organismos y se mostró interesado en el trabajo del Ministerio Público Fiscal argentino en la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar y en casos de violencia de género, además de los dispositivos de atención a las víctimas. Además, Almeida firmó una serie de convenios con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que prevén, entre otras cuestiones, la creación del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) especializado en derechos humanos.

Antes del encuentro con su par argentina, el titular de la Fiscalía General oriental mantuvo encuentros con el fiscal general a cargo de la Unidad de asistencia a los magistrados que llevan adelante causas por violaciones a los derechos humanos, Alejandro Alagia; el titular de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, Pablo Parenti; la coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Carolina Varsky; la fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta; la titular de la Dirección General de Políticas de Género, Romina Pzellinsky, y la directora y la secretaria ejecutiva de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas, Malena Derdoy y Teresa Bravo, respectivamente. Además, participó el director general de Cooperación Regional e Internacional del MPF, Diego Solernó.

Durante las reuniones, Díaz Almeida destacó el diseño institucional del Ministerio Público llevado adelante durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, que incluye las unidades fiscales y procuradurías especializadas para la persecución penal integral de las organizaciones criminales organizadas y otros delitos con diverso grado de complejidad, pero mucho impacto social como la violencia de género.

El ECI

Además de recabar información sobre el trabajo de los fiscales en las investigaciones y los juicios que se llevan adelante en todo el país desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, el fiscal de Corte y procurador general del Uruguay acordó con Gils Carbó la creación del Equipo Conjunto de Investigación, que enfocará su trabajo en recopilar, analizar e intercambiar información y documentación vinculada con los crímenes de lesa humanidad perpetrados en ambos países, en particular los ocurridos en el contexto de la Operación Cóndor, que coordinó el accionar represivo de las dictaduras del cono sur.

El convenio establece que el ECI deberá seguir las disposiciones previstas en la Guía para los Ministerios Públicos del Mercosur para la interpretación y aplicación de los tratados de asistencia jurídica mutua en asuntos penales relativos a casos de graves violaciones a los derechos humanos (XVII REMPM), elaborado con la participación de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.