Esta mañana, en el marco de los encuentros preparatorios a la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur, se realizó la mesa de trabajo del Subgrupo de Delitos de Lesa Humanidad. La presentación estuvo a cargo de la delegación de Argentina, quien estuvo encabezada por el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, y la coordinadora, Carolina Varsky.

En primer lugar, Auat relató los orígenes del subgrupo. En este sentido, destacó que en la Reunión Especializada celebrada en el 2013 en Venezuela había surgido la idea de crear este equipo sobre delitos de lesa humanidad. También, se resolvió que estuviera dentro del Grupo de Derechos Humanos que coordina Brasil, y que Argentina fuera el país a cargo.

Luego, Auat indicó que “cuando uno habla de Latinoamérica y crímenes de lesa humanidad, se da cuenta de que tenemos una historia en común. En los '70 y '80, hubo un plan de carácter colectivo, continental. En este sentido, se nos coloca en una posición similar frente al pasado”. Asimismo, aclaró que la experiencia Argentina suele mirarse como un gran logro y avance, y que desde un punto de vista objetivo, presenta resultados concretos positivos. Sin embargo, destacó que “lo que no se ve son todas las dificultades que tuvimos. Y en este aspecto, entendemos que puede haber un problema en común en todos los países. Así, uno de los puntos en común es la impunidad que rodea a estos crímenes. Allí, nacen tanto las dificultades, como las estrategias que deben seguir y construir los Ministerios Públicos para enfrentar estos delitos”.

El titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad remarcó que “lo peor que nos puede pasar frente a este fenómeno es el olvido. El olvido extingue al crimen. Por eso hay que hacer un esfuerzo mancomunado entre todos los Ministerios Públicos. Por eso creemos que este documento puede además ser una herramienta de unión entre los organismos”.

Finalmente, remarcó si se habla de “un nuevo tiempo histórico, social y político de América Latina no puede estar afuera de ello un documento que visibilice problemas viejos de los países, que durante mucho tiempo estuvieron afuera e la agenda, invisibilizados”.

A continuación, Varsky presentó el proyecto de la “Guía para la interpretación y aplicación de los tratados de asistencia jurídica mutua en asuntos penales relativos a casos de graves violaciones a los derechos humanos”, que luego pasó a discutirse por todos los miembros del grupo. Al final, lograron confirmar un documento que será elevado mañana para la firma de todos los titulares de los Ministerios Públicos en la reunión en Cancillería.

En su exposición, la coordinadora de la Procuraduría remarcó que el documento “propuesto incorpora el principio de rápida y pronta asistencia para casos que involucren graves violaciones a los derechos humanos, a la vez que introduce herramientas de cooperación que fueron diseñadas por la comunidad internacional para efectivizar la asistencia recíproca de los Estados en la lucha contra el crimen organizado trasnacional, o para la investigación y juzgamiento de graves crímenes internacionales, como la desaparición forzada de personas o la tortura”.

También, aclaró que la propuesta se trataba de un “instrumento internacional de soft law (es decir, sin carácter vinculante) tendiente a facilitar y agilizar la cooperación jurídica entre los Ministerios Públicos del bloque regional”. Algunas de las medidas que se podrán tomar gracias al documento son: colaboración en la recolección de prueba, uso de videoconferencia para facilitar todo tipo de declaraciones, creación de equipos conjuntos de investigación, entre otras.

Experiencias de Mercosur y Naciones Unidas

Finalizado el debate en torno al documento, el miembro del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas Luciano Hazán detalló sobre los principales avances y desafíos en la judicialización de crímenes de lesa humanidad. Primero, felicitó al grupo de trabajo por el documento que acababan de diseñar, y luego pasó a explicar cómo se había iniciado la experiencia de persecución de delitos de lesa humanidad en la Argentina. Remarcó la existencia de una clara voluntad política en este sentido, que involucró, por ejemplo, la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. “Este nivel de voluntad política fue novedoso”, agregó.

El problema, sin embargo, “fue que al comienzo no hubo una estructura para dar cuenta de esta voluntad política. En el Ministerio Público Fiscal argentino, esto comienza a organizarse cuando se crea la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, que actualmente es la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que dirige Auat”.

Frente a esto, Hazán destacó la importancia de crear unidades especializadas que investiguen este tipo de delitos, ya que, entre otras cosas, permiten la definición de políticas de persecución, un mayor acercamiento y mejor reparación a las víctimas, y acortamiento de los plazos. Sin embargo, resaltó que “la especialización no es la única política necesaria para una persecución exitosa de estos crímenes. Contención a los víctimas, protección a testigos, capacidad para identificación de restos, necesidad de eliminar la jurisdicción militar, entre otras herramientas” son cuestiones que deben tenerse en miras.

Por último, elevó una propuesta a todas las delegaciones, que consistió en “generar una red de fiscalías especializadas sobre crímenes de lesa humanidad”.

Por su parte, Víctor Abramovich, secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, presentó la “Guía de archivos sobre coordinaciones represivas del Cono Sur”. Comentó cómo el equipo que tiene a cargo se reúne con los Poderes Ejecutivos de los países miembros y asociados al Mercosur y a partir de allí, se trabaja en generar los medios para el relevamiento de datos que puede llegar a haber en cada administración.

A continuación, explicó que las funciones del grupo, que consisten en relevar los datos e informaciones de fuentes públicas y privadas; promover y fortalecer el intercambio de datos e informaciones; estudiar y analizar informaciones relacionadas con la situación y condición de accesibilidad en los archivos, y coordinar con las áreas nacionales la realización de estudios e investigaciones.

Además, destacó que se han firmado convenios bilaterales para el intercambio de documentos entre países con información sobre el plan cóndor. En particular, entre Argentina, Chile y Brasil. A partir de ello, señaló que se había trabajado en la sistematización de esos archivos que existía en cada país, en relación con su lugar de proveniencia.

Concluida su exposición, las delegaciones de Ecuador, Paraguay, Venezuela y Brasil realizaron comentarios en torno a sus experiencias en la persecución de crímenes de lesa humanidad en general, y aquellos vinculados al “Plan Cóndor”, en particular. Todos relataron las distintas dificultades por las que pasaron para conseguir información y, en especial, documentación que hubiera en archivos tanto oficiales como extra oficiales. Luego, indicaron que ponían a disposición del programa que dirige Abramovich esa documentación.