06 de febrero de 2023
06 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Hizo lugar al pedido que habían formulado los fiscales generales Carlos Gonella y Jorge Auat
Córdoba: la Cámara Federal revirtió la resolución que benefició a ex magistrados
De esta manera, no sólo confirmó los procesamientos que había dictado el juez de La Rioja, sino que además revocó el sobreseimiento por ocho casos que favoreció a un ex secretario judicial y las faltas de mérito a dos ex defensores públicos, que ahora quedaron procesados por crímenes de lesa humanidad.

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hizo lugar al pedido que habían formulado los fiscales generales Carlos Gonella y Jorge Auat y revocó el sobreseimiento al ex secretario judicial Carlos Otero Álvarez (69) y las faltas de mérito a los ex defensores oficiales Ricardo Haro (81) y Luis Molina (75) por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y participación necesaria en los delitos de lesa humanidad -secuestros y tormentos, entre otros- de los que resultaron víctimas presos políticos que estuvieron en cautiverio en la Dirección de Informaciones (D-2) de la Policía provincial y la Unidad Penal 1 de la capital provincial. En esta cárcel habían sido asesinados 28 presos políticos en 1976.

De esta manera, Álvarez sumó nuevos hechos a su procesamiento, mientras que los ex defensores quedaron procesados por su participación en crímenes de lesa humanidad.

Además, también en línea con lo solicitado por los fiscales, la Cámara confirmó el procesamiento del ex juez federal Miguel Ángel Puga (72) en siete hechos; del ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo (80), en ocho hechos, y del ex secretario Otero Álvarez en 86 casos, dictado por el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, el 29 de octubre de 2012.

La causa trata sobre los hechos padecidos por las víctimas que estaban detenidas a disposición judicial y militar en procesos por violación a la denominada "ley antisubversiva", número 20840, y que en el marco de las declaraciones indagatorias pusieron entonces en conocimiento de jueces, fiscales y defensores la situación violatoria de los derechos humanos que estaban padeciendo en su cautiverio ilegal iniciado en el D-2 y continuado en la UP1, que incluyó tormentos y homicidios.