Los datos que arroja el nuevo documento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos, informa que hasta la fecha ya suman 245 sentencias por crímenes de lesa humanidad y que creció el número de detenidos con respecto al año pasado, como así también la cantidad de prisiones domiciliarias como forma de arresto.

Sobre el estado de las causas, el relevamiento arroja que de un total de 592 causas en trámite, el 45% se encuentra en etapa de instrucción (263), el 41% obtuvo sentencia (245), el 11% está elevada a juicio (67) y sólo el 3% está actualmente en etapa de debate (17). 

En cuanto a la condición de los imputados, en comparación con el año anterior se verifica un aumento en la cantidad de detenidos y una disminución de las personas investigadas por delitos de lesa humanidad que se encuentran libres. Mientras en 2019 el número de detenidos era de 884, el informe actual destaca que para junio de 2020 ya son 905; y que, por otra parte, mientras el año pasado la curva de personas en libertad mantenía su tendencia ascendente, alcanzando una cifra de 1590, en este 2020, luego de cinco años de un aumento constante, la cifra desciende al número de 1562.

Asimismo, el trabajo de la PCCH también refleja un aumento en la cantidad de prisiones domiciliarias en comparación con el año pasado: mientras en el 2019 608 personas estaban arrestadas bajo esa modalidad, este año el número aumenta a 649. Ese incremento se debe, en parte, al contexto de pandemia y a la entrada en vigencia del Decreto 260/20, a partir del cual muchos detenidos solicitaron la morigeración de la modalidad de prisión con arresto domiciliario, de los cuales 22 personas obtuvieron este beneficio.    

Por último, el informe de la procuraduría especializada indica un total de 3316 personas investigadas por delitos de lesa humanidad según la máxima situación procesal alcanzada, de las cuales 995 están condenadas. La cifra desagregada consta de 605 procesados, 540 imputados, 181 con falta de mérito, 162 absueltos, 91 sobreseídos, 71 indagados y 26 prófugos. Asimismo, fallecieron 645 personas vinculadas al juzgamiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar.