Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara pandemia la transmisión del virus COVID-19, y desde el dictado del decreto DNU 260/20 por parte del Poder Ejecutivo Nacional, se han recibido solicitudes de arresto domiciliario o excarcelaciones en causas por delitos de lesa humanidad.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) realizó un relevamiento estadístico a partir de la información aportada por las fiscalías que integran el organismo. El resultado es que las solicitudes presentadas desde marzo fueron en total 177, formuladas por parte de 137 imputados y condenados en causas de lesa humanidad en las distintas jurisdicciones del país. La diferencia entre el número de pedidos y la cantidad de personas está dada porque en algunos casos un imputado/condenado tiene más de un expediente y/o ha realizado más de una petición.

Por otra parte, la Procuraduría confeccionó un compendio que agrupa las decisiones jurisdiccionales a tales solicitudes según se trate de resoluciones de primera instancia (instrucción o juicio) o apelaciones, ordenadas por sección judicial. Este compendio integra decisiones hasta el 24 de abril de 2020.

En el siguiente gráfico se observa que, de un total de 177 solicitudes, el 72% (127) han sido denegados, y el 19% (34) se le ha concedido el arresto domiciliario o excarcelación. Por otra parte, existe un 9% (16) que no han sido resueltos aun y se encuentran en trámite.

Del total de las solicitudes que han sido otorgadas (34) se encuentra que: 25 concedieron el beneficio de arresto domiciliario efectivo, 8 concedieron un arresto domiciliario provisorio -que no se hace efectivo ya que el solicitante se encuentra imputado en otra causa donde interesa su detención- y, por último, una concede la excarcelación.

Por otra parte, el siguiente gráfico responde a los recursos de casación presentados tanto por la defensa de los imputados/condenados, como del Ministerio Público Fiscal. La Procuraduría aclara que los recursos presentados por la defensa no son siempre notificados a las fiscalías, por lo que es posible que existan algunos pendientes de resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal que no estén contemplados en el gráfico que se presenta. De un total de 63 recursos de casación, el 75% (47) ya se han resuelto, y el 25% (16) aún están pendientes de resolución.