17 de agosto de 2022
17 de agosto de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Alegato del fiscal general Carlos Amad
Formosa: la fiscalía pidió 14 años de prisión para dos exjueces del Tribunal Superior por no investigar y encubrir los secuestros de siete empleados y empleadas judiciales
El representante del MPF acusó a Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Pidió además que se los inhabilite para ejercer cargos públicos. Sostuvo que las víctimas fueron perseguidas por la dictadura por su actividad sindical y que los acusados no intervinieron pese a que tenían informes sobre su lugar de detención.

El fiscal general Carlos Amad requirió esta mañana que se condene a 14 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñarse en cargos públicos a los exjueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Formosa, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, a quienes acusó como autores penalmente responsables de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento en siete casos que concurren materialmente.

El pedido de pena fue el corolario del alegato que el representante del Ministerio Público Fiscal -asistido en el debate por el auxiliar fiscal Mauricio Romero- pronunció ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa en la segunda jornada del juicio, que comenzó el viernes pasado, para discernir la responsabilidad penal de los dos exmagistrados en las acciones y omisiones que permitieron que siete empleados y empleadas del Poder Judicial formoseño fueran perseguidos, secuestrados -algunos y algunas en sedes tribunalicias- y torturados durante la última dictadura cívico militar, además de suspendidos y/o cesanteados en sus cargos.

Amad calificó los delitos imputados a los exmagistrados como crímenes de lesa humanidad "porque fueron ejecutados dentro del plan criminal de la dictadura militar".

"Debo decir que por la naturaleza de la acción, los medios empleados, la extensión del daño, lo que pudieron hacer y no hicieron, entiendo que son totalmente responsables de los delitos que se les imputa", dijo el fiscal general respecto de Montoya y Vázquez Rey.

Las víctimas cuyos casos se abordaron en este debate son Elsa Alicia Chagra, Ángela Colman, Raquel Levi, Adriano Acosta, Andrés Medina, Mirta Leónidas Insfrán y Ricardo Borgne, quienes militaban en la Asociación Judicial de Formosa. El grupo de trabajadores y trabajadoras fue secuestrado en su mayoría el 5 de agosto de 1976, salvo Chagra, a quien apresaron un día antes. Insfran y Borgne, que eran pareja, continúan desaparecido y desaparecida, mientras que el resto recuperó la libertad en diferentes momentos.

"Los imputados conocían la situación de privación ilegítima de la libertad en que estaban los empleados. Ellos, como jueces del TSJ, ¿no van a preguntar qué juez dio la orden para detenerlos? No lo hicieron porque ellos sabían perfectamente quién los estaba deteniendo, quién los detenía y por orden de quién los detenían".

Jueces puestos por los usurpadores

"Cuando el 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas tomaron por asalto el gobierno de este país no lo hicieron solas. Lo hicieron con otros que no manejaban armas, como los abogados. Recordemos que estos señores, los acusados y los que murieron [en referencia a los restantes exmagistrados del TSJ], fueron puestos por la autoridad usurpadora. Estaban en el máximo cargo judicial de una provincia. Estos señores exjueces formaron parte de la estructura represiva argentina", acusó Amad, y remarcó que los acusados llevaron a cabo la tarea de "barrer con el enemigo", pues "los empleados judiciales eran el enemigo porque pertenecían al enemigo y los sindicatos estaban dentro del enemigo". El fiscal recordó que en Formosa un total de 18 personas integrantes del Poder Judicial fueron víctimas del terrorismo de Estado.

El fiscal Amad se dirigió a los jueces del tribunal oral: "¿Qué pasaría si ustedes están con un empleado de sus tribunales y viene la policía, el Ejército, y se lo llevan? ¿Ustedes no preguntarían qué pasa? No estamos hablando con el diario del lunes". En ese sentido, Amad recordó al exfiscal general ante la Cámara Federal de Resistencia, Pericles Ario Festorazzi, y contrastó su accionar con el de los acusados: "A todos nos honra, porque ese señor en plena dictadura militar interponía acciones de habeas corpus en favor de los detenidos. La dictadura militar lo corrió, lo proscribió. ¿Y el qué hizo? Desde el derecho les contestó: interpuso una acción de amparo que llegó hasta la Corte. ¿Y la Corte qué hizo? Le dijo a la Junta Militar que lo debía reponer en su cargo. El doctor Festorazzi volvió a su cargo y se jubiló como fiscal general en tiempos de democracia. Esas personas son las que nos honran. Siempre digo: Si hay uno que hizo eso, un fiscal que hizo eso, que en ese momento los fiscales eran funcionarios que dependían de la estructura judicial, con mucha más razón podría haberlo hecho un señor juez de la cabeza del Poder Judicial".

Amad repasó que, de acuerdo con la prueba documental, las siete víctimas fueron detenidas y puestas a disposición del Área Militar 234, que le informó al TSJ que las tenía privadas de la libertad, de acuerdo con una nota que le remitió entonces a ese tribunal el jefe del Regimiento de Infantería de Monte N°29, Martín Alturria. El fiscal Amad puso de relieve que en base a ese informe el TSJ -integrado entre otros por Montoya y Vázquez Rey- dictó el Acta N°1082, donde resolvió suspender a Acosta, Medina, Chagra, Colman y Levi, y dejar cesante a Insfran, Borgne y Sena por inasistencia injustificada a su trabajo.

"Cuando el 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas tomaron por asalto el gobierno de este país no lo hicieron solas. Lo hicieron con otros que no manejaban armas, como los abogados".

"Ellos sabían que estaban presos", dijo Amad al referirse a los dos exmagistrados acusados en este juicio. "¿Inasistencia injustificada? No eran faltadores contumaces. Estas personas representaban el enemigo y el enemigo debía ser eliminado. Surge de esos informes que los imputados conocían la situación de privación ilegítima de la libertad en que estaban los empleados. Ellos, como jueces del TSJ, ¿no van a preguntar qué juez dio la orden para detenerlos? No lo hicieron porque ellos sabían perfectamente quién los estaba deteniendo, quién los detenía y por orden de quién los detenían. Y todo el tiempo encubrieron esa situación. Hasta un niño pregunta por qué pasan las cosas. No adoptaron ninguna medida en el medio para darle una mano a 'su gente', como le decían. Obviamente supieron perfectamente la situación y todo el tiempo la encubrieron. No existe el crimen perfecto y menos cuando lo escriben", remarcó el fiscal general.

"Ellos no visitaron los establecimientos donde empleados del Poder Judicial de Formosa que ellos dirigían estaban detenidos. Tampoco se ocuparon de conocer las privaciones de libertad, si no cuando fueron secuestrados otros jueces. Ahí sí recordaron leyes, derechos, garantías, todo el amparo legal, e inmediatamente hicieron los reclamos correspondientes diciendo que se había violado la inmunidad de arresto. ¿Dónde está la igualdad ante la ley?", se preguntó el fiscal al recordar los secuestros de los jueces Héctor Tievas y Timoteo Alvarinho -sus casos no forman parte de este juicio-, frente a cuyos secuestros el TSJ adoptó otra actitud, diligente, para resguardar su integridad. "¿El señor Tievas y el señor Alvarinho valen más que las víctimas de esta causa? ¿Dónde está la igualdad ante la ley?", repreguntó Amad, y puso de relieve el carácter de sindicalistas de quienes no fueron protegidos, que, por esa razón, eran considerados "enemigos" del régimen.

"La gravedad de la calidad de las insfracciones y la multiplicidad de las mismas, resultan indicios consistentes de que no estamos frente a errores aislados. Estamos frente a prácticas del aparato represivo estatal, que implicaba la comisión de este tipo de infracciones y delitos sistemáticos en los deberes de los magistrados", entendió, y remarcó que "la conducta que hicieron estos magistrados en ese momento se terminó erigiendo como una especie de garantía de impunidad para los delitos que cometieron las fuerzas armadas".