30 de marzo de 2020
30 de marzo de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervienen la Fiscalía Federal de Río Grande y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad
Indagaron a cuatro militares en la causa que investiga la aplicación de torturas a conscriptos en la guerra de Malvinas
Fue a través de videoconferencias llevadas a cabo el 5 y 6 de diciembre. Los cuatro imputados pertenecían al Regimiento de Infantería N° 5 con asiento en Paso de los Libres, Corrientes. Se investigan 22 hechos cometidos en la Isla Gran Malvina, donde autoridades del Ejército habrían ordenado y ejecutado distintos actos -como "estaqueamientos” y “enterramientos”- para controlar las supuestas indisciplinas de la tropa ante la falta de alimento y abrigo. Se prevé la declaración de otros 20 acusados.

Tal como lo había solicitado el titular de la Fiscalía Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, durante el 5 y 6 de diciembre se recibieron las primeras indagatorias en la causa por las torturas padecidas por conscriptos durante la Guerra de Islas Malvinas. Los cuatro oficiales que declararon pertenecían al Regimiento de Infantería N° 5 con asiento en Paso de los Libres, Corrientes. Se prevé la declaración gradual de otros 20 imputados.

Las indagatorias fueron tomadas a través del sistema de videoconferencia por la jueza Mariel Borruto, titular del Juzgado Federal de Río Grande. Participaron además los fiscales Rapoport y María Angeles Ramos -titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad—, y los abogados Pablo Pelazzo y Julieta Jakubowicz, integrantes de esa procuraduría especializada.

De acuerdo a la Fiscalía, las autoridades militares habrían ordenado y ejecutado “estaqueamientos” y “enterramientos” para controlar las supuestas indisciplinas de la tropa, producto de las penurias que padecían

El objeto procesal se centra en 22 hechos de torturas llevados a cabo en la Isla Gran Malvina, más precisamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú, donde se desempeñó el Regimiento de Infantería 5 -dependiente a su vez de la III Brigada de Infantería- al que estaban subordinadas cinco compañías militares. Según consta en el dictamen oportunamente presentado por la Fiscalía, las autoridades militares habrían ordenado y ejecutado distintos actos de tortura -entre ellos, los conocidos como “estaqueamientos” y “enterramientos”- con el objetivo de controlar las supuestas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa de, principalmente, la falta de alimento y abrigo.

En la causa, que tras 13 años de trámite acumula más de 120 denuncias por estos hechos, interviene la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, cuya labor está principalmente orientada al análisis de la voluminosa prueba que contiene la investigación y a la proposición de medidas destinadas a la identificación de los responsables y al esclarecimiento de estos hechos.