22 de enero de 2022
22 de enero de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El juicio a 41 imputados por crímenes del terrorismo de Estado
Inspeccionan en Tucumán el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga
Las partes del juicio y los jueces del Tribunal Oral de Tucumán se presentarán en el predio militar para realizar una inspección en el "Galpón N°9", donde funcionó el centro clandestino.

Una importante comitiva encabezada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán e integrada por abogados de las querellas, de las defensas de los 41 imputados y de la fiscalía se dirigirá esta mañana al predio donde funcionó el Arsenal Miguel de Azcuénaga para realizar una inspección judicial a partir de las 10 en el marco de uno de los dos juicio por crímenes de lesa humanidad más grandes desarrollados en el país.

El predio que será objeto de la inspección tiene 300 hectáreas y, de acuerdo con la acusación fiscal, comenzó a funcionar como centro clandestino de detención, tortura y exterminio a partir de los primeros meses de 1976.

El Arsenal está ubicado en las afueras de la ciudad de San Miguel de Tucumán, sobre ruta nacional nº 9, en el municipio de Las Talitas, Departamento Tafí Viejo. Durante la dictadura era ocupado parcialmente, en su extremo sur, por la Compañía de Arsenales 5, dependiente de la V° Brigada de Infantería de Tucumán. El centro clandestino se encontraba hacia el norte y hacia el este de la unidad militar.

La comitiva judicial estará encabezada por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. La fiscalía estará representada por el fiscal general Leopoldo Peralta Palma y los fiscales ad hoc Pablo Camuña y Patricio Rovira.

Todos se dirigirán al denominado "Galpón Nº9", situado dentro del predio, donde fueron concentradas y torturados los prisioneros políticos.

Luego, las partes y los jueces se dirigirán a las fosas comunes que en 2009 fueron descubiertas a unos 200 metros de ese galpón, donde fueron hallados restos humanos a partir de los cuales pudieron ser identificadas doce víctimas de la represión ilegal. En esas fosas fueron inhumadas de forma clandestina una cantidad indeterminada de víctimas, a las que previamente se asesinó en su mayoría con disparos de armas de fuego y luego se quemó sus cadáveres.

La inspección concluirá con la examinación de la zona militar oficial, es decir, en la que se alojaban y se movían los victimarios durante la dictadura.

La jornada de hoy es la continuación de una extenuante audiencia celebrada hasta anoche alrededor a las 23, cuando terminaron de declarar frente al tribunal diez de los doce testigos que estaban previstos, la mayoría de los cuales fueron peritos que realizaron trabajos de investigación sobre el predio.

Los últimos en prestar testimonio fueron los antropólogos del Equipo Argentino de Antropología Forense Juan Nobile y Patricia Bernardi, quienes expusieron sobre los trabajos realizados sobre la fosa común "más grande por sus dimensiones que haya sido hallada en el país ligada víctimas del terrorismo de Estado".

La exposición se centró en la explicación del hallazgo de los restos humanos y en la identificación de doce conjuntos de restos de personas desaparecidas en las fosas comunes situadas en cercanías del galpón que funcionó como centro clandestino.

Los peritos expusieron mediante fotografías e infografías el estado en el que fueron hallados los restos, que en su mayoría registraban el efecto de haber sido expuestos altas temperaturas. De hecho, junto a los restos humanos hallaron rastros de cubiertas de automóviles derretidas. También -gracias a la precisa técnica de prospección utilizada- encontraron vestigios de que con posterioridad el terreno fue removido con una enorme retroexcavadora, tal como se muestra en una de las fotos que ilustra esta nota.

Las audiencias en el juicio que se desarrolla en Tucumán se caracterizan por la alta beligerancia entre las partes durante el debate.

Dos episodios ilustran la situación: en una oportunidad, una familiar indignada se fue de la audiencia a los gritos ante el pedido de un defensor para terminar la audiencia porque sus clientes estaban cansados y el abogado solicitó "la aplicación del poder de policía", es decir, que la retiraran por la fuerza pública cuando ya lo estaba haciendo por sus propios medios.

Más tarde, cuando los testimonios habían terminado, una abogada querellante denunció ante el tribunal que un grupo de defensores oficiales se habían reído durante la exposición de un testigo, lo que generó la réplica de los defensores, que lo negaron y pidieron la filmación del juicio como prueba de ello.