La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y el Programa sobre Políticas de Género del Ministerio Público realizaron el viernes pasado una jornada de trabajo sobre violencia sexual  durante el terrorismo de Estado. La reunión se llevó a cabo en el auditorio Nelly Ortiz, en la sede de Avenida de Mayo de la PGN y participaron fiscales e integrantes del MPF. La idea del encuentro fue compartir experiencias y dificultades en torno al juzgamiento de estos casos cometidos en los centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico- militar. Los ejes que se discutieron estuvieron vinculados a cuestiones procesales, sobre las que expusieron fiscales de las distintas jurisdicciones del país, relatando las experiencias de los procesos en los que intervienen.

En primer lugar, se discutió sobre el requisito de instancia privada de la acción en los delitos contra la libertad sexual, cuya exposición estuvo a cargo del fiscal Federal de Primera Instancia de Reconquista Roberto Salum y de la fiscal Federal integrante de las unidades de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado de Córdoba y La Rioja Graciela López de Filoñuk.

Luego, se analizó la ampliación de la acusación durante el juicio, a cargo del fiscal ad hoc de la unidad de asistencia de Tucumán Pablo Camuña y del fiscal ad hoc de Salta Juan Manuel Sivila. El tercer eje de discusión fue la autoría y la participación criminal en los delitos contra la libertad sexual, cuyos expositores fueron José Nebbia de la unidad de asistencia de Bahía Blanca y de fiscal ad hoc de Tucumán Patricio Rovira. Finalmente, fue el momento de analizar la investigación de violencia sexual contra víctimas hombres, a cargo del fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza Dante Vega y de Pablo Álvarez de Santiago del Estero.

Cada exposición fue seguida de discusiones en torno a la diversidad de problemáticas en cada jurisdicción y en la búsqueda de soluciones en conjunto. Una de las necesidades que surgió con fuerza fue la de generar las condiciones en el sistema judicial para que las víctimas declaren. La tarea, entonces, será sensibilizar a los y las operadores judiciales y entender que estos casos estuvieron atravesado por la cuestión de género.

En ese sentido, se evaluó la posibilidad de armar un protocolo conjunto entre la Procuraduría y el Programa de Género para unificar criterios y continuar con el compromiso del Ministerio Público en el juzgamiento de todos los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado.