El juicio oral y público por la actuación de la Triple A en Bahía Blanca se retomará el jueves 19 y viernes 20 de este mes, con las últimas declaraciones testimoniales ofrecidas por la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal en la jurisdicción. Expondrán entonces la historiadora e investigadora del Conicet Ana Belén Zapata, la directora del Archivo Provincial de la Memoria Claudia Bellingeri, el presidente de la organización internacional Equipo Nizkor Gregorio Diaz Dionis y el ex legislador de la provincia de La Pampa Eduardo Tindiglia.

El debate, que puede seguirse en vivo por el canal de YouTube de la Universidad Nacional del Sur (UNS), tiene como imputados a Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, a quienes se acusa de haber pertenecido a la organización criminal y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo.

En la causa intervienen el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento. Como partes querellantes actúan Hijos Bahía Blanca, la familia de la víctima Luis Jesús García y la UNS.

Amedrentamiento, persecución y miedo

La audiencia del viernes 6 de noviembre comenzó con la declaración de una de las hermanas de Fernando Antonio Alduvino, estudiante de Filosofía de la UNS y ayudante de cátedra ad honorem, secuestrado y asesinado el 21 de marzo de 1975.

La testigo contó que cursaba la Licenciatura en Geología y que formaba parte del centro de estudiantes en el momento en que comienzan a notar la presencia de la Triple A en la universidad. “Nos dábamos cuenta que eran matones, violentos, por la ropa que tenían, oscura, no era como la ropa que llevábamos nosotros, incluso algunos iban de traje… en la universidad abrían la campera para que nosotros veamos que tenían armas, en los pasillos, en el café, nos mostraban las armas”, relató.

También detalló la persecución sufrida en esos años por los estudiantes: “Las muertes eran lo que más trascendía, pero las actitudes cotidianas de violencia que tenían estas personas en todos los ambientes universitarios, en el barrio universitario, en el comedor universitario, en la calle, era de todos los días”, graficó. Eso generó un “clima sumamente espeso”, un “ambiente de miedo” que hizo que la testigo quisiera irse de la ciudad.

Luego agregó que esas personas que frecuentaban la universidad “eran los matones de [Rodolfo] Ponce” -diputado nacional y secretario de la CGT Bahía Blanca, que para la acusación lideraba la organización criminal- “que después se legitimaron siendo guardaespaldas de Remus Tetu”, refiriéndose al interventor de la Universidad Nacional del Sur en aquel momento. “Estos no son los matones de Ponce, esto es un  terrorismo de Estado impuesto por una organización donde había gente que pensaba, donde había gente que hacía la logística, donde había gente que operaba, por ejemplo la universidad prestaba sus autos, para que estos actos ocurran. ¿Cómo puede ser que en un operativo haya autos con el logo de la universidad? Estaba legitimado un terrorismo de Estado”, profundizó..

Cuando secuestraron y asesinaron a su hermano, la declarante -quien ya no vivía en la ciudad– viajó a Bahía Blanca para acompañar a su familia y saber qué había pasado. Inmediatamente su padre y madre la sacaron de la ciudad por temor a que le ocurra lo mismo que a Fernando.

Al igual que otros familiares que ya declararon en este juicio, refirió que la familia supo que el cuerpo de Fernando estaba en el hospital municipal a través de una persona de apellido Soldini, que dijo ser periodista de La Nueva Provincia. Se trata de uno de los integrantes de la nómina desclasificada de Personal Civil de Inteligencia del Ejército durante la dictadura cívico-militar.

Asimismo, describió varios episodios de amedrentamiento y persecución que sufrieron sus familiares con posterioridad al asesinato de Fernando. A su madre “la amedrentaron todas las veces que fue a la comisaría. Le decían: ¿Por qué no piensa en sus hijos más chicos, que pueden sufrir algo?, ¿por qué no piensa en sus otros hijos, y se deja de joder con este que está muerto?”. También contó que a su hermano mayor lo amenazaron dentro de la universidad y debido a ello dejó su carrera, a pesar de faltarle solo cinco materias para recibirse de Contador Público.

Durante su declaración, la testigo hizo referencia a varias de las víctimas de esta organización criminal, entre ellas a su amiga Marisa Mendivil de Ponte: “Ella nunca se metió en política… Su único pecado fue haberse enamorado de un señor que estaba en la JP, que tenía un cargo importante. A él lo estaban buscando cuando se la llevaron a ella. La torturaron ferozmente, cruelmente, estaba embarazada de 5 meses, ¡animales! No se puede creer que haya un ser humano que sea capaz de torturar de semejante forma, con semejante saña a una persona que está embarazada (…) Los pechos fueron torturados con Gillette, fueron quemados con cigarrillo, se enseñaron con una persona que ni siquiera tenía militancia política. Ella apareció muerta rápidamente”.

Al finalizar su testimonio se dirigió al Tribunal Oral Federal -integrado por Roberto Amabile, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido: “Lo que les pido por favor, que cuando ustedes hagan justicia, no nos miren solamente a nosotros que tenemos 70 años, yo les pido que miren por las generaciones que vienen, por nuestros hijos, por los míos y los de ustedes, por nuestros nietos, por los míos y por los de ustedes, por las personas que nos miran desde el mundo. Ese Nunca Más que pudimos entre todos meternos en cada una de nuestras células. Nosotros estamos con las manos abiertas esperando que ustedes llenen ese gran agujero que estas personas dejaron, con justicia”.

“El fin a las libertades de participación activa”

En la misma jornada también declaró un amigo de Carlos Alberto Davit, quien fue secuestrado y posteriormente asesinado el 19 de noviembre de 1975. La víctima, de 26 años y oriunda de la localidad de Guatraché, estudiaba para contador público en la UNS y militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Su cuerpo apareció horas más tarde con signos de tortura y acribillado, colgado de un puente camino a Punta Alta.

El testigo contó que conoció a Carlos en su ciudad natal, Guatraché, provincia de La Pampa, y que también estudiaba la misma carrera. “Se trataba de una persona muy solidaria, muy buen amigo, siempre estuvo a disposición para darme una mano en lo que necesitara”, lo describió.

Consideró que la llegada de Remus Tetu a la Universidad Nacional del Sur “fue el fin a las libertades de participación activa, no solo política, sino también cerró el comedor universitario, cerró los centros de estudiantes, cesantearon docentes… y además ahí es donde empezamos a ver a un Rector de la universidad acompañado por custodios”, inclusive para ingresar a su domicilio, según también refirió.

Cuando fue consultado sobre si, en aquel momento, conoció la identidad de alguno de estos custodios o si había escuchado los nombres de los acusados en este juicio, explicó que “en realidad cuando se hablaba de la patota sindical o de los matones de Ponce, se hablaba como algo compacto como si fuera un grupo único”.

Según el testimonio, algunos días antes de su asesinato Davit lo fue a ver a su casa para pedirle que no vaya más a la pensión porque no quería comprometer a ninguno de sus amigos. Supo entonces que la víctima estaba mudándose ya que lo habían allanado, como así también sobre las amenazas sufridas más de una vez en la calle y “desde el Fiat 125 azul en alguna oportunidad lo habían apretado”. Posteriormente al hecho, el testigo contó que también sufrió persecución, a través de una persona que vigilaba su casa.

En sus palabras, la Triple A fue “una organización terrorista, apoyada por un gobierno constitucional”. Contó que el asesinato de su amigo fue publicado en el diario La Nueva Provincia como un mero hecho policial. “La actitud periodística respecto a esto cuanto menos, fue demasiado pobre” señaló, al tiempo que enfatizó en la “actitud complaciente” de dicho medio periodístico.

Por último, también prestó su declaración en esta audiencia un vecino de Luis Jesús García, quien señaló algunos detalles respecto de la noche del secuestro. Mencionó que vio a tres o cuatro personas, vestidas de civil, que se llevaron al “Negrito” y lo subieron a un auto que estaba allí estacionado. Se trata del trabajador y delegado de la construcción, militante del PRT y del FAS, que con solo 18 años fue secuestrado de su domicilio del barrio Noroeste en la madrugada del 22 de septiembre de 1974.