Con audiencias el martes, miércoles y jueves, todas desde las 9 de la mañana, esta semana continuará el debate oral y público del juicio a la Triple A de Bahía Blanca. Para las jornadas han sido convocados trece testigos, entre los cuales figuran familiares y compañeros de las víctimas y empleados de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de la época en que los imputados actuaron en esa sede bajo las órdenes del rector interventor Remus Tetu. Cinco de las declaraciones se brindarán por videoconferencia.

El debate es transmitido al público a través del canal de YouTube de la Universidad UNS, institución que además es parte querellante en el proceso por el asesinato en sus pasillos del estudiante David Hover “Watu” Cilleruelo.

En la causa -en la que intervienen en representación del Ministerio Público Fiscal el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento se ventila la responsabilidad de los acusados Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno como integrantes de una asociación ilícita a la que se le atribuyen 24 homicidios agravados cometidos entre los años 1974 y 1975 en la zona de Bahía Blanca. Por su parte, Aceituno se encuentra sindicado como coautor del homicidio agravado del estudiante y militante estudiantil “Watu” Cilleruelo. Todos los crímenes fueron calificados por la fiscalía como de lesa humanidad y constitutivos de genocidio.

Los casos de esta semana

Mediante los testimonios, continuará dándose tratamiento al caso de Alberto Mario Pojomovsky, militante del Partido Comunista atacado por un grupo armado el 29 de junio de 1975 mientras conducía su vehículo en compañía de su esposa. En ese contexto recibió varios impactos de armas de fuego calibre 22 y 45. Producto de aquellas heridas, la víctima falleció veinte días después del ataque, en un nosocomio local. De acuerdo a uno de los testimonios prestados en las jornadas anteriores, antes de morir Pojomovsky alcanzó a informar al padre de la testigo que el ataque había sido ejecutado por la gente de Rodolfo Ponce, por entonces diputado nacional y secretario de la CGT local, sindicado por la acusación como uno de los jefes de la organización criminal.

Esta semana comienza a desarrollarse la prueba de los casos de Salvador Julio Trujillo y José Manuel González. Trujillo, de 33 años, era obrero de la empresa textil “Lanera San Blas” de la ciudad y, como integrante de la Asociación Obrera Textil, había sido propuesto como delegado de los trabajadores de aquella empresa para las elecciones gremiales que se realizarían en los meses posteriores a su asesinato. La noche del 20 de septiembre de 1975, la víctima fue secuestrada por un grupo de personas de civil que lo introdujo en un Fiat 125. Su cadáver fue abandonado junto a la ruta de acceso a Puerto Galván, con seis impactos de armas de fuego en la espalda.

José Manuel González integraba el grupo de Scout de la parroquia San Roque de Bahía Blanca, y trabajaba como ayudante de obra en la construcción del complejo petroquímico de la ciudad, para la empresa McKee Techint -la misma que había empleado a otra de las víctimas de la causa, Luis Jesús “Negrito” García-. Elegido delegado de obra e integrante de la comisión directiva de la UOCRA, renunció al cargo tras las reiteradas amenazas recibidas.

El secuestro de la víctima se produjo el 23 de abril de 1975, cuando se trasladaba desde la obra a la parroquia San Roque donde habitaba. El cuerpo de González fue hallado en el kilómetro 720 de la ruta 22, con doce impactos de bala en la cabeza y espalda.