La Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado concluyó ayer su alegato en el juicio conocido como "ESMA IV". El representante del Ministerio Público Fiscal, Félix Crous, solicitó la pena de prisión perpetua por privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios y agresiones sexuales en perjuicio de más de 800 víctimas, para el contraalmirante retirado Horacio Luis Ferrari, el ex cabo Ramón Roque Zanabria, el ex suboficial Carlos Néstor Carrillo, el ex suboficial Jorge Luis Ocaranza, el ex cabo José Ángel Iturri, el oficial retirado Carlos Mario Castellví -todos ellos de la Armada-, el civil de Inteligencia del Batallón 601 Miguel Conde y el ex agente de Policía Raúl Armando Cabral. El pedido de la Fiscalía se produjo al término de su exposición durante tres audiencias ante el Tribunal Oral Federal N°5, integrado por Daniel Horacio Obligado, Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñiguez, además de Javier Ríos como sustituto.

Asimismo, el MPF requirió seis años de prisión para el también integrante del grupo de tareas Claudio Vallejos por su responsabilidad en el secuestro del diplomático argentino y dirigente de la UCR, Héctor Hidalgo Solá, ocurrido el 18 de julio de 1977 en la ciudad de Buenos Aires. El ex embajador en Venezuela, que aún permanece desaparecido, fue visto posteriormente por otras víctimas en el centro clandestino de detención. Por otra parte, no llegó a ser juzgado el ex cabo de la Armada Néstor Eduardo Tauro, quien fue apartado por problemas de salud y murió durante el debate. Una parte de los crímenes perpetrados en la ESMA ya habían sido juzgados en el megajuicio "ESMA Unificada”, a los que se sumaron 26 casos de nuevas víctimas.

Un "aparato industrial de destrucción humana"

En su alegato, Crous ahondó en las formas organizativas y las responsabilidades desarrolladas por los distintos integrantes del aparato represivo de la última dictadura militar. El fiscal calificó al centro clandestino de detención como un “aparato industrial de destrucción humana” y describió el accionar del grupo de la Armada, conocido como “Los Verdes", como “la mano de obra” que permitió que se perpetraran los secuestros, las torturas, la violaciones y homicidios.

El fiscal calificó al centro clandestino de detención como un “aparato industrial de destrucción humana”.

Según señaló la acusación, ese grupo se encontraba compuesto por estudiantes y personal de baja jerarquía de la Armada que llamaban a los secuestrados por sus número para que formen fila y sean trasladados al baño, distribuían alimentos y vigilaban a las víctimas detenidas. En este marco, “Los Verdes” tenían vía libre para hostigar a las víctimas y cometer abusos sexuales. El MPF recordó el relató de una de las víctimas, que narró cómo integrantes de ese grupo “andaban en moto arriba de los cuerpos de las víctimas en el Sótano” de la ESMA. El alegato de la Fiscalía dio cuenta también de la función en el aparato represivo de “Los Pedros”, grupo de la Marina que se encontraba en una instancia jerárquica superior e integrado mayormente por suboficiales, y de “Los Gustavos”, compuesto por auxiliares de inteligencia.

El MPF tuvo por acreditado que Castellví, Zanabria, Carrillo, Cabral, Conde, Ferrari, Ocaranza e Iturri cumplieron funciones en el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA

En ese sentido, el MPF tuvo por acreditado que Castellví, Zanabria, Carrillo, Cabral, Conde, Ferrari, Ocaranza e Iturri cumplieron funciones en el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA que ejecutaba secuestros, torturas y homicidios a perseguidos políticos. En relación a la participación de los imputados en los crímenes, el fiscal aseveró que “eligieron callar” su responsabilidad en la maquinaria descripta, como así también “el destino de las víctimas”. Al respecto, indicó que la participación de los acusados fue voluntaria, ya que habrían elegido y aceptado cometer los crímenes mencionados por distintas motivos.  “Estos hechos fueron cometidos contra la humanidad. Quienes los cometieron son enemigos de la humanidad”, enfatizó Crous antes de solicitarle al Tribunal “que la pena sea proporcional a la magnitud de los crímenes perpetrados”.

La fiscalía sostuvo, en relación al agente Raúl Armando Cabral (apodado "Tiburón") formó parte del grupo de la Policía Federal Argentina liderado por Ernesto Weber, desempeñándose como personal  “operativo” del GT 3.3. que operó en la ESMA. En cuanto a Conde, el MPF tuvo por acreditado que, como personal civil de inteligencia a las órdenes del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, ejecutó tareas de inteligencia en el centro clandestino de detención respecto a personas que se encontraban secuestradas, torturadas y muchas de las cuales serían asesinadas.  En efecto, habría participado en interrogatorios para luego transmitir la información obtenida a la Central de Reunión del Batallón con el objeto de que sea utilizada para llevar adelante nuevos secuestros y, en definitiva, el plan de exterminio.  En relación a Ferrari (alias “Pantera”), se indicó que fue un miembro operativo del grupo de tareas 3.3.2,  a quien los testimonios coincidentes de las víctimas que tuvieron trato con él bajo diversas circunstancias ubicaron en una función relevante en el sector de Operaciones. En tanto, Castellví, bajo el apodo de “Lucas”, integró el Sector Operaciones y el Área de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2, donde operó como enlace con el Ejército, interviniendo personalmente los secuestros, torturas,  homicidios y demás hechos que se le imputan.