El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal federal Federico Zurueta y la auxiliar fiscal Marina Cura, comenzó ayer ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy su alegato en el juicio seguido a 23 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos contra 121 víctimas en la denominada "Megacausa Jujuy", en la que se abordan desde su inicio en 2018, entre otros, crímenes durante la denominada "Noche del apagón" en Libertador General San Martín.

El debate se reanudará el próximo jueves a las 8.30 con la exposición de la fiscalía. El proceso gira en torno a 16 causas por crímenes perpetrados en esa provincia a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, entre los cuales se encuentran también los secuestros masivos ocurridos en la mina “El Aguilar”.

El alegato de la fiscalía

Ante la gran cantidad de hechos, acusados y víctimas, el fiscal Zurueta adelantó a los jueces y las partes la decisión de dividir el alegato en cuatro secciones, a través de las cuales se analizará el funcionamiento de la estructura represiva a la fecha de los hechos y cuál fue el rol de cada uno de los acusados a partir de las pruebas reunidas, comunes a todos los imputados.

En segundo lugar, se abordarán cada uno de los hechos padecidos por las 121 víctimas en conjunto con las pruebas de cada caso, lo cual será analizado por las zonas geográficas que se distingue a esa provincia, entre ellas las quebradas, puna, valles y yungas. Posteriormente, se abordará la responsabilidad penal de los acusados, la fuerza en la que prestaban funciones y su relación respecto a las normas jurídicas vigentes al momento de los hechos, para finalmente ingresar al pedido de penas.

Tras esa aclaración, la auxiliar fiscal Marina Cura avanzó con el análisis de la posición jerárquica que ocupaban los acusados dentro del esquema represor y el contexto histórico en que se cometieron los hechos llevados a juicio tras 44 de años de impunidad.

La fiscalía indicó que los casos de este juicio fueron el resultado de un plan de sistemático dirigido a aniquilar a determinadas personas y a reprimir a parte de la población.

En ese marco, recordó a los jueces que la represión ilegal en Jujuy ya fue analizada y reconocida por ese tribunal en los cinco juicios previos por delitos de lesa humanidad. No obstante, indicó que los casos ocurridos fueron el resultado de un plan de sistemático dirigido a aniquilar a determinadas personas y a reprimir a parte de la población. Para ello, se utilizaron “prácticas ilegales en centros clandestinos de detención, donde se cometieron graves torturas” e incluso el asesinato de algunos detenidos.

Explicó que todo esto devino, tanto de un progresivo deterioro de las garantías constitucionales como de un avance de las fuerzas armadas en la denominada "lucha contra la subversión", lo cual sustentó en prueba documental, como  los decretos que dispusieron la intervención militar en Tucumán.

Documentos

En la primera parte del alegato, la auxiliar fiscal resaltó el decreto N°361 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), mediante el cual se dio vía libre a la ejecución de medidas que se crean necesarias para "aniquilar elementos subversivos" con fines de neutralizar al “enemigo”, plan que se extendió, a través de otros decretos, a todo el país.

En tal sentido, explicó cómo se dispuso una estructura represiva mediante la creación de unidades de mando, entre las cuales mencionó al Consejo de Seguridad Interna de Defensa como una de las principales, de la cual surgieron otras de menor jerarquía, pero con amplio poder funcional y operativo.

Destacó que, en esa construcción de poder, se suscribieron convenios que sumaron a otras fuerzas de seguridad al mismo objetivo de aniquilamiento, como la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Policía de la provincia y el Servicio Penitenciario provincial.

Explicó también como, en la faz operativa, se dispuso la creación de zonas, subzonas y áreas, la dependencia de las mismas a los mandos militares y destacó la importancia que tuvo en estas tareas represivas el aporte de las centrales que tenían como objetivo la reunión de información de inteligencia.

Los hechos vinculados con las víctimas de la mina "El Aguilar" refieren las detenciones ilegales de 27 trabajadores, de miembros del sindicato SOMA y de sus familiares.

Al respecto, referenció ampliamente cómo se constituyeron estas unidades y la dependencia que tenían con otras de mayor jerarquía y otras correspondientes a diferentes jurisdicciones, como la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (DIPBA), la cual poseía registros de informes reportados desde Jujuy.

Por último, la fiscalía analizó el concepto de “oponente” inculcado por las fuerzas militares. El mismo remitía a cualquier persona que se “oponga u obstaculice” el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, siendo sindicados los partidos políticos, las organizaciones sindicales y estudiantiles entre los principales sectores a investigar.

La fiscalía explicó que, de esta manera, no sólo los dirigentes, ya sean gremiales o de orden político, se convirtieron en el “enemigo de la seguridad nacional”, sino también sus familiares, amigos o cualquiera que congeniara con los ideales que estos profesaban. Así, se refirió a la participación que tuvieron en estos crímenes de lesa humanidad tanto la plana mayor del Regimiento de Infantería de Montaña 20, dependiente del Ejército, como las autoridades del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, la policía provincial, la Delegación Jujuy de la Policía Federal y el penal de Villa Gorriti.

Los hechos

Al abordar los hechos, la fiscalía se refirió primero a los casos ocurridos en la zona de quebradas y puna, principalmente en la mina “El Aguilar”, ubicada en el departamento de Humahuaca, a unos 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar. Estos se encuentran mencionados en la causa denominada “Avelino Bazán” y refieren las detenciones ilegales de 27 personas, la mayoría de ellos trabajadores de la mina, como también de integrantes del Sindicato de Obreros de la Mina Aguilar (SOMA), o bien, sus familiares.

Previo a mencionar cada una de esas detenciones, se explicó la disposición física de dos dependencias de la Policía provincial y una de la Gendarmería Nacional que, al momento de los hechos, funcionaban dentro de la mina, donde también había núcleos habitacionales donde residían los trabajadores.

Luego el Ministerio Público se refirió a cómo se produjeron las detenciones -todas en horas de la madrugada- tanto el 24 de marzo de 1976 como en fechas posteriores. Se trató de operativos ejecutados por efectivos de la policía local y gendarmes. Las víctimas fueron alojadas primero en las dependencias de El Molino y Veta Mina, dentro de la empresa minera.

Luego, y casi siempre vendados, esposados o maniatados con alambre, las víctimas eran trasladadas a la delegación de la Policía Federal o al RIM 20, donde eran interrogados, para finalmente terminar encerrados en los pabellones 1 o 5 del penal de Villa Gorriti.

Los detalles de estas detenciones ilegales, golpes y torturas pudieron ser establecidas a partir de los testimonios de la mayoría de ellos, como también de sus familiares, pues en algunos casos las víctimas fallecieron.

En todos los casos, las personas detenidas no fueron informadas del motivo de su arresto y no se los notificó de alguna orden judicial al respecto. Tras ser identificados, eran golpeados, amenazados y cargados a los distintos móviles.

Para reflejar la violencia de este accionar, la fiscalía relató que, en uno de los casos, los efectivos irrumpieron en su casa y lo golpearon brutalmente frente a su mujer, embarazada de 8 meses, y de una hija menor, quienes lloraban y rogaban para que no le hagan más daño.

En otro caso, un trabajador que estaba con su hijo de 8 años fue detenido también a los golpes, sin que los uniformados hicieran nada por el menor de edad, quien se quedó solo en la casa por una semana hasta que llegó un familiar a visitarlo porque era su cumpleaños. Una de las víctimas, en tanto, afirmó haber visto a otro compañero de trabajo, que también fue detenido en esa fecha, con sangre seca en sus ropas y el rostro desfigurado debido a los golpes recibidos al ser arrestado.

Los secuestros se dieron en el marco de operativos ejecutados por efectivos de la policía local y gendarmes. Las víctimas fueron conducidas a las dependencias de El Molino y Veta Mina, dentro de la empresa minera.

Centros de detención

Los hechos sufridos en los lugares de detención se caracterizaron por las pésimas condiciones de alojamiento. Sin la higiene y cuidados básicos, los detenidos eran sacados de las celdas a medianoche para ser interrogados y sometidos a penosas torturas.

Los relatos de las víctimas respecto a los gritos desgarradores de sus compañeros, que durante las noches eran torturados, la falta de sueño, comida, incomunicación con familiares, entre otros padecimientos, reflejaron el grado de violencia con la que se ejecutaron estos operativos ilegales.

En el caso de Avelino Bazán, quien ya no integraba el gremio sino se desempeñaba en el Ministerio de Bienestar Social, el MPF señaló que la víctima permaneció alojada hasta el 7 de octubre de ese año en el penal, fecha en que fue trasladado a la Unidad Carcelaria N°9 de La Plata junto a otros trabajadores. Sostuvo que Bazán, quien escribió un libro sobre los padecimientos vividos, fue liberado en agosto de 1978, pero en octubre volvió a ser detenido y actualmente se encuentra desaparecido.

Por último, analizó  los momentos vividos en los interrogatorios, en los cuales los jefes u oficiales se presentaban con sus armas de fuego, que dejaban a un costado sobre el escritorio de manera intimidatoria. Dijo que las preguntas estaban dirigidas a identificar a otros compañeros sindicalistas, o bien, a la participación en una extensa huelga ocurrida años atrás.

Así, tras cuatro horas casi ininterrumpidas, la fiscalía expuso los graves hechos padecido por 27 de las 121 víctimas de privación ilegítima de la libertad, golpes y torturas, hechos que seguirán siendo expuestos el próximo jueves, cuando se reanude el debate.