El Tribunal Oral Federal de Jujuy suspendió hasta el próximo 6 de mayo los plazos procesales en el juicio de la denominada megacausa -que incluye el juzgamiento de 17 causas acumuladas, entre ellas las de los crímenes en la denominada "Noche del Apagón", los del 24 de marzo de 1976 en Libertador General San Martín y los de Mina El Aguilar- y solicitó al Ministerio de Salud provincial que le informe el cronograma probable de vacunación dispuesto para el interior de la provincia, en especial para el departamento de Ledesma y las fuerzas de seguridad. Para entrar a la fase de alegatos, al debate sólo le restan seis inspecciones judiciales a lugares cerrados, que todas las partes del juicio solicitaron diferir para un contexto en el que la pandemia resulte menos riesgosa para la salud de los y las intervinientes.

De esta manera, el debate en el que se aborda la responsabilidad de 20 acusados por los crímenes contra 122 víctimas en la histórica megacausa entrará en un impase a la espera de la respuesta del Ministerio de Salud jujeño y de una solicitud cursada al Programa Verdad y Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para que informe si los testigos admitidos para las inspecciones oculares pendientes se encuentran en condiciones de concurrir y cuál es su estado de inmunización respecto de la vacuna contra el COVID-19. El tribunal fijó audiencia para el 6 de mayo a las 8.30 para resolver cómo será la continuidad en base a los informes solicitados.

La resolución fue adoptada el viernes pasado como consecuencia de un proceso de consulta que inició el tribunal con las partes luego de que la fiscalía, representada por el fiscal federal Federico Zurueta y la auxiliar fiscal Marina Cura, presentara el 17 de marzo un plan de continuidad de las audiencias, teniendo en cuenta que la única prueba por producir son los reconocimientos judiciales en diferentes localidades de la provincia, que incluyen sedes penitenciarias y policiales, de Gendarmería Nacional y un domicilio particular, y que todas las partes insistieron en su realización.

La fiscalía, en la voz de la auxiliar fiscal Cura, indicó entonces que las inspecciones deben llevarse a cabo de manera presencial para no desnaturalizar el acto y que, por lo tanto, debían realizarse con el menor número de personas posible y con las medidas sanitarias de rigor, como el uso de barbijo, el distanciamiento y la no permanencia durante más de quince minutos en un mismo sitio.

En tal sentido, la representante del MPF postuló las medidas requeridas finalmente por el TOF al Ministerio de Salud provincial y al Programa Verdad y Justicia. También pidió que los defensores informen si los imputados se encuentran vacunados. La fiscalía agregó que, si las medidas excedían el plazo de diez días máximos establecidos en el artículo 365 del Código Procesal Penal entre las audiencias, se suspendieran los plazos procesales "hasta tanto las personas de más de 60 años que tengan factor de riesgo y vayan a concurrir a la inspección estén vacunadas". Las querellas y las defensas adhirieron a la postura del MPF, pues manifestaron su voluntad de no desistir de las inspecciones oculares pendientes.

"Consideramos razonable y apropiado, hacer lugar a la propuesta de suspensión de los plazos procesales realizada por el Ministerio Público Fiscal, las partes querellantes y defensores hasta contar con la información que deberá proporcionar el Programa Verdad y Justicia, el Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy y las partes para así evaluar nuevamente la continuidad y desarrollo regular de las audiencias", señaló el tribunal, y agregó: "Ciertamente esta pandemia resulta un hecho extraordinario que excede nuestras acciones y voluntades".

La suspensión del debate y de los plazos procesales -sostuvo el tribunal- es "la solución que se considera más conveniente para posibilitar que las partes que ofrecieron la prueba puedan producirla en las condiciones adecuadas, resguardándose así su derecho de defensa y el estado de salud de los involucrados en los mismos".