24 de mayo de 2022
24 de mayo de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El centro clandestino de detención funcionó en la vieja antena de Radio Provincia
Juzgan en La Plata a 21 militares, civiles y policías por crímenes en "La Cacha"
Durante el debate se tratarán las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos sufridos en ese centro clandestino por 127 víctimas en 1977 y otros dos homicidios en la vía pública, de noviembre de 1976. Actuarán los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata comenzó a juzgar desde hoy a 13 ex miembros de la inteligencia del Ejército, un ex jefe local de la Armada, cuatro policías bonaerenses, dos penitenciarios y al entonces ministro de Gobierno, el abogado Jaime Smart, por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención La Cacha en 1977 y por el homicidio de dos militantes montoneros perpetrados en la vía pública el 9 de noviembre de 1976.

Los jueces Pablo Jantus, Pablo Vega y Carlos Rozanski juzgarán desde este miércoles a las 10 a los miembros del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, que fue la cabeza de las operaciones clandestinas de la represión en la capital bonaerense: Carlos del Señor Hidalgo Garzón (69 años); Jorge Héctor Di Pasquale (66); Gustavo Adolfo Cacivio (70); Ricardo Armando Fernández (74); Luis Orlando Perea (73); Miguel Ángel Amigo (68); Roberto Armando Balmaceda (66); Emilio Alberto Herrero Anzorena (70); Carlos María Romero Pavón (69); y Anselmo Pedro Palavezzati (70); y el personal civil de inteligencia (PCI) Raúl Ricardo Espinoza (59), Claudio Raúl Grande (62) y Rufino Batalla (66).

También llegan a juicio el ex guardia penitenciario Héctor Raúl Acuña (alias "El Oso") y el ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, Isaac Crespín Miranda, el ex jefe de la Armada en la zona, Juan Carlos Herzberg (86); y los siguientes miembros de la Policía bonaerense: el ex director general de Investigaciones, Miguel Osvaldo Etchecolatz (84), el ex sub director general de Seguridad, Eduardo Gargano (83); el ex jefe de la Unidad Regional, Horacio Elizardo Luján (82), y el ex jefe del servicio de calle de esa unidad policial, Julio César Garachico (72). La nómina de acusados se completa con el ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart (78).

En el debate actuarán el fiscal general Hernán Schapiro y el fiscal ad hoc, Gerardo Fernández, integrantes de la Unidad Fiscal de La Plata que interviene en las causas por crímenes del terrorismo de Estado.

A juicio llegaron 127 casos de víctimas de privación ilegal de la libertad y tormentos en el centro clandestino La Cacha, que funcionó en las instalaciones de la vieja antena transmisora de la Radio Provincia de Buenos Aires, en un edificio emplazado en una zona suburbana, aledaño a las Unidades 1 y 8 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en la localidad de Lisandro Olmos (oeste de La Plata).

Durante la instrucción de la causa la fiscalía presentó la documentación que acredita que el inmueble en donde funcionó “La Cacha” fue pasado de la órbita de Radio Provincia a la del Servicio Penitenciario Bonaerense mediante el decreto N°1060 del Poder Ejecutivo bonaerense el 6 de mayo de 1977.

Smart está imputado por los crímenes en el centro clandestino, aunque también, junto a Etchecolatz, Gargano, Luján y Garachico, será juzgados por los homicidios de Marcelo Gabriel José Bettini y Luis Eduardo Sixto Bearzi —ambos militantes de la Juventud Peronista—, quienes fueron asesinados el 9 de noviembre de 1976 en la calle 4 bis, entre 528 y 529, del barrio de Tolosa, durante un operativo protagonizado por personal del Servicio de Calle de la Unidad Regional de La Plata y del Comando de Operaciones Tácticas (C.O.T.), que dependía de la Dirección General de Investigaciones.

Los casos de Bettini y Bearzi tienen relación con lo acontecido al año siguiente en La Cacha. Para la fiscalía, ambos homicidios acaecidos en 1976 fueron "el comienzo de una saga siniestra para la familia de ambos", dado que el fiscal Juan Bautista Bettini, padre de Marcelo, fue secuestrado el 16 de marzo de 1977 y desde entonces se encuentra desaparecido, al igual que su abuela, María de las Mercedes Hourquebie, secuestrada el 3 de noviembre de aquél año y cuyo cuerpo apareció años después en una tumba sin identificación. Ambos fueron vistos en La Cacha, al igual que parte del entorno de la familia Bettini: el socio de Juan Bautista, Rubén Oscar Contardi; su chofer, Alfredo Temperoni; la hija de este, Cristina Temperoni, y su prima Inés Ordoqui.

En tanto, la hermana de Bearzi, Alicia Estela, fue desaparecida en Rosario en diciembre de 1976 en una fecha próxima a Navidad, mientras que su esposa, Graciela Quesada, fue secuestrada en La Plata el 17 de marzo de 1977 y luego vista en La Cacha.

Las próximas audiencias de este debate se realizarán el 20 y el 27 de diciembre, tras lo cual el tribunal ingresará en receso por la feria judicial y retomará el juicio los miércoles y viernes a partir del 5 de febrero.

La realización de este juicio oral a pocos días de finalizar 2013 es el resultado de ingentes trámites por parte de la Unidad Fiscal Federal de La Plata y de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad ante el TOCF N°1.

Ambos organismos del Ministerio Público Fiscal le plantearon a los jueces su preocupación porque durante este año sólo realizaron dos juicios pequeños por crímenes de lesa humanidad (un caso de apropiación de una hija de desaparecidos y el secuestro de los hermanos Iaccarino) mientras tiene pendientes, además del proceso que hoy comienza, el debate por los crímenes en el Pozo de Banfield, otro por la represión ilegal en la Brigada de San Justo y los delitos perpetrados por la Armada en la zona portuaria, a los que se sumarán otras grandes causas en trámite próximas a ser elevadas a juicio.

Los imputados tienen edades que oscilan entre los 60 y los casi 90 años, circunstancia que pone en peligro la realización del juicio y la esperanza de las víctimas de que se haga justicia, remarcaron desde la Unidad Fiscal Federal al momento de realizar el reclamo.