Con el análisis del contexto histórico y los aspectos generales de lo que calificó como una asociación ilícita, la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca inició hoy su alegato en el juicio por el accionar y crímenes atribuidos a Triple A en esa ciudad y la región, que incluyen 24 homicidios. El representante del Ministerio Público Fiscal Pablo Vicente Fermento ahondó en el surgimiento y los vínculos de la organización paraestatal “con los ámbitos estatales y espacios sociales”, entre los que se identificó al diario La Nueva Provincia, al diputado y dirigente sindical Raúl Ponce y el interventor de la Universidad Nacional del Sur (UNS) Remus Tetu, entre otros. 

La audiencia, que comenzó cerca de las nueve de la mañana y se desarrolló de manera virtual, fue transmitida por el canal de YouTube de la UNS, institución que interviene como una de las querellas. Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca están siendo juzgados Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, a quienes se acusa de haber pertenecido a la organización criminal y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo. 

La fiscalía comenzó su exposición destacando algunos de los testimonios brindados durante el debate, que fueron más de noventa, para “no perder dimensión” de lo sucedido en 1974 y 1975. Uno de ellos fue el del sociólogo e investigador Fortunato Malimacci, quien expresó en el debate que “se empezó a naturalizar la muerte”. Sobre la participación de víctimas y testigos, el MPF resaltó que “estamos en una de las primeras instancias institucionales en que las víctimas pudieron superar el miedo y reclamar justicia con gran valor y coraje”. Sin embargo, reparó en que “la demora de casi medio siglo -para el juzgamiento de los hechos- no es inocua”: en ese sentido, Fermento detalló que, además de prueba, “sobre todas las cosas perdimos personas”, en alusión al deceso de cinco testigos solamente durante lo que lleva transcurrido el debate. 

Las alianzas y tramas detrás de los hechos

Fermento -que representa a la fiscalía junto al fiscal general Miguel Palazzani y el fiscal ad-hoc José Nebbia- detalló una serie de tramas subyacentes al objeto procesal del juicio. Entre ellas incluyó a la “alianza” entre el diputado y dirigente de la CGT [Rodolfo] Ponce “y la familia Massot, dueños del diario La Nueva Provincia", “con momentos de salud y de tensión, como toda alianza”. En relación a ese vínculo, se citaron y proyectaron editoriales publicados a comienzos de 1975 por el periódico, que, por ejemplo, mencionaban la “aviesa maniobra del marxismo” por cuestiones atinentes a la dinámica institucional de la UNS; otra de esas publicaciones rezaba, al respecto, que “si de hacer listas se trata, existe material suficiente para confeccionarlas sin temor a incurrir en equivocaciones o confusiones”. Al día siguiente se difundió allí una carta en la que Ponce pedía la intervención de la casa de estudios. 

Posteriormente, otra editorial de LNP elogió los “operativos de depuración” en otras instituciones académicas y promovía la intervención policial. “Actuaban en tándem, de manera totalmente coordinada”, especificó Fermento. “No hay duda -agregó- sobre el factor de poder que ejerció La Nueva Provincia para la llegada de Remus Tetu”, el interventor a quien se atribuye haber sido uno de los líderes de la Triple A junto a Ponce. 

Para concluir la exposición sobre ese punto, Fermento se refirió al editorial del 3 de septiembre de 1975, en el que el diario expresaba: “Cual signo de los tiempos, Bahía Blanca, aliviada ha visto como el tristemente célebre automóvil azul sin chapas –bautizado ‘la fiambrera’ por el ingenio popular– ya no sale de noche a cumplir su tétrica recorrida, ni está permanentemente estacionado para escarnio de la ciudad a vista y paciencia de cuantos quisieran observarlo”. Al respecto, expresó la fiscalía que “[l]o que interesa es señalar que en este juicio estamos tratando de probar algo que hace cuatro décadas era un hecho notorio, de público conocimiento, al punto que 'la fiambrera' aparecía mencionada en el diario”.

El análisis introductorio incluyó también, a partir de los conceptos elaborados por el sociólogo Daniel Feierstein sobre las etapas que caracterizan al genocidio como proceso histórico, un repaso de la línea histórica con el proceso represivo desde el golpe de Estado del ’55. La fiscalía delimitó allí tres etapas: la primera, que implicó la construcción de la figura del “subversivo” como enemigo interno y otredad negativizada, hasta fines del ’70; la segunda, como un pasaje a la ofensiva contra el enemigo interno (1971/72); y la tercera, la introducción del componente paraestatal, a partir del ’73 y que Fermento especificó como la que es objeto del juicio oral. 

Puntos de inflexión

En ese sentido, se profundizó acerca de los vínculos de la Triple A con la estructura estatal y con otros grupos paraestatales del mismo período, como la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en Mar del Plata. La fiscalía ahondó en el proceso de penetración de la organización criminal en el ámbito gremial y universitario bahiense para las tareas de “depuración” -tanto en la UNS, la UOCRA y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)-, hasta la ejecución del primer asesinato con el patrón de la Triple A el 22 de septiembre de 1974, cuya víctima fue el joven delegado de la construcción Luis Jesús “Negrito” García.

La fiscalía consideró como un punto de inflexión la designación de Tetu como rector interventor de la UNS, en febrero de 1975. Junto con ello se produjo el nombramiento de los integrantes de la organización criminal como personal de seguridad de la casa de estudios, entre ellos los acusados Aceituno, Pallero, Forcelli y Curzio. Todos ya eran conocidos, según reconstruyó el MPF, por su actuación en la UTN y la UOCRA. La creación de un departamento de Seguridad tuvo como objetivo “cumplir con un plan de persecución e intimidación política”, para el que, entre otras cosas, se lo dotó de armas y vehículos, de legajos universitarios y la lista de blancos a agredir o asesinar; también se le liberaba el territorio y brindaban los espacios para actuar, además de garantizarle impunidad.

El grupo que integraban los imputados se caracterizaba, según explicó la Unidad de DDHH, por estar integrado a la estructura represiva estatal montada para la tarea “antisubversiva”, bajo la coordinación y la provisión de medios por parte del Destacamento de Inteligencia 181; y por colaborar con distintos organismos de seguridad. Era el modo, graficó Fermento, para que el Estado cometa aquellas acciones que no podía o no deseaba reconocer como propias.

Antes de que finalice la audiencia, el auxiliar fiscal adelantó que mañana la Unidad de DDHH comenzará a desarrollar las características de la asociación ilícita como tal, sus propósitos delictivos y la prueba. En tanto que, de acuerdo al cronograma establecido, el miércoles será el momento del análisis de los asesinatos en particular y, posteriormente, se abordarán las cuestiones técnicas relativas a la figura penal en que se encuadraron las acciones de los imputados para, finalmente, exponer el petitorio.