El fiscal federal de Mar del Plata, Carlos Adrián Martínez, interpuso hoy un recurso de reposición con apelación en subsidio para que el juez Martín Bava revoque la suspensión de la indagatoria al juez Pedro Cornelio Federico Hooft y lo convoque a declarar, tal como estaba previsto hasta que la Cámara Federal de Mar del Plata le solicitó el expediente. "La suspensión de la audiencia referida no hace más que consentir las evidentes maniobras dilatorias que viene llevando a cabo el imputado a los fines de evitar su comparecencia a la audiencia indagatoria, que se ha fijado en autos por cuarta vez", denunció el representante del Ministerio Público.

El fiscal también advirtió que "la suspensión decretada puede provocar la frustración de los fines del proceso, e incluso conducir a la impunidad del imputado".

En concreto, Martínez solicitó que el juez mantenga la fecha fijada, mediante un recurso cuya finalidad es que el juez reconsidere su decisión inicial. En el caso de que el juez ratifique su postura, Martínez solicitó (en subsidio) que eleve el expediente para que, en definitiva, lo resuelva la Cámara Federal.

Bava había fijado la fecha del 4 de junio para indagar a Hooft, después de tres ausencias del magistrado acusado. Pero debió suspender la indagatoria luego de que la Cámara Federal de Mar del Plata le solicitara el cuerpo principal de la causa para resolver incidentes en donde tramitan los pedidos del imputado para que se declare la nulidad de su llamado a indagatoria y se aparte al juez Bava de la causa.

"Los planteos que actualmente se encuentran tramitando por ante la Alzada vienen a reeditar cuestiones ya dirimidas en el trámite procesal, por lo que no existe motivo que amerite la suspensión decretada en autos", indicó Martínez en el recurso. "Las maniobras denunciadas, que se traslucen en una variedad de planteos recursivos y nulificantes, sólo tienen por fin evitar el avance de la causa y, en concreto, demorar indefinidamente la recepción de la declaración indagatoria del imputado", apuntó el fiscal.

En ese sentido, remarcó que "la suspensión decretada resulta a todas luces improcedente, y al haberse dispuesto como consecuencia de una nueva maniobra dilatoria de la defensa, entiendo que resulta imperativo y urgente restarle cualquier clase de eficacia".

El fiscal citó la Acordada 1/2012 de la Cámara Nacional de Casación Penal, conocida como "las Reglas de Casación", por la cual -entre otras cosas- se dispuso que para agilizar el trámite de las causas "en todas las impugnaciones de cualquier instancia deberán remitirse las piezas imprescindibles para su resolución, evitando acompañar los autos principales".

Martínez refirió que la indagatoria de Hooft "no admite demora, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el inicio de esta causa sin mayores avances procesales y la naturaleza y gravedad de los crímenes que se investigan". El fiscal hizo notar que la causa "lleva más de siete años de trámite" durante los cuales "la defensa ha planteado múltiples incidencias con el objeto de paralizar la instrucción a lo que deben adunarse las múltiples excusacones de magistrados que han tenido lugar".

En el recurso, el fiscal también ponderó la acordada Nº42/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instrumento por el cual el máximo tribunal demandó celeridad en los juicios por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Allí se dispuso que los jueces "en los posible y procedente con consulta al Ministerio Público, evalúen con urgencia las decisiones a tomar a efectos de que sean las más conducentes en cuanto al objetivo de celeridad en el trámite".

Finalmente, Martínez indicó que el recurso interpuesto tiene basamento en la resolución PGN 13/2008, una instrucción general para todos los fiscales que intervienen en juicios por crímenes de lesa humanidad para que postulen el rechazo "in límine" (es decir, sin análisis) de los "planteos dilatorios" frecuentes de parte de las defensas de los imputados en estas causas.