Una nueva reunión anual de la Mesa de Discusión Institucional y Social, creada por la Resolución PGN 1442/13 para abordar los desafíos y las dificultades que se presentan en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la época del terrorismo de Estado, se llevó a cabo el jueves pasado en el salón Nelly Ortiz de la Procuración General de la Nación.

El encuentro se llevó a cabo en la víspera de los 40 años de la histórica sentencia dictada por la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en el “Juicio a las Juntas”, y a pocos meses de que se cumpla el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La reunión fue organizada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que lleva a cabo estos encuentros de forma ininterrumpida desde 2013 con el objetivo de comunicar las principales líneas de acción en desarrollo y abordar -junto a los distintos actores con incumbencia en la materia- los desafíos y las dificultades que se presentan en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la época del terrorismo de Estado.

La actividad se llevó a cabo de forma presencial y contó también con participaciones por medios remotos. Participaron fiscales, funcionarios/as, integrantes de organismos de derechos humanos y representantes de querellas y de agencias estatales que intervienen en los procesos por crímenes de lesa humanidad en todo el país.

La titular de la procuraduría, María Ángeles Ramos, realizó una presentación del estado de situación. Se refirió a los debates orales que se realizaron en el año en sus diferentes modalidades, a los expedientes radicados ante los diferentes tribunales orales a la espera de la realización de los juicios correspondientes y al volumen de causas que se encuentran transitando la etapa de la instrucción. También habló sobre la continuidad de las unidades fiscales de derechos humanos en las jurisdicciones donde se implementó el Código Procesal Penal Federal y en las próximas en las que se pondrá en marcha.

Los fiscales Adolfo Villatte (en uso de la palabra) y Pablo Camuña. Foto: PCCH

La fiscal puntualizó la tarea que se desarrolla desde la procuraduría con el objetivo de identificar a víctimas del terrorismo de Estado a través de la búsqueda y el análisis de expedientes judiciales de la época relacionados con el hallazgo de personas fallecidas y no identificadas oportunamente, e informó que se está elaborando un protocolo de actuación en la materia.

En este sentido el auxiliar fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de Córdoba, Facundo Trotta, informó respecto de los recientes avances en la búsqueda de víctimas realizados en conjunto con el Equipo Argentino de Antropología Forense en el predio del III Cuerpo del Ejército, sitio en el que funcionó el centro clandestino de detención conocido como La Perla.

En el mismo sentido, tanto los fiscales de Rosario y de Tucumán, como integrantes de los equipos fiscales de diferentes jurisdicciones, mencionaron las tareas desarrolladas y las planificadas con relación a la demanda de encontrar e identificar a las víctimas, tarea que una de las participantes relacionó con la consigna “¿Dónde están?”, de los primeros años de la recuperación democrática.

El encuentro permitió el intercambio de opiniones de los diferentes actores. En ese marco, los organismos de derechos humanos pusieron de manifiesto su interés en participar de una reunión de la Comisión Interpoderes, organismo del ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para llevar sus demandas y puntos de vista al máximo órgano judicial del país.

Asimismo solicitaron que durante 2026, cuando se cumplan 50 años del 24 de marzo de 1976, se inste a los diferentes tribunales orales del país para que inicien los debates en las 57 causas elevadas a juicio y que se profundicen las investigaciones tendientes a dar con archivos producidos por la estructura de las fuerzas armadas y/o fuerzas de seguridad durante la dictadura o con los responsables de su destrucción.

El auxiliar fiscal de Córdoba, Facundo Trotta, en pantalla, interviene en la reunión por medios remotos. Foto: PCCH

También pidieron tener una participación activa en la elaboración de estrategias vinculadas con el hallazgo e identificación de víctimas del terrorismo de Estado.

Por el Ministerio Público Fiscal participaron en la reunión los fiscales de Rosario, Adolfo Villatte; de Tucumán, Pablo Camuña; de Paraná, José Ignacio Candioti; de la Unidad de Asistencia de la ciudad de Buenos Aires, Félix Crous; de Río Gallegos, Julio César Zarate; y los auxiliares fiscales de Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, San Martín, Resistencia, Bahía Blanca, Tucumán,  Jujuy, Campana, de los diferentes equipos de la ciudad de Buenos Aires y de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE), entre otros.

También intervinieron representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de distintas jurisdicciones del país; del Espacio para la Memoria y los DDHH exD2 de Mendoza; de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; de la organizaciones H.I.J.O.S. Capital e H.I.J.O.S Bahía Blanca; la Asociación Miguel Ragone de Salta; Familiares de Desaparecidos Mendoza; e integrantes del Colectivo Juicios Mendoza, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe;  y familiares, víctimas y querellantes de diferentes lugaes del país.

El abogado querellante Pablo Llonto, en uso de la palabra. Foto: PCCH