La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad llevó a cabo pasado el viernes la última reunión del año de la Mesa de Discusión Institucional creada por la Resolución PGN 1442/13 para abordar los desafíos y las dificultades que se presentan en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la época del terrorismo de Estado.

La actividad, que se llevó a cabo de forma presencial en el salón Nelly Ortiz de la Procuración General de la Nación y contó con participaciones por medios remotos, reunió a fiscales, funcionarios/as, integrantes de organismos de derechos humanos y representantes de querellas y de agencias estatales que participan en los procesos por crímenes de lesa humanidad en todo el país.

En la apertura del encuentro, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, destacó el trabajo que lleva a cabo la procuraduría especializada y brindó un panorama del estado del avance de estas causas. A continuación, la titular de la procuraduría, María Ángeles Ramos, expuso las principales líneas de acción desarrolladas durante este año y planteó los principales ejes de trabajo para el 2025.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, durante la apertura de la Mesa de Discusión Institucional. Foto: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Al respecto, puntualizó la tarea que se desarrolla desde esa oficina con el objetivo de identificar a víctimas del terrorismo de Estado a través de la búsqueda y el análisis de expedientes judiciales de la época relacionados con el hallazgo de personas fallecidas y no identificadas oportunamente.

El encuentro permitió el intercambio de opiniones de los diferentes actores. En ese marco, los organismos de derechos humanos pusieron de manifiesto su interés en participar de una reunión de la Comisión Interpoderes, organismo del ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para llevar sus demandas y puntos de vista al máximo órgano judicial del país.

Por el Ministerio Público Fiscal participaron en la reunión el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Javier De Luca; la fiscal federal de la ciudad de Buenos Aires Paloma Ochoa; los fiscales federales de San Martín y Campana, Miguel Blanco García Ordaz y Sebastián Bringas, respectivamente; y auxiliares fiscales e integrantes de equipos de las distintas unidades fiscales y fiscalías federales del país que intervienen en las causas por crímenes de lesa humanidad.

También intervinieron representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; de la Comisión Provincial por la Memoria bonaerense; de la Dirección de Control Asistencia de Ejecución Penal –DCAEP- del Poder Judicial de la Nación; del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba; de la Comisión Provincial de la Memoria de Chaco; del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; de la organizaciones H.I.J.O.S. Capital, H.I.J.O.S. Jujuy e H.I.J.O.S Bahía Blanca; y familiares, víctimas y querellantes de todo el  país.