08 de febrero de 2023
08 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El fiscal Facundo Trotta definió el alcance de la represión ilegal en la provincia
La Perla: "Abarcamos el arsenal más importante del aparato represivo en Córdoba"
En la primera jornada de sus alegatos en la megacausa, la Fiscalía describió ayer el plan criminal y el contexto que rodeó a los hechos que afectaron a más de 700 víctimas y por los que están siendo juzgados 45 acusados.

El fiscal general Facundo Trotta comenzó ayer el alegato de la acusación pública en el debate oral y público de lo que denominó "la causa de la nefasta represión ilegal implementada por el terrorismo de Estado en Córdoba", entre marzo de 1975 y fines de 1978, "como parte de la dictadura cívico militar que devastó al pueblo argentino". "Abarcamos el arsenal más importante dispuesto por el aparato represivo del Estado para la violación masiva y sistemática de los derechos humanos en nuestra provincia", consideró el representante del Ministerio Público.

En la jornada de ayer, la Fiscalía abrió lo que será una larga intervención que le demandará meses tanto a Trotta como a sus colegas fiscales Rafael Vehils Ruiz y Virginia Miguel Carmona en la descripción del funcionamiento de la represión ilegal, los casos de 716 víctimas y la responsabilidad de los 45 acusados que integran uno de los juicios más grandes de la historia argentina.

En el juicio, describió el fiscal, se tratan los hechos que tuvieron como epicentro el centro clandestino de detención La Perla, el más grande de Córdoba, pero también se abordan los que funcionaron en el Departamento de Informaciones policial, D2, el campo La Ribera, La Perla Chica o Malagueño, el Destacamento Pilar, La Casa Hidráulica y la comisaría de Bell Ville, y otros hechos sucedidos en otros puntos de la capital provincial y asesinatos cometidos por personal del D2 y del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, tanto en forma individual como cuando lo hacían en támdem, en el marco del denominado "Comando Libertadores de América".

"Se están juzgando hechos que hasta ahora no habían sido objeto de un proceso penal por crímenes de lesa humanidad en Córdoba, como son los delitos de abuso sexual, violación, robo, usurpación, y por fin, la sustracción de un niño menor de 10 años, hijo de Silvina Parodi y Daniel Orozco, nieto de Sonia Torres, esa abuela que ha estado presente durante todo este debate y que espera una respuesta de la justicia, como todas las víctimas y familiares de víctimas de esta causa", señaló ayer Trotta, quien continuará hoy con su exposición junto a Miguel Carmona.

El fiscal enmarcó los hechos llegados a juicio en "una misma irracionalidad", constituida por "un plan de violación de derechos delineado desde el Estado, consistente en la utilización de atroces e inhumanos procedimientos encaminados a la eliminación de aquellos que eran considerados opositores al régimen que se pretendía instaurar, a quienes se les atribuyó el mote de 'subversivos', teniendo siempre como finalidad última lo que se catalogaba como la 'Seguridad Nacional'".

El Cordobazo y después

Para analizar la represión ilegal, el representante del MPF abordó la historia de resistencia de los movimientos obreros y estudiantil de Córdoba, "los sectores más dinámicos y combativos" de las políticas represivas de los gobiernos dictatoriales de Juan Carlos Onganía y de los militares que lo sucedieron. Onganía, recordó Trotta, dijo el 30 de diciembre de 1966 que "esta revolución no tiene plazos dados, tiene objetivos que cumplirá en el tiempo”.

Explicó el fiscal que desde mediados de la década del '60 se implementó "una política de terror que tenía como objetivo anular la resistencia del pueblo argentino, y específicamente del cordobés, en especial de sus sectores más dinámicos y combativos; me refiero a los trabajadores, particularmente los de la industria automotriz, metalmecánica, transporte y electricidad, así como el movimiento estudiantil, no solo universitario sino también secundario".

Esa resistencia, relató el representante del MPF, derivó en el paro activo decretado por la Confederación General del Trabajo (CGT) de Córdoba el 29 y 30 de mayo de 1969, que se convirtió en "la rebelión popular más grande que registra la historia argentina, conocida como el Cordobazo" y culminó con la salida del dictador.

El fiscal también recordó el "provocador discurso" de José Camilo Uriburu, interventor en Córdoba, que desembocó en una nueva rebelión popular que pasó a la historia bajo el nombre de “Viborazo”. Entre otras cosas, el sobrino del dictador José Félix Uriburu -el que inauguró la serie de golpes de Estado militares del Siglo XX-, aseguró en 1971: "Confundida entre la múltiple masa de valores morales que es Córdoba, por definición, se anida una venenosa serpiente cuya cabeza quizá dios me depare el honor histórico de cortar de un solo tajo”.

Antes y después del 24M

En el juicio, se abordan casos de violaciones a los derechos humanos a partir de marzo de 1975. Ese año, describió el fiscal, "fueron sucediéndose diversos hechos, en los que un grupo para policial y para militar, con elementos de civil, conformado por personal del D2 y del destacamento de inteligencia 141, con personal civil contratado, se lanzó a una cacería indiscriminada de quienes, por distintas razones, eran calificados como enemigos". Se hicieron llamar Comando Libertadores de América y fueron "la versión de la Triple A en Córdoba". Actuaron al mando del acusado Héctor Pedro Vergés.

"A partir del 24 de marzo de 1976, y una vez que las fuerzas armadas usurparon el poder, la situación descripta se agudizó, naturalizándose la violación sistemática a los derechos humanos, reflejada a través de un proceder clandestino: secuestros, torturas y desapariciones", detalló Trotta.

El fiscal describió que, a raíz de la organización represiva, la policía y el servicio penitenciario provincial quedaron bajo control operacional del III Cuerpo del Ejército y, específicamente, del área militar 311. El jefe del III Cuerpo, Luciano Benjamín Menéndez, "tenía todo el aparato represivo del Estado a su disposición"

Para dar cuenta de los alcances de la organización, Trotta citó algunos documentos, "memos", elaborados como producto de "la comunidad informativa", es decir, el espacio de interconsulta y decisión en el que confluían en reuniones semanales o quincenales todas las reparticiones de inteligencia de las diferentes fuerzas.

Así, el fiscal citó -y mostró mediante diapositivas- el memo 220, del 10 de diciembre de 1975, que dio cuenta de una de las primeras reuniones bajo el mando de Menéndez. "El tema central de la reunión giró en torno a la organización y funcionamiento del Grupo Interrogador de Detenidos, GID, y en el memo se expresa que esta 'idea nace en ese Comando al asumir el control operacional en la lucha contra la subversión'. Vale decir, ni bien asumió el control operacional, Menéndez pensó en crear un Grupo encargado de interrogar 'detenidos'", subrayó Trotta.

Otro memo sobre el que puso atención fue elaborado el 7 de abril de 1976 en base a una reunión mantenida el día anterior, presidida por el entonces comandante de la IV Brigada, Juan Bautista Sasiaiñ. El tema central del cónclave fue "la importancia de la tarea de acopio de información para la debida inteligencia". Se asignó a las unidades la urgente selección y procesamiento de blancos. Y se reafirmó que en todos los casos se debería actuar luego de realizar consulta previa al comando del Área. "Se planteó como requerimiento para la próxima reunión la fijación del enemigo. Con relación a ello se solicitan blancos de: Montoneros, ERP-PRT, Poder Obrero, Juventud guevarista; activistas gremiales, estudiantiles y área de gobierno", describió Trotta.

"Ataque generalizado y sistemático"

El fiscal también puso de relieve que "existieron distintos integrantes de la sociedad civil, tanto de la Iglesia, de la justicia y del empresariado que colaboraron activamente con el terrorismo de estado y, concretamente, con los hechos de esta causa" y, en ese sentido, remarcó: "por ello siempre he hablado en este juicio de dictadura cívico-militar".

"La complicidad de un sector de la iglesia con la represión comenzó a gestarse en nuestra provincia aún antes del 24 de marzo de 1976, cuando todavía existía un gobierno democrático. Esta complicidad se manifestó de diversas maneras pero sin dudas, una de las más evidentes fue la persecución, secuestro y tortura de sacerdotes llamados 'Tercermundistas'", indicó.

"También un sector muy importante del empresariado colaboró con el terrorismo de estado. Hemos escuchado cómo se elaboraban listas, se remitían carpetas al destacamento de inteligencia 141, donde constaban los datos personales de los trabajadores", dijo, y ejemplificó, entre otros, con el caso de Jorge Luis Argañaraz, empleado de Fiat secuestrado el 22 de noviembre de 1976 y trasladado a La Perla, quien expresó que cuando lo interrogaban por los compañeros que conocía, "al segundo o tercer día [los represores] aparecen con álbumes fotográficos pertenecientes a los trabajadores de Fiat". En esos álbumes, explicó el testigo citado por Trotta, "decía 'Concord', decía 'Materfer' y decía 'Grandes Motores Diesel', lo que le hizo presumir que efectivamente la empresa les había provisto a este grupo de tareas definitivamente estos elementos".

Trotta también recordó que "la situación de los alumnos del Colegio Manuel Belgrano" y "la complicidad" de su ex interventor, Tránsito Rigatuso, quien "confeccionó listas de alumnos y ex alumnos que entregaba a los organismos de seguridad". Además, remarcó la el "rol desempeñado por un sector de la justicia federal" y puntualizó en la causa actualmente en trámite contra ex funcionarios.

"Todos los hechos de esta causa fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Generalizado, por el número importante de víctimas, porque fue un ataque a gran escala, dirigido contra una multiplicidad de personas. Vale decir, no se trató de un hecho aislado cometido por un autor aislado, por iniciativa propia y contra una víctima aislada. Pero además, fue sistemático porque estamos frente a la existencia de un patrón o de un plan metódico, esto es una acción repetida y continua de actos inhumanos conexos", describió.