La Fiscalía puso de relieve el valor de los sobrevivientes y de esos testimonios para probar los crímenes cometidos en la clandestinidad por el aparato terrorista de Estado en Córdoba, en el cierre de su alegato sobre los hechos que llegaron al juicio en la Megacausa La Perla. "Las víctimas no sólo tuvieron que padecer el campo de concentración, sino que además, cuando recuperaron su libertad sufrieron la soledad, en algunos casos, producto del exilio, y en otros, de la actitud de gran parte de la sociedad civil que lejos de comprender el daño que padecieron, en muchos casos, lo ignoraron, dejando a las víctimas sumidas en la más absoluta indiferencia", dijo el fiscal Facundo Trotta sobre los aparecidos con vida de los centros clandestinos La Perla y Campo La Ribera.

El final del alegato de Trotta y de sus colegas Rafael Vehils Ruiz y Virginia Miguel Carmona estuvo signado por las denominadas causas "Maffei" y "Acosta", que llevan el nombre de acusados y que abordan los casos de víctimas sobrevivientes de La Ribera y La Perla, respectivamente, que funcionaron en el predio del Cuerpo III del Ejército. En "Acosta" se investigan 139 casos, mientras que en "Maffei", 202, 44 de los cuales son comunes a las dos causas porque pasaron como prisioneros por ambos lugares.

La próxima semana, entre martes y miércoles, la Fiscalía culminará su exposición con la calificación legal de los hechos y el petitorio, en el que disernirá la responsabilidad y solicitará las penas que para el Ministerio Público Fiscal deben cumplir los 45 acusados en los casos de 716 víctimas. Trotta, Vehils Ruiz y Miguel Carmona llevan exponiendo cinco meses -hubo una pausa durante enero pasado, por la feria judicial- tras haber comenzando a alegar el 17 de noviembre pasado.

El último tramo del repaso de las pruebas -que culminó ayer- se concentró en la situación de las víctimas sobrevivientes, cuyos testimonios han sido fundamentales para la reconstrucción del esquema montado en Córdoba y la individualización de los ejecutores que actuaron bajo el mando del ex general Luciano Benjamín Menéndez.

Esclavos o "la muerte en vida"

Piero Ítalo Argentino Di Monte y Graciela Esther Sosa, embarazada de cinco meses, fueron secuestrados el 10 de junio de 1976.

"En una oportunidad en que estaba siendo brutalmente torturado trajeron a su mujer. Piero relató que se encontraba en una cama de hierro con las extremidades atadas y vio a Graciela Sosa, que tenía las manos atadas adelante, en gesto de protección de su panza. En dicha oportunidad [el jefe de interrogadores del Grupo de Operaciones Especiales, Guillermo Enrique] Barreiro se le acercó a su mujer con la picana. Recordó que en esta sala de tortura estaba Barreiro, que le pegaba con un cable, estaban también un suboficial que llamaban “ángel” Quijano y [el sindicado torturador Luis Alberto] Manzanelli", narró Trotta en su exposición.

La mujer recuperó la libertad en cuestión de días. Piero pasó casi un año en La Perla y un año más en el Destacamento de Inteligencia 141. "El trato que recibió Piero por parte de los imputados es el claro ejemplo de cómo estos se consideraban amos", expresó el fiscal, y describió que "la condición de esclavo se potencia cuando a Piero lo trasladan al Destacamento 141, donde estuvo alojado en una pieza y tuvo que cumplir tareas de electricidad y pintura, obviamente en contra de su voluntad". En aquél contexto, explicó, "la misma persona que lo había estado torturando, como el caso de Barreiro, era la misma que se le acercaba y se le ponía charlar".

Otro de los centenares de casos que trató el fiscal es el de Ana Iliovich, una sobreviviente que pasó dos años en La Perla. "En términos de la testigo significó su muerte, su muerte en vida", dijo. "Lo peor que le podía pasar a un ser humano, ser considerado una cosa, ser un esclavo sometido a la voluntad de tu amo, siendo explotados y maltratados con toda clase de tortura. El hecho de estar tabicados todo el tiempo, sin saber donde estaban, ser un número, ser sometida a picana eléctrica, toda clase de golpes y vejaciones. Ser obligada a dar información, escuchar las otras torturas. Todo eso fue La Perla", describió el representante del Ministerio Público, que destacó asimismo "la fuerza y el compromiso" de la víctima que "con el mayor tormento de una memoria que duele y lastima cada vez que recuerda" logró reconstruir la lista de prisioneros. "Esa lista es el triunfo de los que no tienen voz, de los que no están", indicó Trotta.

"El olor a podrido de tu esposo"

Graciela Geuna estuvo secuestrada dos años en La Perla, entre junio del '76 y abril del '78. "No podríamos contar todo lo que tuvo que vivir Geuna en el campo de concentración porque necesitaríamos más de una audiencia", dijo Trotta al analizar su caso.

"Tuvo que soportar el infierno, ver cómo mataban a su marido y además tener que escuchar del acusado [Héctor Pedro] Verges referirse a su esposo, en varias oportunidades, como 'el olor a podrido que emanaba'", relató el fiscal. Vergés era el jefe del Grupo de Operaciones Especiales y uno de los líderes de la banda paramilitar autodenominada Comando Libertadores de América, la versión local de la Triple A.

La mujer también vio cómo moría en sus brazos, producto de la tortura, su amiga María Luz Mujica y también supo de la muerte de otra amiga, Anita Villanueva.

La Fiscalía recordó en su alegato -el juicio es tan largo que Geuna prestó testimonio en este juicio oral el 1° de agosto de 2013- la reflexión que realizó la víctima durante la audiencia sobre el dolor de ser una sobreviviente: "Hay otras maneras de matar, diferentes de la muerte, atrapados sin salida. No nos eligieron para durar porque estuviéramos destruidos, nos eligieron para destruirnos en vida".

La víctima se refirió también a las sofisticadas formas de destrucción de la personalidad que tenían los represores de La Perla, que llevaban a los secuestrados a presenciar los operativos de secuestro de sus propios compañeros: "Con la exposición, al sacar a la gente en autos con ellos a los operativos, conocieran o no conocieran gente, el objetivo de destrucción fue mostrarnos como si fuéramos cómplices. Y este paso fundamental en el ataque a la identidad tiene un doble objetivo: hacia afuera generar mal entendido, equívoco, y hacia adentro de la subjetividad de la persona, hacernos sentir sucios".

Geuna reflexionó que "afuera esa manipulación funcionó porque mucha gente interpretó según lo que los militares querían, eso querían, como si fuera una actitud autónoma y voluntaria de los secuestrados y no impuesta y manipulada". Y concluyó: "El campo [de concentración] no existe solo sino en una sociedad concentracionaria que normalizó el campo. El proceso de normalizar, familiarizarse con los crímenes, es antes que nada social".

La Ribera

El empleado bancario Ricardo Obregón Cano, hijo del ex gobernador justicialista, estuvo secuestrado en el D2, en la Unidad Penal 1 y en La Ribera, donde le explicaron que "lo suyo es por portación de apellido".

El sobreviviente relató que en La Ribera estuvo en una cuadra con aproximadamente cien detenidos, a quienes "frecuentemente los sacaban al patio para que hicieran flexiones, saltos de rana" y que "cuando alguno se cansaba y dejaba de hacer los ejercicios, era brutalmente golpeado por algún gendarme".

Dijo que tanto él como el resto de las personas secuestradas en ese lugar "estaban con todo el cuerpo inflamado, producto de las patadas recibidas con los borceguíes" y puntualizó que en una ocasión le tocó presenciar cómo murió el médico Calabrese durante esas sesiones. El hombre, que era director de un neuropsiquiátrico, había sido recientemente operado del corazón, se desvaneció y falleció a su lado mientras era obligado a realizar flexiones. “El último suspiro lo escuché yo”, citó Trotta el testimonio de Obregón Cano.

La cruz

La visita de la Cruz Roja Internacional en 1978 fue uno de los ejes de los testimonios de varios sobrevivientes. Los integrantes de la misión humanitaria estuvieron en la guarnición militar, en la sede misma de los centros clandestinos de detención.

En base a las declaraciones de los sobrevivientes, el fiscal Trotta reconstruyó los hechos. Explicó que algunas víctimas, que estaban con un régimen de "libertad vigilada" fueron reingresadas a los centros clandestinos y fueron mostradas a la misión junto a otras que permanecían detenidas ilegalmente.

"Los vistieron de 'secuestrados' y los encerraron detrás de una reja, mientras pasaban bandejas con muchísima comida, con toda clase de pescados, verduras, frutas, etcétera", explicó Trotta, y señaló que los intergrantes de la Cruz Roja "llegaron junto con el coronel [César Emilio] Anadón y de esta forma fueron interrogados". Entre otros, también estaba presente Barreiro.

"Los detenidos fueron interrogados por la situación en la que se encontraban pero las respuestas no fueron libres sino todo lo contrario, debido a la situación de encontrarse allí quienes habían sido sus captores y torturadores", explicó el fiscal.

En efecto, la sobreviviente Graciela Geuna dijo que "tuvieron que decir que habían sido detenidos tres días atrás y que estaban siendo muy bien tratados" y que "en ningún momento quedaron solos con la Cruz Roja". "La farsa que realizaron ante los organismos internacionales los militares argentinos no podía ir más lejos", señaló la testigo, citada por Trotta.

El fiscal concluyó que "el desempeño de la Cruz Roja significó en algunos casos una pantalla que fue funcional al accionar desplegado por la dictadura cívico-militar", aunque remarcó: "Tampoco puedo olvidar, y por ello no corresponde generalizar, que hubo casos en los que la visita de la Cruz Roja permitió el traslado de la víctima a una cárcel federal". Recordó al respecto el caso de Cecilio Salguero, quien pudo mantener una reunión a solas en la UP 1 con la misión de la entidad humanitaria y denunciar que era "rehén de Menéndez", tras lo cual logró que lo "legalizaran" -es decir, que se reconociera que estaba detenido- y luego salvar su vida tras un traslado a otro penal.