Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata comenzó ayer el juicio a cinco ex militares que integraron el Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de City Bell, acusados de participar en 1977 en un operativo en el que fueron asesinados un hombre y una mujer y secuestrados tres niños en la localidad de Berazategui.
Los acusados son Carlos Alberto Bazán, quien por entonces era el segundo jefe del Batallón de City Bell; Francisco Ángel Fleba, quien cumplía funciones como oficial de Inteligencia en esa misma unidad; Eduardo Arturo Laciar, oficial de Operaciones; Daniel Eduardo Lucero, jefe de la Compañía B; y Eduardo Enrique Barreiro, entonces a cargo de la tercera sección de la misma compañía. Es la primera vez que llegan a instancia de juicio. En 2015, la Unidad Fiscal de La Plata había solicitado su elevación a juicio junto a otros dos imputados: el ex jefe del Batallón, Néstor Horacio Falcón -condenado por su contribución en los crímenes de la Operación Cóndor en 2016-, sobreseído en esta causa por problemas de salud irreversibles, y el oficial de Logística, Silvestre Santiago Badías, fallecido.
En esta instancia, el Ministerio Público Fiscal es representado por la misma Unidad Fiscal que impulsó el proceso, cuyo titular es el fiscal general Hernán Schapiro, quien cuenta con la asistencia del auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira. Ambos estuvieron presentes en la primera audiencia, en la que se leyó el requerimiento de elevación a juicio de la causa y los imputados se negaron a prestar declaración indagatoria; ninguno estuvo presente en la sede del tribunal, ya que siguieron la jornada mediante videoconferencia. En la acusación también interviene, en carácter de querellante, la secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, que ayer solicitó que el juicio sea transmitido por el Centro de Información Judicial (CIJ). La próxima audiencia está prevista para el 6 de mayo, fecha en la que comenzarán a recibirse las declaraciones testimoniales.
Al pedir la elevación a juicio de la causa, la Fiscalía enmarcó los delitos como “crimen de genocidio" y "de lesa humanidad”.
La acusación
Los integrantes del Batallón enfrentan una acusación por homicidio calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas en el caso de las víctimas adultas, privación ilegal de la libertad por la niña de doce años, y retención y ocultamiento de los niños de 10 y 1 año de edad. Con amparo en la jurisprudencia internacional, la Fiscalía enmarcó esos delitos del derecho interno en el “crimen de genocidio y delitos de lesa humanidad” y formuló una acusación alternativa sólo por crímenes de lesa humanidad para el caso de que fuera rechazado el primer encuadre.
Los hechos por los que son juzgados los cinco imputados ocurrieron en la mañana del 6 de septiembre de 1977, en la localidad bonaerense de Berazategui
Los hechos por los que son juzgados los cinco imputados ocurrieron en la mañana del 6 de septiembre de 1977, en la localidad bonaerense de Berazategui, cuando la Tercera Sección de la Compañía B del Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell encabezó, junto a personal de otras fuerzas, un operativo casa por casa que fue resistido por los ocupantes de una finca y que derivó en una balacera. Por la madrugada, María Nicasia Rodríguez, madre de una niña de por entonces 12 años, de un varón de 10 y de una beba de un año y medio, resistió a tiros el ingreso de los militares junto Arturo Alejandrino Jaimez, alias "Silver".
Los dos fueron asesinados e, incluso, sus cuerpos fueron ametrallados con posterioridad a la ejecución, de acuerdo con los testimonios incorporados a la causa. Jaimez continúa aún desaparecido, pero el cuerpo de María Nicasia Rodríguez fue recuperado en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAA) en una tumba NN del cementerio de La Plata. En el contexto del tiroteo, el soldado Alberto Barbusano murió como consecuencia de un disparo, mientras que otro conscripto resultó herido. Los hechos que los afectaron quedaron plasmados en documentos administrativos del Ejército hallados años después que constituyeron la base para iniciar la investigación penal.
En la actualidad, sólo dos de los imputados (Eduardo Enrique Barreiro y Daniel Eduardo Lucero) se encuentran alojados en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, que funciona en las instalaciones de la guarnición militar de Campo de Mayo. Los otros tres acusados, en tanto, cuentan con prisión domiciliaria. El juicio -cuyo inicio originalmente estaba previsto para el 8 del corriente mes- es llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata, que integran los jueces titulares Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo y el juez subrogante Germán Castelli.