El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata comenzó hoy el juicio a tres civiles acusados de cometer crímenes de lesa humanidad desde el grupo paraestatal Concentración Nacional Universitaria (CNU) contra 13 víctimas en los meses previos y en los días posteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Los tres acusados que llegaron a esta instancia son Carlos "El Indio" Castillo (73 años), quien ya cuenta con una condena a prisión perpetua por hechos juzgados en el primer tramo de esta causa y está siendo juzgado en otro juicio oral por la comisión de crímenes en el mismo periodo; Antonio "Tony" Jesús (74); y Juan José "Pipi" Pomares (71), juzgado y absuelto en otros hechos que integraron la primera parte de esta causa, en un pronunciamiento que no se encuentra firme, dado que el mismo tribunal que ahora lo juzga debe dictar una nueva resolución en virtud de una orden de la Cámara Federal de Casación que había revocado -en dos oportunidades- fallos absolutorios a su respecto.

Castillo y Pomares siguieron la audiencia por la aplicación Zoom desde la Unidad N°34 del Servicio Penitenciario Federal, situada en la guarnición militar de Campo de Mayo, mientras que Jesús lo hizo desde su domicilio.

El debate -que se realiza con modalidad presencial y virtual- está a cargo de los jueces subrogantes Jorge Gorini (presidente) y Fernando Minguillón, y la jueza María Gabriela López Iñíguez. Como juez suplente actúa Ricardo Basílico. La Unidad Fiscal Federal de La Plata que interviene en este tipo de procesos, integrada por el fiscal general Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Noguiera, representa al Ministerio Público Fiscal.

El juicio dio inicio con la lectura de un resumen de la acusación -acto que no concluyó- y continuará el próximo 4 de marzo a las 10.00.

“Los integrantes de la CNU tuvieron como objetivo la eliminación de los 'subversivos' u opositores políticos al gobierno y, para ello, llevaron adelante diversas y múltiples acciones armadas y planificadas. En ellas exhibían una especie de sello característico que consistía en acribillar a sus víctimas con una gran cantidad de impactos de armas de fuego. Este ensañamiento respondía a tres objetivos: instalar el terror, demostrar la identidad de los autores -era una especie de firma de sus crímenes- y su capacidad operativa", indicó la Unidad Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio, leída en audiencia por la secretaria del tribunal, Verónica Michelli.

Los jueces, imputados e integrantes de diferentes partes del proceso participaron de forma virtual. Imagen: canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación.

Genocidio o crímenes contra la humanidad

Al confirmar la condena de Castillo en el primer tramo de esta causa, la sala IV de la Cámara Federal de Casación ratificó que el grupo que el acusado integraba cometió crímenes de lesa humanidad, puesto que "ha sido debidamente probado en autos que la agrupación Concentración Nacional Universitaria funcionaba con la aquiescencia absoluta del Estado y que formaba parte integral del plan de represión que era dirigido desde las más altas esferas del gobierno argentino de aquellos tiempos".

En la acusación que llegó a juicio, la Unidad Fiscal consideró que "las acciones que aquí se juzgan pueden considerarse de modo objetivo como actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, solventado en un orden concurrente o acumulativo entre ambas figuras". No obstante, calificó "de manera alternativa por crímenes contra la humanidad", y en el marco del derecho interno sostuvo que los hechos encuadran en los delitos de homicidio calificado, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, violación de domicilio, robo y daños.

"Castillo, Pomares y Jesús resultan coautores, en la medida que como integrantes del grupo que perpetró los hechos han ejecutado sus aportes individuales con un claro dominio de los mismos", puntualizó la Unidad Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio.

Los casos que llegaron a juicio

Trece víctimas de diferentes delitos -nueve de ellas, asesinadas- conforman el objeto de este juicio. De acuerdo con la pieza acusatoria, son los siguientes:

• Jorge Rosendo Ruda, trabajador del Registro de las Personas y militante de la Juventud Peronista, fue secuestrado el 8 de diciembre de 1975 en su domicilio del barrio San Carlos por un grupo de personas armadas, como final de un largo periodo de amenazas y hostigamiento que había iniciado en 1974. De acuerdo con el testimonio de su hermano citado por la fiscalía, "lo llevaron a un camino que conduce a la localidad de Arana, le ataron en las manos una carga de explosivos y previo a hacerlos explotar, lo asesinaron con 50 impactos de bala".
• Ricardo Arturo Rave, alias "Patulo", también militante de la Juventud Peronista, fue secuestrado por un grupo armado en el domicilio de sus padres en la madrugada del 24 de diciembre de 1975. "Su familia supo que Ricardo fue golpeado, pateado y colgado con alambres en el puente del denominado ‘Camino Arana’, ubicado en la intersección de las calles 30 y 90, de la ciudad de La Plata. Recuperaron su cuerpo la mañana del 25 de diciembre de 1975", describió la fiscalía en la pieza acusatoria. El homicidio se produjo en un contexto de persecución previa, que incluyó el secuestro de uno de los hermanos de la víctima, de 9 años de edad por entonces.
• Alcides Emilio Méndez Paz y Daniel Rayson Midon, trabajadores del Astillero Río Santiago y de Propulsora Siderúrgica, respectivamente, fueron secuestrados en la madrugada del 19 de febrero de 1976 por grupos armados que irrumpieron en sus domicilios de las localidades de Ringuelet y Berisso. Sus cuerpos aparecieron baleados en la mañana a la vera de la ruta provincial 215, en Coronel Brandsen.

La auxiliar fiscal Ana Oberlin y parte del equipo de la Unidad Fiscal que asiste en este proceso. Foto: MPF.

• Walter Martini, de diez años al momento de los hechos, su madre Elia Zanata, su hermana Graciela Martini, Néstor Dinotto, Hugo Pastorino y Adelaida Úrsula Barón fueron víctimas de un raid criminal producido por el mismo grupo armado en la noche del 3 y la madrugada del 4 de abril de 1976 en el domicilio de la familia Martini situado en la zona norte de la ciudad de La Plata. Walter y su madre fueron encerrados en su domicilio por el grupo atacante, que buscaba intensamente a las otras víctimas, a quienes esperaron hasta la madrugada. Graciela Martini y su pareja Néstor Dinotto fueron torturados y asesinados esa misma noche con decenas de disparos -sus cuerpos aparecieron en la mañana en un lugar descampado de City Bell-, mientras que Pastorino y Barón fueron privados de su libertad y sufrieron diferentes violencias.
• Carlos Alberto Sathicq, Leonardo Guillermo Miceli y Horacio Salvador Urrera también fueron víctimas de un raid homicida de un grupo armado entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de abril de 1976, cuando fueron secuestrados en sus domicilios, en distintos puntos de La Plata, y asesinados. Horas después sus cuerpos aparecieron flotando sobre el arroyo Santo Domingo, en Sarandí. Sathicq y Miceli eran empleados de una empresa de limpieza que realizaba tareas de mantenimiento para Propulsora Siderúrgica, mientras que Urrera trabajaba en el Registro de la Propiedad provincial. Los tres eran estudiantes universitarios y militaban en diferentes espacios.

Los acusados

Castillo, que fue condenado en 2017 por los hechos que tuvieron -entre otros casos- como víctimas a Miceli, Graciela Martini, Dinotto, Barón y Pastorino, llegó a juicio acusado por el resto de los hechos y víctimas. En tanto, Pomares, quien en el mismo juicio previo fue absuelto por los hechos que afectaron a Graciela Martini, Dinotto, Barón y Pastorino, será juzgado por los crímenes cometidos contra Walter Martini, Zanata, Miceli, Urrera y Sathicq.

Finalmente, Jesús está acusado por los crímenes cometidos contra Walter y Graciela Martini, Zanata, Dinotto, Pastorino y Barón.

Entre los antecedentes, la acusación fiscal recordó que en 1980 los tres acusados fueron condenados como integrantes de una asociación ilícita, por diferentes hechos cometidos junto a otras personas que integraban la misma organización, entre ellos el robo de bienes a las víctimas de secuestros y homicidios.

Los organismos de DDHH colgaron banderas en reclamo de justicia en la antesala del debate, en el primer piso de los tribunales federales platenses. Foto: MPF.