"Luego de valorar la prueba producida en este juicio, esta Unidad Fiscal acusa a todos los nombrados por crímenes contra el 'derecho de gentes', sancionados con penas en el Código Penal argentino al momento de cometidos", sostuvo el fiscal general Gonzalo Miranda, coordinador de la Unidad Fiscal que interviene en los juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata, en el alegato que dio inicio el jueves pasado y que continuará la próxima semana en el debate en el que se juzga a 15 acusados -civiles, exmilitares y expolicías- por los delitos cometidos contra 294 víctimas en tres dependencias policiales que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura.

Miranda alternó el alegato junto al auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira, durante una audiencia que se llevó a cabo en el primer piso de los Tribunales Federales de La Plata. Junto a ellos también se encontraba la auxiliar fiscal Ana Oberlin y la secretaria de la Unidad Fiscal, Soledad Gorelik, y parte del equipo de trabajo de esa oficina especializada. La audiencia fue presidida de modo presencial por la jueza subrogante Karina Yabor, mientras que los jueces Andrés Basso y Ricardo Basílico -también subrogantes- participaron por Zoom, tal como lo hicieron la mayoría de las partes.

"No estamos ante episodios comunes surgidos en la normalidad de un sistema. Esta causa involucra crímenes de Estado actuando como una organización criminal. Delitos sistematizados con el objetivo de transformar y exterminar personas a través de procesos deshumanizantes. Y en esa dimensión, se trata de hechos que produjeron un daño inconmensurable", remarcó Miranda. Nogueira luego puso de relieve que el juicio verificó como patrones comunes los interrogatorios bajo tortura, las condiciones inhumanas de detención, la obtención de información "como vector principal y base de la actividad de inteligencia" y que la "información obtenida fue la fuente de retroalimentación del sistema criminal, permitiendo su continuidad y expansión".

El equipo de trabajo de la Unidad Fiscal de La Plata en este juicio. Foto: MPF

Este juicio oral, que se lleva a cabo desde hace más de dos años y medio -inició el 18 de mayo de 2023-, aborda los crímenes del terrorismo de Estado en los centros clandestinos que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía bonaerense, que funcionaron en un mismo espacio en las grandes instalaciones ubicadas en la intersección de las calles 1 y 60 de la capital provincial y en las comisarías 8va y 2da de esa ciudad.

Los quince acusados a quienes hizo referencia el fiscal general son el exoficial de Inteligencia del Regimiento 7 de Infantería de La Plata, Jorge Alberto Crinigan, y sus excamaradas, el exoficial de Operaciones Ismael Ramón Verón, el exjefe de la Compañía A, Lucas Marcelo Castro, y los exoficiales de Personal Enrique Francisco Welsh y Rubén Vicente Sánchez, y el exoficial de Logística Enrique Armando Cicciari; el excabo primero de la Policía Federal Carlos Hugo Leguizamón; los expolicías bonaerenses Claudio Rubén Mejías, Tomás D’ottavio y Raúl Ricardo Monzón, quienes se desempeñaron como oficiales en las instalaciones de 1 y 60; los exoficiales del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale; y los civiles Carlos Ernesto Castillo, integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), y el abogado Jaime Lamont Smart, quien fue el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires a la época de los hechos.

La exposición del MPF desagregó en datos estadísticos la información sobre lugares de comisión de los delitos, el perfil de las víctimas y las características del plan criminal implementado en La Plata en el denominado "Circuito Camps", en alusión al fallecido jefe de la Policía provincial, Ramón Camps. El alegato de la fiscalía continuará con extensas jornadas, que serán transmitidas por los canales de Youtube del Poder Judicial de la Nación, de La Retaguardia y de la Comisión Provincial por la Memoria, el 18 de diciembre, de 7.30 a 12.30 y de 14.30 a 19.30; el 22 de diciembre, de 11.30 a 13.00; y el 30 de diciembre, de 7.30 a 16.30.

La audiencia fue presidida presencialmente por la jueza subrogante Karina Yabor. Foto: MPF

Desde el mismo día del golpe de Estado

Nogueira marcó que el 76% de las 294 víctimas fueron secuestradas en La Plata, Ensenada, Berisso, Florencio Varela y Berazategui, y que del total, 154 fueron privadas de su libertad entre marzo y mayo de 1976, de las cuales 150 fueron llevadas a la sede policial situada en 1 y 60.

De todas las víctimas, marcó, 279 recuperaron la libertad (95%), 8 fueron desaparecidas y asesinadas, y 7 se encuentran desaparecidas.

El funcionario describió que 172 "se vinculan con 1 y 60, un 59 %; 90 con la Comisaría 8va., 31 %; 21 a ambos centros clandestinos, 7 %; en tanto que 11 son exclusivas de la causa acumulada por Comisaría 2da., 4 %".

También expuso los siguientes datos:

• El 77% de las 294 víctimas fueron varones y el 23%, mujeres.

• La mitad de las víctimas tenía entre 18 y 29 años; el 24%, entre 30 y 39; el 10%, entre 40 y 49 años; un 3%, entre 50 y 59; y un 1%, más de 60.

• El 91,8% de las víctimas son argentinas. Se registraron 12 oriundas de Chile, 3 de Bolivia y 5 de Italia, y un caso de Paraguay, Perú, Uruguay y Colombia.

• 141 víctimas eran únicamente trabajadoras; 36, estudiantes universitarias o secundarias; 31, trabajadores profesionales; y 22 eran estudiantes y trabajadores.

• Más de la mitad de las víctimas trabajadoras tenían un empleo en fábricas y la mayoría de ellas se desempeñaban sus tareas en el cordón industrial de La Plata, particularmente en el Astillero Río Santiago, en Propulsora Siderúrgica y en Sociedad Industrial Aparatos de Precisión (SIAP).

• Si bien la proporción de funcionarios públicos fue baja entre las víctimas, entre ellas estuvieron los intendentes de Berisso, Jorge Matkovic, y de Ensenada, Arduino Ghio.

• En cuanto a la actividad política de las víctimas (la investigación detectó que más del 40% militaba en diferentes espacios), la mitad de las personas (48%) tenía militancia política de alguna clase y un 37% tenía militancia sindical. En menor medida, un 12%, tenía militancia estudiantil universitaria o secundaria. Finalmente, el 2% tenía militancia social o barrial.

La audiencia se llevó a cabo en la sala del primer piso de los Tribunales Federales de La Plata. La mayoría de las partes intervino por Zoom. Foto: MPF.

El fiscal Miranda luego expuso que en 1 y 60, por donde pasó la mayor cantidad de víctimas de este juicio, la mayoría (23%) permaneció entre 6 y 10 días; el 19% estuvo ente 1 y 6 meses; el 18% estuvo entre 11 y 30 días; y un 8% por espacio de horas. Precisó que hubo un caso de una persona que permaneció más de 6 meses y señaló que sobre 26 víctimas no se pudo establecer el dato. En tanto, refirió que la permanencia de las víctimas en la comisaría 8va se extendió en la mayoría de los casos entre 1 y 6 meses (33%), y luego le siguen entre 11 y 30 días (22%), de 6 a 10 días (14%) y de 7 a 12 meses (12%). Un 9% estuvo entre 1 y 5 días y el 3% permaneció horas y hasta 1 día, mientras que en el 8% de los casos no se cuenta con información, detalló.

Finalmente refirió que en la comisaría 2da las 11 víctimas permanecieron en el lugar durante horas. En esta dependencia policial, describió el fiscal, funcionó una delegación de la Dirección General de Inteligencia de la Policía bonaerense.