Los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira requirieron este miércoles al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 que "fije pronta fecha de inicio de la audiencia de debate" en la causa unificada que aborda los crímenes en los centros clandestinos de detención pozos de Banfield y Quilmes y remarcaron que es "una imperiosa necesidad" el comienzo del juicio.

El debate oral en ambas causas viene largamente demorado. El primer tramo de la elevación a juicio llegó a esa instancia en 2012. En conjunto, los dos centros clandestinos de detención representaron dos núcleos centrales del terrorismo de Estado en la zona sur del Conurbano bonaerense. Las causas contienen una nómina de 429 víctimas y 19 imputados, esta última reducida por el paso del tiempo y el fallecimiento o la incapacidad sobreviniente por problemas de salud.

Las demoras en la tramitación de este y otros expedientes viene siendo advertida por la Unidad Fiscal. Uno de los problemas radica en la falta de jueces titulares en la jurisdicción y la composición del tribunal con magistrados subrogantes de otras jurisdicciones.

En efecto, la presentación de los fiscales fue efectuada pocos días después de que la Cámara Federal de Casación integrara el tribunal que debía juzgar estos hechos con el camarista Andrés Basso, quien actúa ante los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de Ricardo Basílico, de los TOF de San Martín, como cuarto juez. Ya se encontraban designados los jueces Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers, también de San Martín.

Pero anteayer, rato después de que la Unidad Fiscal ingresara su pedido de realización pronta del juicio, los fiscales fueron notificados de que la Cámara de Casación aceptaba el apartamiento solicitado por Basso y que integraba su lugar con el cuarto juez Basílico.

La situación preocupa a la Unidad Fiscal porque Basílico integra el mismo tribunal para realizar otros juicios por crímenes de lesa humanidad en esta jurisdicción, además de que debe atender los asuntos del tribunal para el que le dio acuerdo el Senado.

El 6 de diciembre pasado el tribunal realizó la audiencia preliminar y fijó como fecha de inicio el 5 de mayo, pero las condiciones sanitarias no lo permitieron. Por entonces, el tribunal estaba integrado con Venditti, Rodríguez Eggers y Eduardo Farah, también de San Martín, pero este último magistrado no pudo continuar por razones de índole familiar. Entonces la Cámara Federal de Casación designó el 16 de julio a Basso para reemplazarlo y a Basílico como cuarto juez, suplente.

“Comenzar a reparar lo irreparable”

"El motivo principal del pedido para que se fije fecha para el inicio del debate oral radica en la incertidumbre que se ha acrecentado después de la última suspensión, lo que evidemente genera mayor ansiedad y grados de angustia para las personas involucradas en este proceso, tanto víctimas como imputados", indicaron los representantes del MPF en su presentación. "Quienes padecieron delitos de la gravedad de los que en este proceso penal se abordan, esperan el comienzo del juicio desde hace más de 40 años", remarcaron.

En ese sentido, advirtieron sobre el proceso de revictimización: "Sabemos que las situaciones vivenciadas tienen una continua presencia en las víctimas y el juicio oral se presenta, la mayoría de las veces, como una forma de comenzar a reparar lo irreparable. En este sentido, el aplazamiento del inicio del debate y el mantenimiento de ese estado en el tiempo, es una circunstancia adicional que puede configurar un supuesto de victimización secundaria que se adicionaría al grado primario de victimización originado en los graves delitos padecidos".

Los fiscales remarcaron las obligaciones de protección y respeto a las víctimas del Estado Argentino, que derivan de la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Abuso de Poder y los Principios y Directrices básicos sobre derecho de las víctimas de las violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas; y las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, dictadas por la Asamblea plenaria de la XIV edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana de marzo de 2008 y a las cuales adhirió la Procuración General de la Nación a través de la resolución PGN 58/09. De aquella normativa internacional "emerge también la obligación para el Estado argentino de investigar seriamente y esclarecer los hechos, con especial cuidado y protección de testigos y víctimas a fin de que evitar una revictimización y retraumatización", señalaron los fiscales. Recordaron, al respecto, la advertencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio al Estado en el caso “Bulacio” respecto a que "el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos".