En dos causas por crímenes contra la humanidad radicadas ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca en las que el Ministerio Público Fiscal fue citado a juicio, el auxiliar fiscal Pablo Fermento ofreció la prueba para producir e incorporar a los debates, además de solicitar medidas para dar celeridad al proceso, que incluyen un pedido para acumularlas. Intervienen también el fiscal general Miguel Palazzani y el fiscal subrogante José Nebbia, todos integrantes de la Unidad Fiscal que interviene en los juicios por crímenes de lesa humanidad en esa jurisdicción.

Son dos causas que la Unidad Fiscal calificó como emblemáticas. En una de ellas están acusados un médico y un enfermero del Ejército Argentino -Luis Fortunato Adalberti y Adalberto Osvaldo Bonini-, por la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de 141 víctimas. Los acusados realizaron la atención médica y sanitaria de las víctimas recluidas en el centro clandestino de detención y tortura (CCDT) “La Escuelita”. Esta será la primera oportunidad en que se juzgue, en esta jurisdicción, la participación de profesionales de la salud por su actuación en centros clandestinos.

En la restante causa se acusa a doce oficiales y suboficiales del Ejército Argentino por abuso deshonesto en perjuicio de una víctima, cometidos durante su cautiverio en el CCDT que funcionó en el Batallón de Comunicaciones 181. Es la primera vez que en la jurisdicción de Bahía Blanca se juzgarán delitos sexuales cometidos en el ámbito del Ejército Argentino.

La Unidad Fiscal destacó la importancia de que los hechos sean analizados desde una perspectiva de género, para lo cual solicitó la citación de distintas testigos expertas en la materia.

Los puntos principales de la presentación del MPF

En sus presentaciones, la Unidad Fiscal destacó la importancia de que los hechos sean analizados desde una perspectiva de género, para lo cual solicitó la citación de distintas testigos expertas en la materia.

Por otra parte, dictaminó a favor de la concentración de la totalidad de los procesos por crímenes contra la humanidad radicados ante el mismo tribunal en un único debate, pedido que fundó en la coincidencia parcial de los objetos y sujetos procesales, la complejidad del fenómeno delictivo, la correlación entre los aportes criminales, las relaciones orgánicas dentro del aparato delictivo y la sistematicidad en la modalidad de comisión de los crímenes.

Además, consideró que tal criterio es el que mejor se adecua a la pronta realización de los intereses fundamentales en estos procesos: por un lado, la declaración de las responsabilidades penales acreditadas en juicio y aplicación de sanciones adecuadas y, por otro, la importancia para víctimas y familiares de que los hechos lesivos se ventilen en un debate oral y público en el que puedan ejercer el derecho a ser oídas y obtener una reparación a través de un pronunciamiento por parte de las autoridades jurisdiccionales del Estado Argentino, sin perjuicio del interés de la sociedad argentina en la realización de estos debates.

De hacerse lugar a la acumulación, el proceso se encamina a la realización de un mega juicio –el más grande de los celebrados en esa jurisdicción– donde de juzgarán 42 imputados por los hechos que damnificaron a 175 víctimas.

A su vez, para lograr una mayor celeridad del debate, la Unidad Fiscal solicitó la adopción de medidas tales como la fijación de la mayor cantidad de audiencias por semana, con la mayor duración posible y la menor cantidad de interrupciones, siguiendo las Pautas para la actuación de los y las fiscales en la investigación de crímenes de lesa humanidad de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.