El juez federal de Bahía Blanca Walter López Da Silva dispuso y concretó la semana pasada la detención de cuatro ex militares en cumplimiento de la resolución de la Cámara Federal de ese circuito judicial por la cual se hizo lugar al recurso interpuesto por la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad para que se les imponga la prisión preventiva.

Las capturas de los cuatro imputados tienen como antecedente la resolución dictada por el tribunal de alzada el 3 de diciembre pasado, por la cual se confirmó su procesamiento por el delito de abuso deshonesto contra una víctima que permaneció cautiva en la compañía Combate My. Keller del Batallón de Comunicaciones 181 de aquella ciudad y se ordenó que fueran detenidos.

Los militares detenidos son el ex jefe de sección, Enrique Stel; el ex oficial de Estado Mayor, ex ayudante del jefe de la Unidad y ex jefe de Sección, Raúl Esteban Andrés; el ex jefe del Grupo Artillería, Vicente Alfredo Flores; y el ex jefe de grupo, Eduardo Carlos Videla. Los cuatro imputados revistaron durante 1976 en aquél destino. De acuerdo con las investigaciones desarrolladas por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, la compañía tuvo una destacada participación en la ejecución de los operativos de secuestros y constituyó el principal grupo de tareas con el cual contaba el batallón.

El juez López Da Silva solicitó cupo al Servicio Penitenciario Federal para alojar a los cuatro ex militares, aunque decidió que a raíz de la pandemia de COVID-19 cumplan la medida cautelar en sus domicilios. Esa resolución fue recurrida por la Unidad Fiscal. No es la primera vez que estos imputados son detenidos por crímenes de lesa humanidad, pero se encontraban en libertad porque habían sido excarcelados en otros expedientes.

En el recurso ante la Cámara Federal, la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca, a cargo del fiscal general Miguel Palazzani, sostuvo que la decisión apelada se apartaba de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. La representación del MPF también señaló que no se habían analizado los peligros procesales que provoca la omisión del dictado de la medida cautelar.

El fallo de la Cámara Federal recogió estos fundamentos de la fiscalía y tuvo en cuenta tanto la gravedad de los hechos atribuidos como el modo en el que fueron ejecutados; además de la calificación como crímenes contra la humanidad, que –según señaló– obliga a tener en cuenta “los principios defendidos por el derecho internacional y receptados por nuestro bloque de constitucionalidad”.

Por otra parte, reconoció que el riesgo procesal se ve incrementado por maniobras político-sociales tendientes a obstruir el esclarecimiento de hechos cometidos durante el terrorismo de estado, y el umbral ascendente sobre las estructuras de poder de las que formaron parte los imputados. En consecuencia, dispuso la prisión preventiva de doce imputados, cuatro de los cuales se encontraban en libertad.

Los cuatro militares detenidos a raíz de la decisión de la Cámara Federal fueron imputados de varios hechos de violencia sexual, pero ese tribunal consideró que había prueba suficiente para uno de los hechos, calificado como abuso deshonesto, que tuvo como víctima a una mujer. Respecto de los demás hechos, dictó el sobreseimiento. La Unidad Fiscal informó que se encuentra en preparación el recurso de casación para revertir esa decisión. Para la representación del MPF el análisis desde una perspectiva de género en los procesos de lesa humanidad resulta determinante a la hora de demostrar el carácter sistemático de este tipo de conductas.

Con la confirmación del procesamiento de los doce imputados, el proceso se encamina hacia el primer juicio -el juez López Da Silva ya corrió traslado a la fiscalía para que solicita la elevación del caso a debate oral y público- en el que se juzgará a miembros del Ejército Argentino por delitos sexuales ocurridos en centros clandestinos bajo su jurisdicción. En 2015 el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca encontró responsables por este tipo de delitos a varios integrantes de la Armada Argentina.