Los coordinadores de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, Martín Niklison y Pablo Parenti, fueron presentados en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad como representantes del Ministerio Público Fiscal.

Niklison y Parenti participaron el jueves pasado por primer vez en una reunión de ese organismo, integrado por representantes de diferentes agencias del Estado y por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, con el objeto de impulsar la búsqueda de hijos e hijas de personas desaparecidas e intervenir en toda situación en la que se vea lesionado el derecho a la identidad de niños y adolescentes, en el marco de las obligaciones que asumió el Estado Argentino al suscribir la Convención sobre los Derechos de la Niñez.

"Fue una muy buena reunión, donde coincidimos en coordinar esfuerzos para lograr la mayor eficacia posible en la resolución de casos de apropiación todavía no esclarecidos", señaló Parenti a Fiscales.

En ese sentido, el funcionario del Ministerio Público Fiscal añadió: "Nosotros podemos hacer diferentes aportes, entre ellos, intentar mejorar los tiempos y la metodología de las investigaciones judiciales, para lo cual existe un Protocolo de actuación aprobado por la Procuradora, o realizar investigaciones preliminares que luego pueden concluir en denuncias de casos concretos".

En la reunión participaron las representantes de Abuelas, Estela de Carlotto y Buscarita Roa, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, la secretaria letrada de la Defensoría General de la Nación, Florencia Plazas y la directora ejecutiva de la CONADI, Claudia Carlotto.

Parenti explicó que la Unidad especializada en casos de apropiación de niños está realizando "varias investigaciones preliminares, sobre la base de información recibida desde distintos canales", como la propia Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, la CONADI, el Programa de Recompensas del Ministerio de Justicia y DDHH y denuncias de particulares.

"Ya hemos hecho varias denuncias judiciales. Intentamos que estas denuncias vayan acompañadas de una importante cantidad de información, en lo posible toda la necesaria para justificar el pedido de extracción de muestras biológicas para el análisis de ADN, que es la prueba fundamental", explicó el coordinador.

El nombramiento de Niklison y Parenti como representantes del Ministerio Público Fiscal en la CONADI fue dispuesto por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, el 19 de junio pasado a través de la Resolución PGN 1226/13. Allí, la procuradora remarcó que "el compromiso que el Ministerio Público Fiscal ha asumido en mantener la búsqueda de la verdad y la defensa de los derechos básicos de las víctimas de estos crímenes aberrantes, en especial en lo vinculado con la determinación del paradero y la recuperación de la identidad de los niños y niñas apropiados durante el terrorismo de Estado, impone la designación de una nueva representación que pueda cumplir en forma adecuada con las responsabilidades que exige la participación en esa Comisión".

Desde 2001, esa función venía siendo cumplida por el fiscal Félix Crous, quien en enero de este año solicitó que se lo relevara, cuando asumió la titularidad de la Procuraduría de Narcocriminalidad.

La Unidad especializada en casos de apropiación, que coordinan Niklison y Parenti, fue creada por Gils Carbó el 23 de octubre pasado, a través de la Resolución PGN 435/12, como parte de una política dirigida a "fortalecer la intervención del Ministerio Publico Fiscal en esta clase de causas".