"Hay muchos jueces que creemos que son cómplices, directamente", afirmó el titular de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, Martín Niklison, en base al análisis de la actuación del Poder Judicial en las adopciones durante y después de la dictadura. "Hay otros que prefirieron no mirar y entregar los chicos sin investigar. No sabemos hasta qué punto sabían ellos de dónde provenían o no tenían ganas de meterse. En algunos claramente tenían que sospechar", añadió. El fiscal, que intervino en el juicio por el denominado plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos que concluyó el año pasado, explicó uno de tantos casos en los que le tocó intervenir: la policía dio aviso al juez del hallazgo de un bebé en la puerta de un hospital; el subcomisario a cargo de la seccional interviniente consultó entonces al magistrado si podía tener al niño en guarda hasta que se resolviera la situación. Y tiempo después el funcionario policial solicitó con éxito que le otorguen la adopción. "La investigación del juez no pasó de un sumario en el que ni siquiera llamó a ratificar al policía que retiró al chiquito, no llamó a ratificar al médico que supuestamente lo había encontrado... Se averiguó después que ese médico no figura en ningún lado, no existe. Y ese juez llegó a la Cámara de Casación. Y ahora renunció", contó Niklison. El fiscal también se refirió a otro caso emblemático: "En Lomas de Zamora hubo una jueza que directamente colaboró con amplitud. Ella les decía a las Abuelas que no les iba a dar a los chicos para que los eduquen como subversivos y entonces los daba en adopción a cualquier persona o los dejaba en institutos de menores, donde después con el tiempo se ha descubierto que fueron abusados y un chiquito de un año murió. Lo dejó internado en vez de entregarlo a la familia, sabiendo perfectamente de quién se trataba". Niklison acudió a esos ejemplos para explicar la complejidad de estos casos y las razones para la creación de la Unidad por parte de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, mediante la Resolución PGN 435/12, del 23 de octubre pasado. El fiscal coordina la Unidad junto a Pablo Parenti, quien se desempeñó previamente como coordinador de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los DDHH durante el terrorismo de Estado. Además de realizar un seguimiento sobre todos los casos en curso en el país, la nueva unidad está facultada para realizar investigaciones preliminares, un mecanismo previsto para que los fiscales puedan reunir datos sobre un presunto ilícito de manera previa a la conformación de una causa judicial. Una vez que tienen los elementos sobre la existencia de un delito, radican la denuncia y solicitan al juez de la jurisdicción una serie de medidas. Niklison explicó que la apropiación de niños "es un delito muy diferente a otros". La creación de la Unidad, indicó, era reclamada por organizaciones de Derechos Humanos, como las Abuelas de Plaza de Mayo. "Descubrir la identidad de algunos de los cientos de personas que faltan requería por ahí algunos métodos nuevos o por lo menos una centralización, porque se han ido agotando las formas de llegar", fundó el fiscal. "Encontramos una lentitud en las investigaciones, y ese déficit también es el que trata de cubrir la Unidad. Nosotros tratamos de que nuestras investigaciones tengan todo como para presentarle al juzgado y decirle al juez que sólo falta citar a la persona para una audiencia para luego solicitarle la muestra de ADN. En el poco tiempo que llevamos con esta tarea vemos que podemos hacer con mayor rapidez las investigaciones", explicó. "Otra gran dificultad que tienen estos casos radica en cómo hacer para que una persona de repente llegue por un montón de datos a la conclusión de que sería apropiado y hay que decirle lo que uno sabe y pedirle que se presente o que dé su sangre o que dé muestras para poder hacer el estudio de ADN", aseguró Niklison. En ese sentido, consideró que en los casos en los que hubiera que obtener la muestra mediante un allanamiento en un domicilio, la Unidad requiere que los jueces se apoyen en el cuerpo especial creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Las pistas

"Como consecuencia del juicio del Plan Sistemático, envié al entonces Procurador una nota donde decía cuáles eran las constantes que se veían en los casos enjuiciados y las pistas que había que seguir, para dónde había que investigar, y todo eso fue tomado en cuenta por la Unidad de Coordinación para hacer el protocolo, junto con un montón de otras propuestas que hicieron Abuelas y la misma Unidad de Coordinación. Si hay un Protocolo que refiere una forma de actuación diferente de estos casos, tenía su lógica que hubiera una unidad que se encargara de que ese Protocolo realmente se cumpla", consideró el fiscal.

El Protocolo que refiere Niklison fue aprobado por Gils Carbó cuatro días antes de crear la Unidad de casos de apropiación. Se denomina "Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado" (Resolución PGN 398/12) y establece recomendaciones a los fiscales para intervenir en estos casos.

En esa línea, Niklison explicó cuáles son los elementos a tener en cuenta en la investigación. La primera es el marco de referencia temporal, es decir "que el caso esté comprendido entre los años 75 y 82/83". Otro aspecto es "la vinculación de los posibles imputados con las FFAA o de seguridad". El documento más importante y revelador de indicios es la partida de nacimiento, "donde encontramos irregularidades", indicó. Y puntualizó: "Muchas veces, nacimientos en domicilio: en los años '70, gente de clase media, militar o policía y que su esposa tenga el parto en el domicilio, no es una situación razonable. Entonces, ahí tenemos que empezar a investigar. A veces, directamente el domicilio es inexistente". El fiscal remarcó que "el dato de los médicos no es menor. Hay algunos muy sonados, como (Jorge Antonio) Bergés o (Jorge Héctor) Vidal en la policía de la provincia". "Todos los que firmaba Bergés uno los empieza a investigar para ver si da la época, si puede ser.

La de los médicos no es una prueba concluyente, pero por lo menos da para investigar", abundó. Otra de las pistas que siguen en la Unidad y que recomiendan explorar a todos los fiscales es la indagación sobre los padrinos de bautismo de las presuntas víctimas, porque han encontrado casos en los que personajes encumbrados de la represión ilegal, presuntamente los entregadores, figuran como los padrinos. "Estamos por el lado de la Iglesia solicitando información, pero hay dificultades porque no está centralizado el tema de los bautismos", señaló Niklison.

Además, explicó que se ha puesto la mirada sobre algunos procesos de adopción y reveló que se recuperaron dos nietos que estaban en poder de miembros del Movimiento Familiar Cristiano. No obstante, el fiscal señaló las dificultades de trazar un perfil de los apropiadores. "No son todos militares. Hay muchos civiles vinculados a militares y en otros, adopciones, alguna de las cuales de mala fe, como el caso del subcomisario que se quedó con el chico y el juez le otorgó la guarda.

Está claro que había una irregularidad. Y en otros casos gente que quería adoptar y nunca sospechó el origen de ese chico". Por otro lado, el fiscal agregó que las investigaciones incluyen el estudio de diferente documentación que se encuentra tanto en el Registro de las Personas como en las Fuerzas Armadas y de Seguridad: "Nosotros tenemos que pedir información sobre los militares, del hospital militar, naval y demás, las historias clínicas, los legajos de cada una de estas personas para examinar la conformación del grupo familiar", precisó.