Los integrantes de la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado en Bahía Blanca, José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani, junto a otros cinco colaboradores del Ministerio Público Fiscal, allanaron hoy durante once horas las oficinas comerciales y el archivo del diario La Nueva Provincia y secuestraron documentación que comenzarán a procesar y analizar. La medida concretada por los fiscales fue ordenada por el juez Federal subrogante Álvaro Coleffi en el marco de la causa que tiene imputado al director del medio, Vicente Massot, quien será indagado por crímenes de lesa humanidad el próximo 24 de abril.
El allanamiento de las instalaciones del diario, ubicado en la calle Rodríguez 55 de la ciudad del sur bonaerense era una medida largamente reclamada por la Unidad Fiscal Federal. El procedimiento se concretó desde esta mañana a las 8.30 hasta pasadas las 20.00.
El operativo se realizó con la intervención de personal de la Gendarmería Nacional, que al término de la medida judicial se encargó de trasladar en dos camionetas hacia la Fiscalía las cajas, los biblioratos, los libros de actas societarias, registro de pago a empleados, cuadernos, fotos y los 119 tomos de la colección del diario entre los años 1974 y 1983.
Entre la documentación secuestrada, los fiscales dieron con los legajos originales de los trabajadores Miguel Angel Loyola y Enrique Heinrich, obreros gráficos y militantes sindicales del diario asesinados en 1976, hecho que se le imputa a Massot. También, secuestraron documentación de la empresa en formato digital.
Toda esa información será ahora analizada de cara a la declaración indagatoria de Massot, aunque los fiscales anticiparon que, por el volumen de la documentación, el proceso de sistematización y análisis irá más allá del 24 de abril.
El pedido de allanamiento
"No sólo este Ministerio Público Fiscal busca archivos, fotos, comunicados, sino que también se está buscando conocer la existencia de documentación que permita reconstruir la integración real del grupo de personas que conducía y participaba en la toma de decisiones del diario en esa época", indicaron Palazzani y Nebbia cuando insistieron el año pasado con la medida que, por primera vez, había requerido su colega Abel Córdoba en 2011.
El pedido de Nebbia y Palazzani fue formulado en el marco de la misma presentación en la que requirieron las detenciones de Massot y del ex secretario de redacción y “corresponsal naval” del diario, Mario HipólitoGabrielli (fallecido),
En el acápite sobre la solicitud de allanamiento incluido en aquella extensa pieza, los fiscales consideraron "de utilidad para esta causa" fotografías de la época, en especial de víctimas del terrorismo de Estado y de miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y diversa documentación como actas de asamblea y directorio e información sobre los obreros Loyola y Heinrich.
"Nos encontramos ante la gravedad de situaciones como la toma de fotografías a víctimas en lugares de cautiverio en ámbitos militares, las que luego aparecían publicadas en las páginas del diario La Nueva Provincia, tal el caso de las detenciones del grupo de víctimas que pasó desde el centro clandestino de detención organizado en el buque “ARA 9 de Julio” al Batallón de Comunicaciones 181, a quienes se fotografió durante su cautiverio, y dichas imágenes fueron luego difundidas por el diario", fundaron los fiscales en aquella presentación.
El pedido de allanamiento también pone entre los objetivos de la pesquisa la búsqueda de "fotografías de los operativos de seguridad, control de población, allanamientos de domicilio, enfrentamientos armados orquestados en el marco de la llamada 'lucha antisubversiva', detenciones, secuestros y/o circunstancias similares, en relación a los hechos consumados en el marco del plan criminal de exterminio que encuadró cada hecho particular".
Además, los fiscales buscaban dar con "informes y comunicados oficiales de prensa del V Cuerpo de Ejército y Armada" y "partes informativos" del Hospital Municipal de Bahía Blanca; la Prefectura de Zona Atlántico Norte y Prefectura Bahía Blanca; y de las policías bonaerense y federal.
"La medida propiciada tiende también a evitar que los pasivamente legitimados en el proceso manejen a voluntad la información que poseen, aportándola al proceso en la medida de su exclusivo interés" porque "es claro que el material que se solicita jamás puede ser 'seleccionado' por los directivos del diario cuyas conductas criminales (en cabeza de sus directivos y cómplices, claro), se investiga, sino que su recolección debe ser llevada a cabo por los representantes del Ministerio Público Fiscal y en caso de disponerlo, el Juez instructor", fundamentaron los fiscales el pedido de allanamiento.