Los fiscales de la Unidad que interviene en casos de terrorismo de Estado en Bahía Blanca, Miguel Palazzani y José Nebbia, recusaron al juez federal subrogante Claudio David Pontet, designado para intervenir en las causas "Massot", "Sierra" y "Vara", a través de un sorteo realizado por la Cámara Federal de los nombres de abogados matriculados ante ese tribunal. La decisión de los jueces también había incluido en nombramiento de dos suplentes de Pontet, Luis María Esandi y Héctor Bertoncello, y ocurre luego de que el juez subrogante Álvaro Coleffi decidiera apartarse de aquellos expedientes en el contexto de un escenario provocado por su propio secretario.

En la presentación, que advierte la existencia de "una maniobra en curso para impedir el avance del proceso de verdad y justicia como tal", Nebbia y Palazzani pidieron por un lado la nulidad de las designaciones, porque no se ajusta a las disposiciones legales vigentes en la materia, y por otro recusaron por "temor de parcialidad" a Pontet, de quien señalaron que tiene vínculos con una co-imputada de la causa en la que se investiga al ex secretario federal Hugo Mario Sierra; relaciones con el imputado empresario periodístico Vicente Massot; y que registra actos previos como abogado que lo ubicarían en una posición contraria a la investigación de los casos de apropiación de niños y niñas.

Respecto de la nulidad de la designación por parte de la Cámara y de la aceptación del cargo que hizo Pontet, los integrantes de la Unidad Fiscal local sostuvieron que la Cámara Federal siguió el procedimiento de subrogancias breves (de hasta sesenta días) y no el previsto para las prolongadas. Para los fiscales, el tribunal de alzada debió seguir los pasos previstos para el segundo supuesto, dado que el juez subrogante designado debe resolver la situación procesal de los imputados "Massot" y "Sierra" y luego elevar la causa a juicio o dictar sus sobreseimientos definitivos, lo cual determina que "el trámite de la instrucción insumirá más de sesenta días para su resolución". "Cualquier operador jurídico advertirá sin hesitación dicha circunstancia", remarcaron los fiscales.

La resolución 8/2014 del Consejo de la Magistratura, que reglamenta el modo en el que se determinan las subrogancias, y la ley 26376 y su modificatoria, la 26855, ponen en la cabeza de esa institución la designación de jueces subrogantes. Para las subrogancias breves, prevén que la decisión quede en manos de la Cámara Federal, pero con el control posterior del Consejo, que puede ratificar o rechazar lo resuelto por la alzada.

Pero para las subrogancias prolongadas, como fundaron los fiscales que es este caso, la designación se hará del siguiente modo, según se desprende del Reglamento del Consejo: la Cámara podrá remitir una propuesta de designación, pero esa "proposición de la cámara no resultará vinculante para el Consejo de la Magistratura, quien designará al magistrado propuesto o a cualquier otro que resulte habilitado para ello según el procedimiento que prevé el artículo 1º, incisos “a” y “b”, de la ley 26376 y manifestase su conformidad".

Al haberse violado esta disposición, los representantes del MPF señalaron que las designaciones de Pontet y sus suplentes ponen "en serio riesgo la legitimidad y legalidad de las actuaciones" de las causas en las que intervengan. Por eso, remarcaron que la intervención del Consejo de la Magistratura "debe ser inmediata, bajo riesgo de incurrir en un escándalo jurídico que implica la denegación de justicia".

No obstante el pedido de nulidad, la Unidad Fiscal también señaló que recusa al juez subrogante designado por "verse afectado el principio de imparcialidad", "no sólo como consecuencia de la estrecha vinculación de Pontet respecto a imputados de delitos de lesa humanidad de esta jurisdicción, sino además por la adopción de conductas y posturas previas a su nombramiento", que "afectan seria y fundadamente la confianza en que proceda con objetividad y equidistancia".

Al respecto, Nebbia y Palazzani enumeraron que el sitio web de la Universidad del Sur, donde Pontet ejerce la docencia, informa que el abogado trabajó durante dos años junto a la imputada ex secretaria judicial Gloria Girotti en un proyecto de investigación. Esa situación "conlleva una proximidad directa y una asiduidad en el trato, que reúne todas las exigencias relacionales y los esfuerzos recíprocos de una empresa común", expresaron Nebbia y Palazzani. "Un vínculo de tipo profesional o académico vigente por el lapso de dos años, que conlleva un concierto de voluntades para la producción conjunta de un resultado intelectual, está demasiado lejos de pasar por una relación circunstancial o accidental", añadieron.

Girotti fue, junto a Sierra, secretaria federal del fallecido ex juez federal bahiense, Guillermo Madueño, todos imputados por la fiscalía de haber participado "en el interrogatorio en condiciones tormentosas a las que fueron sometidas" seis víctimas en la sede del V Cuerpo del Ejército durante la dictadura. "Las conductas que se reprochan penalmente a Girotti giran en torno a su actuación en una causa, en la que Sierra intervino como Secretario, de modo sostenido, de un extremo al otro", recordaron los fiscales.

Por otro lado, los fiscales indicaron que Pontet también mantiene vínculos con el imputado director de La Nueva Provincia, Vicente Massot. Explicaron que el abogado fue asesor letrado de la Municipalidad de Bahía Blanca, desde el año 2006 hasta julio de 2013, y que en esa calidad "ha intervenido en el asesoramiento y evaluación de gestiones comerciales realizadas por el gobierno municipal".

En ese contexto, dos empresas del grupo del empresario imputado, el diario y la radio LU2, aparecen entre las primeras asignaciones de pauta oficial. Para el año 2013, el matutino recibía 2.074.777,90 pesos y la emisora, 100.728,60 pesos, con una marcada diferencia sobre otros proveedores relegados. Para los representantes del Ministerio Público, "la intervención de Pontet en materia de asignación y adjudicación del erario público a través de operaciones comerciales, así como en la selección de proveedores –entre los que figura La Nueva Provincia–, adunado a la marcada priorización de compra de publicidad al diario (y la radio) de propiedad de Vicente Massot, son motivos que determinan, cuanto menos, la existencia de fundadas y objetivas sospechas sobre la imparcialidad que pueda guardar el recusado en la dirección del proceso".

Pero además, la fiscalía puso de relieve que Pontet representó como abogado a su tío ginecólogo, imputado por haber vendido un niño tras su nacimiento en 1976. Los fiscales señalaron que, más allá de que ese caso tenga o no vinculación con un crimen de lesa humanidad, el hecho de que Pontet pueda intervenir en causas donde se investiga la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado "representa un motivo objetivamente fundado de profundo temor e intranquilidad en el curso de las decisiones a adoptar en la materia, lo que está lejos de configurar un mero viso de parcialidad".

Nebbia y Palazzani remarcaron que "el presente planteo debe encuadrarse en el contexto de la situación que esta parte viene denunciando, en cuanto a la existencia de una maniobra en curso para impedir el avance del proceso de verdad y justicia como tal".

Los fiscales también requirieron en su presentación que el secretario Mario Fernández Moreno, recusado por ellos recientemente junto al juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez en todas las causas por crímenes de lesa humanidad, "se abstenga de adoptar cualquier resolución y/o cumplir cualquier gestión vinculada a esta presentación y a cualquier otra relacionada a la presente causa, hasta tanto se resuelva la misma". "Hacemos expresa reserva de solicitar la nulidad de lo actuado", advirtieron.