18 de julio de 2024
18 de julio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El juicio que unificó diez causas por 18 víctimas
Los fiscales pidieron la condena de los seis acusados por múltiples delitos en Salta
Snopek y Sivila requeririeron prisión perpetua para dos militares y dos policías por secuestros, torturas y homicidios y penas de dos años de prisión para otros dos policías por encubrimiento e incumplimiento de sus deberes de funcionario público.

El fiscal general Francisco Snopek y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila requirieron el martes penas de prisión perpetua para cuatro de los acusados y de dos años de prisión para otros dos imputados en uno de los dos juicios más grandes por crímenes de lesa humanidad en Salta, que abarcó la unificación de diez causas judiciales que abordan los delitos que padecieron 18 víctimas, cinco de ellas antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Las penas máximas fueron pedidas por la Fiscalía para el ex coronel y ex jefe de la Policía, Miguel Raúl Gentil; para el ex coronel Virtom Modesto Mendíaz; el ex comisario general Joaquín Guil; y el ex jefe del Departamento de Informaciones Policiales de Salta, Antonio Saravia. "No imponer una pena que se corresponda con la entidad de los hechos aquí  probados, sería ignorar el tipo de crimen que más vidas humanas sacrifica. Omitir la pena debida, y su adecuada ejecución, importaría negar aquellos valores que resultan fundamentales para la sociedad toda y que por ello se encuentran protegidos por el derecho penal, y así negar también la condición de víctimas de quienes tuvieron que soportar estos crímenes atroces; es decir, negar a la humanidad en su conjunto, pues, estos crímenes atentan contra toda la humanidad", indicaron en su exposición Snopek y Sivila.

Los representantes del MPF solicitaron además que "se revoquen las excarcelaciones y prisiones domiciliarias otorgadas oportunamente" y se envíe a una cárcel federal a Gentil, Mendíaz y Guil. "Sería ingenuo desconocer que el arresto domiciliario de los imputados, a los cuales se les atribuyen hechos gravísimos que se habrían cometido al amparo de esas estructuras, evidentemente facilita la posibilidad de que se recurra a ellas para eludir u obstaculizar la acción de la justicia, amedrentar, lesionar o inclusive eliminar a víctimas o testigos, y evadir en definitiva el cumplimiento de la pena impuesta", indicaron los fiscales.

Los casos que llegaron a juicio comprenden ocho hechos de homicidio: en cuatro de ellos los cuerpos de las víctimas fueron encontrados, mientras que en los restantes cuatro las víctimas permanecen desaparecidas. También se juzgan catorce casos de privaciones ilegales de la libertad y siete imposición de tormentos.

El debate, a cargo de los jueces Federico Santiago Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek, se llevó adelante en 25 audiencias que tuvieron lugar desde el 2 de diciembre pasado, a lo largo de las cuales declararon 77 testigos.

La causa Ragone II

Las penas de dos años de prisión fueron solicitadas para los comisarios Abel Guaymás y Néstor Liendro, por considerar que incumplieron sus deberes de funcionarios públicos y encubrieron los homicidios del gobernador Miguel Ragone y del testigo del caso, Santiago Arredes, y las heridas de la también testigo Margarita Martínez de Leal, quien fue alcanzada por una ráfaga de ametralladora durante el raid delictivo llevado a cabo en la mañana del 11 de marzo de 1976 en la vía pública de la capital provincial.

Saravia, en tanto, fue individualizado por los fiscales como partícipe primario de los crímenes de Ragone y Arredes y de la tentativa de homicidio de Martínez de Leal. El caso de esas tres víctimas formó parte de la denominada "causa Ragone II", uno de los diez expedientes unificados para este juicio. Gentil y Guil, juzgados en este juicio por otros hechos, fueron condenados por el caso Ragone en 2011, en el primer debate oral celebrado por esos hechos.

Homicidios, tormentos y secuestros

Por su parte, Gentil, Mendíaz y Guil fueron acusados por su intervención en el resto de los hechos que arribaron a juicio en la causas unificadas.

Mendíaz fue considerado coautor mediato de los delitos de homicidio agravado y privación ilegal de la libertad agravada de Orlando Gómez, Lidia Gómez y Alfredo Colqui.

Las tres víctimas fueron secuestradas y desaparecidas tras un procedimiento protagonizado por un grupo de diez personas armadas y con los rostros cubiertos que irrumpió el 9 de septiembre de 1976 en su domicilio de la capital provincial. Un día antes, el hermano de Gómez, Rolando -también desaparecido- fue secuestrado en el taller metalúrgico en el que trabajaba por policías vestidos de civil.

Guil

Por el mismo hecho, Guil fue acusado como coautor mediato. Los fiscales también encontraron responsable al ex comisario general del homicidio agravado de César Carlos Martínez, Ramón Antonio Díaz Romero, René Esteban Locascio Terán, en calidad de coautor mediato; coautor directo de los tormentos agravados en perjuicio de Luis Obrero Destello Iñíguez Vázquez; y coautor directo de privación ilegal de la libertad agravada contra Alfinio Elido Oroño e Iníguez Vázquez.

La víctima César Carlos Martínez era policía de Investigaciones cuando fue desaparecido el 18 de marzo de 1976. Al día siguiente sus restos aparecieron dinamitados en una zona del Departamento La Caldera, en Salta. En tanto, Ramón Antonio Díaz Romero y René Esteban Locascio Terán fueron atacados por policías provinciales y federales en la mañana del 20 de abril de 1975 cuando se encontraban en una vivienda de la localidad de San Lorenzo, Salta. Ambos murieron por disparos en la cabeza. Luis Obrero Destello Iñiguez Vázquez sufrió dos secuestros: el primero, entre el 24 de diciembre de 1974 y el 20 de marzo de 1975 y, el segundo, desde el 29 de diciembre de 1975 y hasta fines de 1976. De acuerdo con la acusación, Iñiguez Vázquez fue víctima de torturas y simulacros de fusilamento en diferentes lugares clandestinos de detención.

Alfinio Elido Oroño fue secuestrado en su domicilio entre el 26 y 28 de marzo de 1976. La víctima fue llevada a la jefatura de Policía, donde fue interrogada por el acusado Guil, tras lo cual fue trasladada a un depósito de dominio del Ejército donde fue torturado mediante la sumersión de su cuerpo en agua, colgado de los pies. Su periplo continuó en el penal de Villa Las Rosas, donde recuperó la libertad tres meses más tarde.

Gentil

Los fiscales Snopek y Sivila acusaron a Gentil como coautor mediato del homicidio agravado del policía Martínez, de Díaz Romero, de Locascio Terán y de Rubén Yáñez Velarde; la imposición de tormentos agravados a Oroño, Iñíguez Vázquez, Pablo Salomón Ríos y Hugo Maza; y la privación ilegal de la libertad agravada de Oroño, Iníguez Vázquez, Martínez, Ríos, Maza, Yáñez Velarde, Mario Amelunge Vargas, Nital Díaz y Ricardo Munir Falú; y por el allanamiento ilegal al domicilio de Lucrecia Barquet.

Rubén Yáñez Velarde fue privado ilegítimamente de la libertad en la noche del 8 de noviembre de 1975. Su paradero fue incierto hasta que sus restos óseos fueron identificados en el cementerio de la localidad de Yala, Provincia de Jujuy. Presentaba múltiples fracturas y un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo.

En tanto, Mario Amelunge Vargas fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 y luego padeció torturas en diferentes centros clandestinos de detención. Su libertad se concretó un año más tarde desde la Unidad Penal 9 de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Pablo Salomón Ríos y Nital Díaz también fueron secuestrados el 24 de marzo de 1976, y Ricardo Munir Falú, el 17 de mayo del mismo año. Ríos fue detenido ilegalmente en su domicilio de Cafayate y luego fue trasladado a la jefatura policial de Salta, junto con Díaz, a quien los uniformados habían ubicado en lugar de trabajo, una finca perteneciente a la bodega “Los Parrales” de la localidad de El Barrial.