En la primera audiencia de alegatos del juicio CNU, que tiene a ocho civiles y un militar retirado sentados en el banquillo de los acusados –seis de ellos por asociación ilícita y homicidios, y tres solo por asociación ilícita-, el representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), César Sivo, planteó que se acreditaron todos los hechos imputados y adelantó que solicitará penas para todos los imputados. Para aquellos acusados de los homicidios, solicitará prisión perpetua.

En el inicio de su exposición, que se extendió durante toda la jornada y continuará –al menos- este miércoles y jueves a partir del mediodía, sostuvo que se trata de delitos de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles. Dijo: “Hemos escuchado en cada jornada que este era un juicio vindicativo. Somos operadores del derecho y hay cosas que no vamos a permitir”.

En este sentido, hizo hincapié en el “sostenimiento de la impunidad por 40 años”, dado que se trata de crímenes cometidos en 1975, y que nunca fueron investigados. El dato inevitable que Sivo trajo a la audiencia: el fiscal federal entonces era Gustavo Demarchi, acusado de ser el jefe u organizador de la asociación ilícita.

Al hablar de la impunidad, el abogado de APDH y de dos de las familias víctimas del proceso, Elizagaray y Gasparri, marcó que “el miedo se sostuvo en el tiempo”. “El miedo de aquel entonces, se sostuvo con nuevos miedos”, apuntó ante la escucha del Tribunal conformado por los jueces Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas.

Por otro lado, Sivo señaló que –a pesar de los intentos por desprestigiar a los testigos del MPF y las querellas- sus testimonios en el juicio fueron convalidados por otras pruebas, como documentación, causas judiciales, informes de inteligencia y notas periodísticas de la época. “En este juicio abunda la prueba”, indicó. Y reparó en que en el Juicio por la Verdad, cuyo carácter fue reconstructivo histórico y que no iba a tener consecuencias penales, el imputado Demarchi estaba pendiente de lo que allí acontecía. "Él mismo se pone en centro de la escena cuando a cada testigo que lo mencionaba y lo ponía en los grupos de CNU o vinculado con las patotas sindicales, automáticamente, les realizaba una querella, una acción por daños y perjuicios y además una denuncia penal por falso testimonio, a veces las tres, a veces solo dos, a veces solo una".

Sobre la asociación conformada por los integrantes de CNU –y aquí hizo la salvedad de que no importaba si Demarchi tenía carnet de la agrupación de ultraderecha o su nombre quedó inscripto en algún acta porque consideró que estaba demostrada su actuación en conjunto-, determinó que entonces esos grupos –que eran parte de la CGT, la Universidad y la Justicia Federal-, definían todo: “Definían quién vivía y quién moría en Mar del Plata. La vida y la muerte de los marplatenses pasaba por ellos”, aseveró.

El abogado repasó los casos de las víctimas de este proceso -Enrique Elizagaray, Jorge Enrique Videla Yanzi y sus hijos Jorge Lisandro y Guillermo Enrique, Bernardo Goldemberg, María del Carmen Maggi, Daniel Gasparri y Jorge Stoppani- y dijo que “fueron victimizadas cuando fueron perseguidas y asesinadas, y siguieron siendo objeto de persecución”.

En concreto, planteó: “Era una asociación conformada, entre otros por los aquí sentados, que se dedicó a matar gente en Mar del Plata, dentro de un plan criminal marco establecido en todo el país”. Y marcó el contraste entre los responsables de los crímenes, devenidos actualmente en “hombres del derecho”.

Por la asociación ilícita y los homicidios están siendo juzgados Gustavo Modesto Demarchi, Juan Pedro Asaro, Raúl Arturo Viglizzo, Raúl Rogelio Moleón, Mario Ernesto Durquet y Fernando Alberto Otero. En tanto, solo por asociación ilícita son juzgados Juan Carlos Asaro, Roberto Justel y José Luis Granel.