El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició ayer el juicio a seis militares acusados por su intervención en un operativo represivo ocurrido el 29 de septiembre de 1976 en una vivienda ubicada en la calle Canónigo Miguel Calixto del Corro 105, en el barrio porteño de Villa Luro, durante la última dictadura cívico militar. De acuerdo con la acusación, el procedimiento —dirigido contra integrantes de la organización Montoneros— culminó con el homicidio de cinco personas y la privación ilegal de la libertad de otras cuatro víctimas.

En representación del Ministerio Público Fiscal, el debate intervienen el fiscal federal Félix Crous y el auxiliar fiscal Esteban Bendersky, ambos de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. En la instrucción intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6. El tribunal está integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

Los acusados son el capitán Danilo Antonio González Ramos; el teniente primero Carlos Alberto Orihuela y los tenientes Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Guillermo César Viola y Héctor Eduardo Godoy, todos exintegrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 del Ejército Argentino, unidad que al momento de los hechos se encontraba bajo la órbita de la Zona 1 y dentro de aquella, en la Subzona Capital Federal.

En la audiencia de inicio, el tribunal dispuso de la lectura del requerimiento de elevación a juicio, en el que los imputados están acusados como partícipes secundarios de los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado en cuatro oportunidades; tentativa de homicidio con la misma agravante; y privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida mediante violencia o amenazas, también reiterada en cuatro hechos.

Tras la lectura de la acusación, el tribunal declaró formalmente abierto el debate y dio lugar a los planteos preliminares. La querella solicitó la revocatoria de las prisiones domiciliarias de los imputados y que se revea la modalidad virtual del proceso, planteos que fueron rechazados. Los acusados optaron por no declarar en esta etapa. Finalmente, se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 1° de abril.

El operativo

El juicio por la denominada "Masacre de la calle Corro" aborda los hechos que tuvieron como víctimas fatales —todas integrantes del Secretariado Político Nacional de Montoneros— a Alberto José Molina Benuzzi, María Victoria Walsh (hija del escritor Rodolfo Walsh), Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel.

La investigación también determinó que, en el marco del operativo, fueron detenidos ilegalmente Lucy Matilde Gómez de Mainer, Juan Cristóbal Mainer, Maricel Marta Mainer y Ramón Alcides Baravalle, quienes permanecieron cautivos en distintos centros clandestinos de detención antes de recuperar su libertad.

De acuerdo con la pesquisa, las víctimas fueron alojadas inicialmente, por el término de 15 días, en el centro clandestino de detención “El Vesubio” y luego trasladadas a dependencias de la Superintendencia de Seguridad Federal, conocidas como “Coordinación Federal”. Desde allí, Maricel Marta Mainer y Ramón Alcides Baravalle fueron liberados el 1° de noviembre de 1976, mientras que Lucy Matilde Gómez y su hijo Juan Cristóbal Mainer fueron trasladados a la Unidad 2 de Devoto del Servicio Penitenciario Federal (SPF) hasta que recuperaron su libertad, años más tarde.

En la casa donde se hizo el operativo también se encontraba la pequeña hija de María Victoria Walsh, quien, tras ser retirada de una comisaría, fue restituida a sus abuelos paternos.

En su requerimiento, la fiscalía encuadró los hechos en el contexto del plan sistemático de represión ilegal desplegado entre 1976 y 1983 bajo la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. En ese sentido, señaló que “la gravedad de los hechos, la carga de violencia que entrañan y la particularidad de que la actividad delictiva se llevó a cabo desde las estructuras de las instituciones a través de las que se expresa el Estado Nacional, desbordan las previsiones que reclama la ley procesal aplicable para elevar el proceso a juicio e impiden delimitar verdaderamente los momentos históricos en los que se gestó, nació y universalizó la actividad criminal que se objetivó en las instituciones del Estado”.

Además, al referirse al tipo de intervención atribuida a los imputados, el fiscal indicó que “la colaboración del personal del GADA 101 —y sobre todo de quienes detentaban cargos de menor entidad dentro de la Jefatura de Área—, no puede comprender más que un eslabón dentro del procedimiento efectuado, por lo que la atribución de los hechos, lo será en carácter de cómplices secundarios”.

Por otra parte, en el procesamiento de los acusados se puntualizó que “existen diversos elementos probatorios que dan cuenta de la realización del operativo ilegal aludido”, así como de la participación del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101. Entre ellos, se encuentran registros del Libro Histórico de la unidad y testimonios de conscriptos que prestaban servicio al momento de los hechos.

A partir de los testimonios que fueron recopilados en la causa y la prueba aportada por los libros históricos y los legajos del personal, se estableció que en el procedimiento intervinieron tres oficiales jefes, 13 oficiales, 61 suboficiales y 134 soldados pertenecientes a esa unidad militar.

La investigación también señaló que el operativo tuvo amplia repercusión en los medios de comunicación de la época, que difundieron el hecho conforme a la versión oficial que, según consta en el procesamiento, fue un comunicado emitido por el Comando de la Zona I del Ejército Argentino, que mencionaba un "enfrentamiento" con "delincuentes subversivos".