03 de mayo de 2024
03 de mayo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene la auxiliar fiscal Gabriela Sosti
“Masacre del río Luján”: continua con testimoniales el juicio por los homicidios de cinco militantes montoneros en 1975
El jueves pasado brindaron testimonio tanto los familiares de la víctima Luis Arnaldo Oscar Bocco como una testigo de los asesinatos ocurridos el 12 de abril de 1975. En el juicio, se juzga la responsabilidad de dos expolicías por los homicidios y el encubrimiento de los hechos.

El Tribunal Oral Federal N°3 continuó el jueves pasado con las testimoniales en el marco del juicio en el que se juzgan a los expolicías Hermes Acuña y Samuel Bunge Diamante por el asesinato de cinco militantes de la organización Montoneros perpetrados el 12 de abril de 1975 y por el encubrimiento de esos crímenes. En representación del Ministerio Público Fiscal, interviene la auxiliar fiscal Gabriela Sosti.

Ante los jueces Esteban Rodriguez Eggers Walter Venditti y la jueza Nada Flores Vega declararon los familiares de la víctima Luis Arnaldo Oscar Bocco: se trata de su hermano Gerardo, su esposa Alicia Werberg Karlton y sus hijos Fernando y Cecilia Todesca Bocco, quien es la actual secretaria de Relaciones Internacionales de la Cancillería argentina. Otra de las personas que brindó testimonio fue Lidia Girola. El jueves 29 de septiembre continuará el debate con más testimoniales.

El juicio comenzó el 14 de septiembre con la lectura del requerimiento fiscal, en el que se detallaron los cargos que se le inculpan a cada uno de los imputados. Mientras que a Acuña se lo imputa como coautor material responsable del delito de "homicidio doblemente agravado con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas"; a Bunge Diamante, quien se desempeñaba como Oficial Subinspector, se lo acusa como coautor penalmente responsable del delito de "encubrimiento por dejar de comunicar a la autoridad las noticias que tuviere acerca de la comisión de algún delito cuando estuviere obligado a hacerlo por su profesión o empleo, en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público".

En la causa, que se inició el 28 de febrero de 2013 a raíz de los testimonios de dos sobrevivientes, se sostuvo que existió una coordinación por parte de los agentes policiales para ocultar cómo ocurrieron en realidad las muertes. A pesar de los años del suceso, el hecho fue considerado imprescriptible por tratarse de crímenes de lesa humanidad.

Fusilamiento y encubrimiento

El hecho, conocido como la “Masacre del río Luján”, ocurrió el 12 de abril de 1975 cuando los militantes de la organización Montoneros Carlos Fernando Lagrutta, Carlos Pablo Molinas Benuzzi, Carlos Alberto Tuda, Luis Arnaldo Oscar Bocco y Guillermo Adelio Rodríguez fueron asesinados por la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Según el requerimiento fiscal, esas personas formaban parte de uno de los dos grupos que había planeado apoderarse de un camión Mercedes Benz. Las víctimas fueron interceptadas luego de la sustracción del vehículo cuando iban a encontrarse en la Ruta N° 4, a unos quinientos metros de la Ruta Nacional N° 9, sobre una calle de tierra, con otros miembros de la organización, en inmediaciones del río Luján. El grupo fue perseguido por agentes de la policía, que venían de realizar un operativo en la jurisdicción de Zárate y pudieron observar el robo del camión.

El personal policial que intervino estaba compuesto por tres comisiones integradas por personal de distintas dependencias: las comisarías de General Sarmiento 1° y 3° y la comisaria de Escobar.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Lagrutta, Molinas Benuzzi, Tuda, Bocco y Rodríguez fueron ultimados por el personal policial a pesar de haberse entregado y de estar en un estado de indefensión frente a las autoridades policiales. En esa época, se instruyó un sumario policial con intervención de la comisaría de Campana y del Juzgado Federal de San Nicolás, que culminó el 28 de abril de 1980 con un sobreseimiento definitivo de los policías.

Sin embargo, luego se vislumbró que existió una coordinación para ocultar cómo ocurrieron en realidad las muertes: el titular de la Comisaría de Campana, el comisario Inspector Juan Pedro Ruseckaite y el médico policial Carlos Antonio Quetglaz –ambos fallecidos- en conjunto con el entonces oficial principal Samuel Bunge Diamante, designado como instructor sumariante, fraguaron el sumario en connivencia con el personal policial que participó del enfrentamiento armado, entre ellos Hermes Acuña. En tanto, los nueve agentes policiales restantes, que participaron del suceso, ya fallecieron.