La auxiliar fiscal Gabriela Sosti solicitó ayer al Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín que imponga penas de prisión perpetua al exoficial subinspector de la Unidad Regional Tigre, Hermes Acuña, por el homicidio de cinco militantes de la organización Montoneros perpetrados el 12 de abril de 1975, y de dos años de prisión para el exoficial principal de la comisaría de Campana, Samuel Bunge Diamante, por haber falseado información en documentos públicos relacionados a esos hechos.

La representante del Ministerio Público Fiscal consideró a Acuña coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real, en cinco hechos. Con respecto a Bunge Diamante, quien se desempeñaba como instructor sumariante, pidió el máximo de la pena prevista para la especie, de dos años de prisión de efectivo cumplimiento, por el delito de falsedad ideológica de instrumento público en once oportunidades en calidad de coautor.

Sosti señaló que esos delitos sean declarados como crímenes de lesa humanidad, pues indicó que fueron cometidos en el “despliegue de un plan sistemático de exterminio clandestino, diseñado y ejecutado desde el Estado accionando como aparato organizado de poder para ese designio”. En ese sentido, durante todo el alegato la funcionaria buscó demostrar cómo el plan de exterminio se verificó, incluso de manera reglamentaria, antes del 24 de marzo de 1976.

Al momento del petitorio final, la auxiliar fiscal también solicitó que, en caso de recaer condena sobre Acuña, se revoque la prisión domiciliaria que viene cumpliendo para que continúe detenido en un establecimiento carcelario. Además, pidió que se comunique la sentencia al Ministerio de Seguridad provincial para que se lleve adelante el procedimiento de destitución y baja de los acusados.

El hecho conocido como la “Masacre del río Luján” ocurrió el 12 de abril de 1975 cuando los militantes de la organización Montoneros Carlos Fernando Lagrutta, Carlos Pablo Molinas Benuzzi, Carlos Alberto Tuda, Luis Arnaldo Oscar Bocco y Guillermo Adelio Rodríguez fueron asesinados por la Policía de la provincia de Buenos Aires, a pesar de haberse entregado y de estar en estado de indefensión. En el debate también se juzga la coordinación policial que buscó ocultar cómo ocurrieron en realidad las muertes.

Sosti puso de relieve la existencia de “contradicciones entre policías, donde es notorio que el relato de los hechos es absolutamente mentiroso, inverosímil, ilógico e imposible, pero que eran la sustancia para el armado encubridor”.

La audiencia

Pasadas las 9.30 de ayer, la representante del Ministerio Publico Fiscal inició su alegato ante los jueces Esteban Rodríguez Eggers y Walter Venditti y la jueza Nada Flores. En el comienzo, Sosti hizo un repaso histórico, en el que destacó que “estos juicios atraviesan la historia, nos impulsan a contarla” y agregó que “entender cuáles fueron las razones del genocidio y sus estadios preparatorios debería ser una alerta cada vez que en nuestro país se postulan las premisas de diseño de país que se impuso gracias a ese exterminio”.

Asimismo, destacó que “los delitos atroces que se cometieron después del 24 de marzo de 1976, pero también los que venían cometiendo las fuerzas represoras y paraestatales previamente en la antesala siguen siendo nuestra tarea para poner en evidencia el peligro extremo de los discursos de eliminación del enemigo que intoxican el tejido social y habilitan el pasaje de la violencia simbólica a la violencia real”.

En tal sentido, Sosti describió que, al momento de los hechos, en 1975, “la persecución, los secuestros, las torturas, los asesinatos estaban fundamentalmente en manos de los policías”. Agregó que “las comisarias, por caso la comisaria de Campana, ya oficiaba de centro clandestino donde se detenía ilegalmente y se interrogaba bajo tormentos”.  “Los cinco asesinatos, el encubrimiento y las falsedades documentales se enmarcan en ese escenario de terrorismo estatal que encarnó la policía”, indicó.

Fusilamiento y encubrimiento

Durante su exposición, la auxiliar fiscal se detuvo en los hechos que fueron ocurriendo y que desmienten la versión policial de aquellos tiempos. Narró que los militantes habían planeado apoderarse de un camión Mercedes Benz y que fueron interceptados luego de la sustracción del vehículo cuando iban a encontrarse en la Ruta N° 4, a unos quinientos metros de la Ruta Nacional N° 9, sobre una calle de tierra, con otros miembros de la organización, en inmediaciones del río Luján.

Sobre el accionar de los policías -en el que intervinieron agentes de las comisarías de General Sarmiento 1° y 3° y de la comisaria de Escobar-, la representante del MPF sostuvo que “estaban en ese lugar para emboscar al grupo montonero” y que “la operación estuvo muy planificada previamente”. Destacó que “en ese contexto de persecución es verosímil y es probable que hubiera también un operativo de inteligencia policial que desembocó en los hechos que estamos juzgando, en el que el asesinato era un resultado buscado”.

“Tanto Bunge Diamante como Acuña fueron engranajes de ese aparato organizado de poder cuyo objetivo fue aniquilar, y que comenzó a funcionar como tal previo al 24 de marzo”, indicó la representante del MPF.

En ese contexto, indicó, se produjo el enfrentamiento y luego el cese del fuego. La auxiliar fiscal puntualizó que “de los testimonios no sólo se desprende que el cese del fuego fue por voluntad de los militantes, sino que los policías se aproximaron, y que en ese momento les pegaron el 'tiro de gracia'”. Añadió que “los policías también mencionaron el cese del fuego, pero arteramente ocultan la rendición previa”. La funcionaria puso de relieve la existencia de “contradicciones entre policías, donde es notorio que el relato de los hechos es absolutamente mentiroso, inverosímil, ilógico e imposible, pero que eran la sustancia para el armado encubridor”.

Culpabilidad de los acusados

Sobre la culpabilidad de los acusados Sosti explicó que “tanto Bunge Diamante como Acuña fueron engranajes de ese aparato organizado de poder cuyo objetivo fue aniquilar, y que comenzó a funcionar como tal previo al 24 de marzo”. En ese sentido, indicó que “ambos comprendieron la criminalidad de sus actos y actuaron con plena voluntad y autodeterminación o dirección final de sus actos”.

Con respecto a Bunge Diamante, quien había sido designado como instructor sumariante, Sosti indicó que fraguó el sumario en connivencia con el personal policial que participó del enfrentamiento armado. “Era Bunge el que tenía la incumbencia propia de su cargo para poder perpetrar el delito que con toda justicia se lo acusa”, expilcó. “No era un simple escriba”, sostuvo. Y destacó que “los elementos de prueba más contundentes que tuvo entre sus manos fueron las autopsias con múltiples disparos de bala en la cabeza de cinco personas y no hizo con eso más que dejar de informar al juez esa circunstancia como lo obligaba la ley, y eso lo hizo con el objeto de encubrir”.

En cuanto a Acuña, Sosti sostuvo que “estuvo en la primera línea de tiro” y que “su responsabilidad es incontrastable”. Al respecto, puso de relieve que el acusado fue uno de los jefes de la operación y que lideró una de las tres comisiones que intervinieron. "No hay dudas que dio ordenes a sus subordinados, no hay dudas que estaba armado y no hay dudas que disparó la Itaca”, acusó.

El debate continuará el próximo 9 de noviembre.