El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario condenó este miércoles a prisión perpetua a un exmilitar y a penas de entre tres y seis años de prisión a otros seis involucrados por ser responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Área Militar 132, que fueron investigados en las causas “Marfott de Trod”, “Berg”, “Santillán”, “Francioni” y “Comolli”. Además, un octavo imputado resultó absuelto. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 15 de febrero de 2027.
En el debate, que comenzó en marzo de 2024, intervinieron el fiscal general Adolfo Villatte los auxiliares fiscales Juan Patricio Murray y Álvaro Baella, de la Unidad de Asistencia a las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el terrorismo de Estado, Jurisdicción Rosario. También lo hicieron como querellantes Evangelina Lardone —por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación—, Sebastián Metz y Verónica Bogliano por la Subsecretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires y Gabriel Elías Heriberto Ganón por la Comisión provincial por la Memoria.
En su resolución, los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodrígues Da Cruz y Elena Beatriz Dilario declararon que los hechos debatidos en el juicio “constituyen crímenes de lesa humanidad".
Condenas y absoluciones
En base a las pruebas y testimonios presentados en el debate, el TOCF rosarino condenó al Mayor Omar Andrada (89) a cargo de la Sección Inteligencia San Nicolás del Destacamento Inteligencia 101, a prisión perpetua e inhabilitación absoluta por ser autor de 27 allanamientos ilegales de domicilio; la privación ilegítima de la libertad —respecto de una víctima— y la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia en perjuicio de 24 personas. También se le atribuyó la privación ilegítima de la libertad agravada por haber durado la detención más de un mes —respecto de cuatro personas—; el mismo delito, pero agravado por mediar violencia y por haberse extendido más de un mes —en perjuicio de 32 víctimas—; tormentos agravados por ser la víctima perseguido político que damnificaron a 52 personas; el homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar su impunidad de ocho víctimas y por el robo agravado por haber sido cometido en un lugar poblado y en banda a uno de los damnificados.
Andrada fue absuelto por el beneficio de la duda en cuatro casos de tormentos agravados y, por aplicación del principio de congruencia, en tres hechos de privación ilegítima de la libertad agravada y cuatro allanamientos ilegales de domicilio.
Por otra parte, el tribunal le impuso seis años de prisión al exoficial de la delegación San Nicolás de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), Enabel Otilio Cappa (91) por considerarlo coautor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia en perjuicio de seis víctimas. Asimismo, lo absolvieron por su intervención en seis homicidios agravados y tormentos agravados en perjuicio de seis víctimas.
El excabo de la delegación San Nicolás de la Policía Federal, Adrián Domingo Meisner, fue condenado a 5 años ya que el TOCF tuvo acreditada su coautoría en el allanamiento ilegal del domicilio de tres de las víctimas y su participación secundaria en una privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia, además de considerarlo responsable de un hecho de tormento agravado por ser la víctima un perseguido político.
Con respecto al exoficial de la delegación San Nicolás de la DIPBA Miguel Ángel Amarillo, el tribunal le fijó una pena a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación absoluta mientras dure la condena y las costas del proceso, al considerarlo coautor de tres privaciones ilegítimas de la libertad agravadas por mediar violencia. Además, se lo absolvió por los tormentos agravados a tres víctimas.
El entonces subteniente a cargo de la Sección Antisubversiva del Área Militar 132 y el Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás Carlos Manuel Biglieri fue condenado a tres años y seis de meses de prisión por ser autor de un allanamiento ilegal de domicilio y una privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia.
Finalmente, se condenó a 3 años de prisión de ejecución condicional a los exoficiales de la delegación San Nicolás de la DIPBA Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi al considerarlos coautores del delito de privación legítima de la libertad agravada por mediar violencia. Además, se les impuso una serie de reglas de conducta, entre las que se incluye la prohibición de acercamiento a la víctima y sus allegados, la realización de un curso de 100 horas en materia de derechos humanos y la abstención de utilizar armas de fuego.
Por su parte, el excabo Gregorio Mancilla fue absuelto por el beneficio de la duda de todos los delitos que se le habían endilgado.
Las causas que llegaron a juicio
En el debate, en el que declararon más de 100 testigos, se unificaron cinco causas judiciales: “Marfott de Trod”, “Berg”, “Santillán”, “Francioni” y “Comolli”, en las que se investigaron los crímenes cometidos en el ámbito de la jurisdicción del Área Militar 132, que incluía gran parte del noroeste provincial y que estuvo bajo el mando del fallecido coronel Manuel Fernando Saint Amant.
Además de los siete condenados, también estaban acusados el policía Hubo Bellet y los militares Nicolás Antonio Federico Bossie, Guillermo Aníbal Piccione y Bernardo Luis Landa, pero fallecieron antes del veredicto, por lo que se declaró extinta la acción penal.
En la causa “Berg” se abordó el allanamiento ilegal sufrido por los integrantes de esa familia, que residían en la localidad bonaerense de San Nicolás. También se analizaron las privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y dos homicidios, ocurridos en 1976, y que afectaron a un grupo de personas, algunas de las cuales militaban en el Partido Comunista (PC).
Con relación a la persecución ilegal sufrida por los Berg, en el juicio se probó que, en la madrugada del 16 de mayo de 1976, mientras la familia se dormía en su vivienda de la calle Reynoso, personal del Ejército del Área Militar 132 irrumpió con armas de largo calibre para secuestrar a sus integrantes. Para concretar el operativo las fuerzas represivas dispusieron de militares apostados en los techos de las viviendas linderas y realizaron un cerco.
En ese marco, detuvieron a las víctimas Juan Berg Frank y a sus dos hijos mayores (de 15 y 18 años) y los trasladaron a un calabozo en la sede del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás. Esa misma noche, en otro operativo en el mismo domicilio, detuvieron a María Mayer de Berg junto a sus tres hijos de 11 años, un año y medio, y cuatro meses de edad.
Fueron trasladados al batallón, donde la mujer fue sometida a interrogatorios en los que la instaban a afirmar que pertenecía a la agrupación Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Al día siguiente fue liberada.
En su resolución, los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodrígues Da Cruz y Elena Beatriz Dilario declararon que los hechos debatidos en el juicio “constituyen crímenes de lesa humanidad".
En tanto, su esposo y sus hijos mayores fueron trasladados a la Delegación Local de la Policía Federal en la cual fueron sometidos a tormentos de distintos tipos: golpes, amenazas y agresiones psicológicas. El padre estuvo detenido durante 18 días, mientras que sus hijos fueron liberados tras dos días de estar secuestrados.
En el debate también se juzgó el allanamiento ilegal de la casa de los militantes Cecilia Marfott y Jorge Luis Trod, ubicada en las calles Schubert y Chopin, en San Nicolás. El hecho ocurrió el 17 de noviembre de 1976 y fue perpetrado por miembros de la Policía de la Provincia de Santa Fe.
En aquel operativo, tras ser torturado, asesinaron a Ignacio Valetin Sabena, el cuidador de la vivienda. Los uniformados habían llegado al domicilio, con el dato de que allí encontrarían a integrantes de la organización político militar Montoneros. Por su parte, Marfott y Trod pudieron escapar de la vivienda, tras el alerta de sus vecinos.
A su turno, en la causa “Santillán”, se abordaron los hechos que tuvieron como víctimas a los militantes políticos Benjamín Santillán, Carlos Alberto Aranda, María Cristina Lanzilloto, Carlos Gerardo Pérez, Leonor Genoveva Pierro e Irenes Ballester. Todos ellos integraban la “Regional Norte-Norte” o “Riberas del Paraná” del ERP y fueron detenidos. Hasta la fecha, permanecen desaparecidos. También fueron víctimas de privación ilegítima de la libertad allí Anito Prado, Omar Eduardo Inza, Rubén Rodríguez Moreno y Andrés Carlos Fassy.
Finalmente, en la causa “Francioni” se abordaron los hechos que perjudicaron a trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Pergamino, mientras que en el expediente “Comolli”, se juzgó la persecución de militantes sindicales y obreros metalúrgicos que, en su mayoría, pertenecían a la agrupación Felipe Vallese.