El Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza comenzó hoy el juicio a 28 exintegrantes del Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D-2) por los delitos de "privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, lesiones graves agravadas, robo agravado por el uso de armas de fuego y violación perpetrada con el uso de fuerza o intimidación" cometidos durante la última dictadura cívico militar en esa provincia contra más de 300 víctimas.

En el caso, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal general Dante Vega, titular de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza, y el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante.

Durante la jornada de apertura, en el marco de la identificación de los acusados, los representantes del MPF reconocieron a uno de los imputados, Antonio Marcos Ochoa Albornoz, como el responsable de un estacionamiento utilizado a diario por personal de la Unidad Fiscal, a pesar de que se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria. Por este motivo, solicitaron se le revoque de inmediato esa modalidad de detención.

El Tribunal, integrado por los jueces Alejandro Piña y Alberto Carelli y la jueza Paula Marisi, dispuso entonces que quedara transitoriamente alojado en la Unidad de detención judicial N° 32. En esta línea, el auxiliar Rodríguez Infante requirió también que se extremen las medidas de control de la prisiones domiciliarias de los demás acusados.

En la audiencia, la fiscalía solicitó al tribunal que se prescinda de la lectura íntegra de los requerimientos de elevación a juicio por su extensión y que en su lugar, se lleve adelante un alegato de inicio, de acuerdo a lo estipulado por la Acordada Nº 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal. La solicitud fue aceptada, por lo que el juicio continuará dentro de catorce días con una intervención oral a cargo del Ministerio Público Fiscal.

El caso

La mayor parte de los acusados enfrentan por primera vez un juicio oral y público, mientras que otros, que han sido juzgados previamente, deberán responder en esta oportunidad por nuevos hechos. En lo que hace a las víctimas, a aquellas que integran por primera vez el objeto de un debate oral se suman otras cuyos casos han sido investigados en causas anteriores y que serán en este caso revisitados por haberse acreditado la efectiva intervención del D-2 en algún tramo de los delitos que sufrieron, ya sea en la inteligencia vinculada al secuestro, en la ejecución de las detenciones o por haber permanecido detenidas clandestinamente en esa dependencia policial.

El Ministerio Público Fiscal puso de relieve que esta causa ha permitido concentrar todo lo relativo al D-2 y su acervo probatorio, lo cual evita la dispersión de hechos y de pruebas en distintos expedientes y posibilita también una comprensión más cabal del funcionamiento de ese Departamento como aparato organizado de poder.

La lista de imputados que llegan a juicio es la siguiente: Carlos Faustino Álvarez Lucero, Rubén Oscar Blanco, Eduardo Germán Cía Villegas, Carlos Plácido Escobar Zurita, Armando Osvaldo Fernández Miranda, Teodoro Alejo Galigniana Oros, Lucas Marcelo Rubén Gary Domínguez, Abelardo Santiago Garay Mauceri, Rubén Darío González Camargo, Pablo José Gutiérrez Araya, Julio Héctor La Paz Calderón, Mario Alfredo Laporta Chielli, Celustiano Lucero Lorca, Gerónimo Antonio Mateo Jofré, Oscar Alfredo Maturano Ibaceta, Ricardo Benjamín Miranda Genaro, Marcelo Rolando Moroy Suárez, Antonio Marcos Ochoa Albornoz, Jacinto Salvador Olmedo Muñoz, Armando Oscar Quintero Bassi, Omar Pedro Reta Zárate, José Esteban Roccato Villegas, Miguel Ángel Salinas, Adolfo José Siniscalchi Arizmendi, José Lellis Sosa Córdoba, Miguel Ángel Tello Amaya, Juan Hipólito Tello Yáñez y Omar Pedro Venturino Amaker.